La reforma del sistema público de pensiones llevada a cabo entre 2021 y 2023 tras una extensa negociación con los agentes sociales, la Comisión Europea y los grupos parlamentarios tenía entre sus objetivos principales reforzar el sistema de ingresos que sustenta esta política. Con esta meta se creó el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) -un nuevo tributo que se aplica sobre todas las nóminas-, se elevó la base máxima de cotización y se diseñó la cuota de solidaridad -que se aplicará a partir del 1 de enero de 2025 sobre las rentas más altas. No obstante, no han sido suficientes para revertir la tendencia por la que cada vez estos ingresos consiguen cubrir un porcentaje menor del gasto total en pensiones.
El año pasado, lo recaudado por este concepto sustentó el 69,6% del gasto en pensiones contributivas de la Seguridad Social y de Clases Pasivas, a las que se tiene derecho por haber cotizado por un periodo determinado. Una cifra notablemente superior a la de 2010 (92,3%) y también a la de 2013 (77,5%), cuando el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó la reforma del sistema de pensiones anterior a la impulsada por José Luis Escrivá. Así se desprende del análisis elaborado por el profesor de la URJC e investigador asociado a Fedea, Miguel Ángel García, a partir de los datos de Hacienda, Seguridad Social y el Instituto Nacional de Estadística.
En la última década, esta proporción ha variado desde el máximo de 2013 hasta alcanzar el porcentaje más reducido en el marco de la pandemia, con un 67,8% de cobertura en el año 2020. Y se ha visto acompañado por un incremento del porcentaje del gasto en pensiones contributivas que ha sido asumido por transferencias directas del Estado de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), con variaciones aún más significativas. En 2010 solo un 6,3% del gasto en este tipo de pensiones se financiaba con estas partidas, para 2013 era un 10,8% y en 2023 un 23,3%, lo que se ha traducido en un aumento del déficit desde el -0,4% del PIB al -3,8%.
A pesar de que las pensiones por jubilación concentran buena parte del gasto del sistema contributivo, este no es el único concepto sobre el que generan derechos los trabajadores a través de la cotización. También se encuentran bajo este paraguas las de maternidad o paternidad y las de las bajas por incapacidad temporal derivada de una enfermedad, por ello en el citado análisis se parte de la hipótesis de que son "equilibradas" y que es la parte sobrante de los ingresos por cotizaciones, las transferencias del Estado y la emisión de deuda con la que se completan con las que se cubren las pensiones de jubilación y donde se concentra el problema.
El investigador considera que la situación es preocupante, especialmente porque a partir de este año los trabajadores de la generación del 'baby boom' comenzarán a acceder a la pensión y elevará de forma importante el número total de beneficiarios. Además, hace referencia a que si bien elevar las cotizaciones tiene efectos en términos de empleo al aumentar los costes laborales asociados a cada empleado a través de este salario diferido, dar prestaciones que superan lo aportado también conduce a problemas respecto a la equidad entre generaciones. Un ejemplo de ello es que las obligaciones de gasto han pasado de representar un 3,1% del PIB en 2010 a un 13,1% en 2023, antes de que se produzca esta entrada.
No obstante, la reforma aprobada en los últimos años no solo ha alterado el esquema de ingresos, sino también el volumen de gastos. De un lado, acabó con el factor de sostenibilidad y el índice de revalorización de las pensiones, que ya estaba en desuso, los cuales recortarían el importe inicial de las pensiones futuras en función de la esperanza de vida. En su lugar, se garantizó la "suficiencia de las pensiones" con la indexación al IPC medio de ese año, es decir, se decidió que las nóminas crecieran cada año tanto como lo habían hecho de media los precios a lo largo del año anterior.
Estas decisiones han llevado a España a tener una tasa de reposición -el porcentaje del último sueldo que se cubre con la pensión inicial- del 77%, notablemente superior a la media de la Unión Europea (44%). Este peso de la pensión pública también ha venido determinado por el reducido ahorro en los pilares complementarios, tanto en los planes individuales de pensiones como en los colectivos. El Gobierno trata de dar un impulso a los segundos a través de los planes de empleo simplificados, por lo que ha elevado la cuantía deducible en la declaración de la renta, no obstante, ha castigado el ahorro individual al reducir este mismo máximo.
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