Colau y Carmena declaran la guerra a los apartamentos turísticos ilegales

Los Ayuntamientos de Madrid y Barcelona han declarado definitivamente la guerra a los apartamentos y alojamientos turísticos que se encuentran al margen de la Ley. Esta tendencia se consolida cada vez más entre los extranjeros que visitan España, y ha levantado un sinfín de quejas. Existen cada vez más ofertas en las redes sociales, y hasta páginas especializadas, que proponen el alquiler de pisos al turismo que no están regulados jurídicamente.

El Centro de Recepción de Llamadas habilitado por el Ayuntamiento de Barcelona ha recibido más de 3.000 quejas en los últimos meses, sobre unos 2.400 alojamientos, lo que ha permitido a la Guardia Urbana iniciar inspecciones en 1.816 apartamentos que carecían de licencia.

De ese total de inspecciones, sa ha ordenado el cese de la actividad de 388 alojamientos de uso turístico, se han precintado 16 por no atender a la orden de la cese de actividad, y otros 17 están en período de precinto. Además, se han abierto 226 expedientes sancionadores a apartamentos turísticos que sí tenían licencia pero no atendieron o no resolvieron la incidencia cuando se les requirió.En Madrid

Un año y medio después de entrar en vigor la Ley que regula los apartamentos turísticos irregulares en la Comunidad de Madrid, se han abierto desde comienzos de este mes medio centenar de expedientes sancionadores porque incumplen con la norma.

Diferentes asociaciones hosteleras de Madrid denuncian que en la región existen unas 8.000 plazas pertenecientes a pisos que, a modo de apartahoteles u hostales, ofrecen alojamientos que no están registrados y engordan, de este modo, la economía sumergida.

Plataformas como Airbnb, que muestran un extensísimo catálogo de pisos de alquiler turìstico ofrecidos por particulares, han arrasado en el mercado en los últimos años. Estaplataforma de economía colaborativa, con sede en San Francisco, que conecta por internet a usuarios con anfitriones que ofrecen alojamiento en sus domicilios, es una empresa que ya ha encontrado reticencias a su actividad en diversas partes de Europa.

Airbnb tuvo un impacto económico global de 323 millones de euros en 2014 en Madrid -según un estudio de la Universidad Complutense presentado el pasado año por la compañía-, por lo que el Gobierno madrileño había hecho una consulta a la secretaría de Estado de Telecomunicaciones para conocer si puede ejercer algún tipo de reclamación en casos de irregularidades.