El pretendido consenso alcanzado en el Pacto de Toledo en torno a la revalorización anual de las pensiones con el IPC como mecanismo para blindar el poder adquisitivo de los pensionistas no es tal, o cuando menos ampara importantes matices. Ciudadanos ha aprovechado el trámite de enmiendas al proyecto de ley de reforma de las pensiones para cuestionar el mecanismo de revalorización acordado entre el Gobierno y los agentes sociales, que recupera la actualización anual de las pensiones en función del IPC del mes de noviembre, y plantear la creación de un IPC específico para pensionistas que blinde la factura del gasto en pensiones frente a las alteraciones transitorias en el índice general de precios que puedan provocar las tensiones puntuales en determinados mercados de bienes o servicios.
La propuesta de la formación naranja ha coincidido en el tiempo con la mayor escalada del IPC en décadas, que ha llevado el índice general que mide la evolución de los precios en España hasta el 5,5% y que amenaza con endosar una factura millonaria a la Seguridad Social como consecuencia de la reinstauración de la denominada 'paguilla', el pago compensatorio a los pensionistas por la presunta pérdida de poder adquisitivo que se pone de manifiesto por la brecha entre la subida del 0,9% establecida en los Presupuestos y el comportamiento de la inflación en un año determinado.
La enmienda a la reforma de las pensiones presentada por Ciudadanos entiende que la indexación de la subida de las pensiones al IPC general no es eficaz y tampoco sostenible como solución para garantizar el poder adquisitivo de las pensiones y además genera distorsiones ya que, argumentan, "los patrones de consumo de la población general y de la población pensionista no coinciden necesariamente". "Una subida significativa de los precios del transporte, del material escolar o de los servicios de 'streaming' tienen una traslación al IPC general, cuando los pensionistas tienen financiado por las administraciones públicas el acceso al transporte público o directamente no consumen esos servicios", ejemplifica Ciudadanos. "Un incremento del IPC, por tanto, estaría incrementando en la práctica la capacidad adquisitiva de los pensionistas por encima de lo necesario, añadiendo más estrés al sistema público de pensiones".
Un IPC específico para las pensiones
Como solución de equilibrio para preservar el poder adquisitivo de los pensionistas sin añadir de forma arbitraria nuevos costes al sistema público de pensiones, la formación dirigida por Inés Arrimadas aboga por impulsar la creación de un nuevo indicador, un IPC para pensionistas, que refleje de forma más rigurosa los incrementos de precios que afectan de forma más directa a las rúbricas de gasto que más inciden sobre este colectivo.
Ciudadanos defiende que este mecanismo no sólo serviría para impedir que el gasto en pensiones subiera de forma artificial cada vez que hay un 'shock' transitorio de precios en ámbitos que no afectan directamente a la cesta de la compra de los pensionistas, sino que también blindaría el poder adquisitivo de los pensionistas cuando esas subidas de precios se produjeran en campos de utilización intensiva por parte del colectivo como los fármacos, los servicios sanitarios o determinados productos de alimentación.
La enmienda de Ciudadanos plantea la introducción en la reforma de las pensiones de una nueva disposición adicional por la que se inste al Gobierno a solicitar al Instituto Nacional de Estadística la creación de un indicador específico para medir el IPC de los pensionistas e incorporar este índice como referencia para la subida anual de las pensiones.
Comentarios