La reforma laboral que impulsó la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en 2021 reconfiguró los contratos de prácticas o formación para dar lugar a dos figuras contractuales que permiten que los jóvenes pasen a formar parte de las plantillas de las empresas mientras aprenden. Es decir, son diferentes a las becas o convenios de prácticas que se suscriben dentro de un programa formativo o conectadas a este, por ser una relación laboral. No obstante, su uso se ha reducido sustancialmente en los últimos años. Si en junio de 2022 había 114.586 afiliados a la Seguridad Social bajo este paraguas, el mes pasado eran solo 85.118 personas en términos medios.
El real decreto-ley 32/2021 creó el contrato de formación en alternancia, pensado para compatibilizar un empleo retribuido con el curso de una formación, por lo que está dirigido a las personas que no cuenten con el título requerido para ese puesto o jóvenes de hasta 30 años que estudien certificados de profesionalidad, programas de formación en alternancia. Este límite de edad se puede superar si son estudios universitarios, de fp o certificado profesional nivel 3, tiene reconocida una discapacidad, está en situación de exclusión social o forma parte de programas públicos de empleo y formación.
Pero también dio forma al contrato formativo para la obtención de la práctica profesional, pensado para personas que hayan concluido sus estudios en los tres años anteriores a la formalización del contrato. Un plazo que se extiende a cinco años para las personas con discapacidad. No obstante, este rediseño no ha conseguido dar un impulso a este contrato, un hecho que podrían explicar dos factores: los jóvenes cada vez firman más contratos indefinidos a tiempo completo y el límite a las prácticas extracurriculares pactado en el Estatuto del Becario no se ha llegado a aprobar, por lo que hay muchos jóvenes que han concluido sus estudios de grado o máster y que se encuentran en una beca de prácticas.
Los datos recopilados por la Tesorería General de la Seguridad Social muestran que el pico de afiliaciones en la categoría de aprendizaje, formación y prácticas se alcanzó en diciembre de 2015, cuando más de 244.000 personas tenían un contrato formativo -del modelo anterior. Pero si se pone el foco en el contexto más reciente, se aprecia que el máximo se anotó tan solo un mes después de que entrasen en vigor estos dos tipos de contratos de formación, con 116.604 afiliados medios en abril de 2022. Desde este punto, la evolución ha sido -a rasgos generales- descendente y llegó a anotar un mínimo el pasado marzo cuando por primera vez no se alcanzó el umbral de las 80.000 afiliaciones, en términos medios.
Dado que la situación es mutifactorial, este balance no tiene por qué ser explícitamente negativo, si bien es la consecuencia de que la norma que regula el mercado de trabajo siga teniendo pendiente más de dos años y medio después la aprobación de la pata que se refería a la transición de los estudios a la entrada al mercado laboral: el Estatuto del Becario. Hace más de un año que Yolanda Díaz y los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, presentaron el acuerdo alcanzado, pero tras una convocatoria electoral anticipada, el texto no ha sido aprobado aún en Consejo de Ministros ni ha llegado a ser estudiado en el Congreso.
El Ministerio de Trabajo dice tener el compromiso de sacarlo adelante y ha expresado su intención de contactar a empresarios y sindicatos para asegurar que las posiciones siguen en el mismo punto en el que estaban. A finales de 2022, Díaz decidió reabrir la conversación tras haber cerrado un primer acuerdo con CCOO y UGT en el que se eliminaban las prácticas extracurriculares para intentar sumar a la patronal. Pero tras meses de negociaciones y ante la presión de las universidades, la patronal no quiso formar parte del nuevo texto que limitaba las becas a 480 horas las becas que no formaran parte del programa formativo del grado en curso.
La intención de los sindicatos era acabar por completo con esta figura, dado que entendían que en muchas ocasiones cubren horas que podrían ser amparadas por un contrato de formación práctica, ya que se suelen concentrar en los últimos meses del grado o cuando el alumno ya ha completado su formación. Por tanto, creían que era más lógico fomentar la figura que tiene carácter laboral y que, por tanto, tiene más protección, sin embargo, el Gobierno decidió descartar este criterio en favor de un eventual acuerdo con los empresarios que finalmente no se produjo. El texto resultante tampoco tuvo el respaldo del PSOE, por lo que está abandonado en un cajón.
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