El Ministerio de Trabajo ha activado por la vía de urgencia el desarrollo del fondo de financiación del bautizado como 'mecanismo RED', la nueva herramienta de flexibilidad interna que incorpora la reforma laboral para que las empresas puedan hacer frente a crisis cíclicas y sectoriales. Este movimiento se produce tres meses después de que el Consejo de Ministros aprobase el procedimiento para solicitar el mecanismo con el objetivo de evitar que la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania provocase una sangría en el mercado laboral patrio y lo hiciera sin disponer entonces de un fondo específico para costear esos expedientes.
A mediados del pasado mes de marzo el Consejo de Ministros dio luz verde al procedimiento para solicitar el RED y los departamentos de Trabajo y Seguridad Social aseguraron haber constituido el fondo de financiación necesario para afrontar las necesidades de empresas y trabajadores que se acogieran al mecanismo. Sin embargo, como se reveló en estas páginas, lo que hizo el Gobierno fue habilitar, de manera transitoria, una vía por la que esta herramienta pudiera ser financiada con las dotaciones presupuestarias del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y la Tesorería General de la Seguridad Social, es decir, por los mismos organismos por los que se venían costeando los ERTE tradicionales, hasta que el fondo estuviera dotado de la cuantía suficiente para hacer frente a sus necesidades financieras.
El Real Decreto-ley 32/2021 -el de la reforma laboral- estableció que se constituiría "como fondo sin personalidad jurídica, adscrito al Ministerio de Trabajo y Economía Social, un Fondo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo, que tendrá como finalidad atender a las necesidades futuras de financiación derivadas de la modalidad cíclica y sectorial del Mecanismo RED en materia de prestaciones y exenciones a las empresas del pago de las cotizaciones a la Seguridad Social, incluidos los costes asociados a la formación, en la forma y condiciones previstas en su normativa de desarrollo". Sin embargo, no se puso fecha a ese objetivo. El Gobierno le dio una patada hacia adelante porque, durante la negociación de la reforma laboral, no fue capaz de acordar este apartado con los agentes sociales.
Las alarmas se encendieron cuando, tras el vertiginoso inicio de año en materia de negociaciones (reforma laboral, salario mínimo interprofesional...), el Gobierno se dio cuenta de que debía aprobar este fondo antes de que caducasen los ERTE pandémicos, cuya expiración estaba prevista para el 28 de febrero. Pero, finalmente, ante la imposibilidad de poner en marcha la maquinaria del RED con tan escaso margen de tiempo, optó por prorrogar los ERTE Covid durante un mes más, hasta el 31 de marzo. En ese momento, la crisis provocada por el conflicto bélico derivado de la invasión rusa de Ucrania obligó al Ejecutivo a acelerar los procesos para dar respuesta a las empresas que se vean afectadas por la escalada de los precios energéticos y, ante la ausencia del fondo de financiación específico, se tuvo que improvisar una vía para costear el mecanismo.
Desde el Ministerio de Trabajo aseguraron entonces que desarrollarían el fondo con prontitud, pero no se fijaron ninguna fecha. Hasta ahora, cuando ya está listo el "Real Decreto por el que se desarrolla el Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo", para el que Díaz va a solicitar al Consejo de Ministros la tramitación administrativa urgente para dar continuidad a la reforma laboral potenciando "el recurso a los mecanismos de flexibilidad interna por las empresas a través de las reducciones temporales y suspensiones con el objetivo de favorecer la continuidad del empleo ante coyunturas negativas como alternativas a los despidos masivos y a la elevada tasa de temporalidad", según consta en la documentación.
El Ministerio justifica que "para garantizar el objetivo de la reforma de promover la estabilidad en el empleo y limitar el recurso abusivo a la contratación temporal es absolutamente necesario garantizar la utilización prioritaria del mecanismo que asegura una adecuada combinación de flexibilidad interna y estabilidad de las relaciones laborales, descartando el uso injustificado de otras alternativas traumáticas". Y añade que de este modo "se pone al alcance de las empresas nuevas soluciones, no traumáticas en términos de empleo, a las que pueden acogerse para ajustar sus plantillas en situaciones macroeconómicas adversas y de reestructuración sectorial, al tiempo que se asiste a las personas trabajadoras afectadas con prestaciones sociales y se cubren sus necesidades de recualificación y transición profesional".
El Fondo RED y su financiación
El Real Decreto en cuestión incorpora la creación del bautizado como "Fondo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo, F.C.P.J." y desarrolla los términos de su gestión financiera, que se llevará a cabo a través de una cuenta en el Banco de España, aunque no se descarta que parte de la tesorería se sitúe en otras entidades de crédito "cuando así se requiera para su mejor y más eficaz gestión o para su rentabilización". El borrador establece que las fuentes de financiación serán el excedente de cotizaciones sociales que se genere en épocas de bonanza, entre los ingresos por las cuotas de desempleo y el pago de prestaciones; aportaciones tanto de los Presupuestos Generales del Estado como de instrumentos de financiación de la Unión Europea orientados hacia este fin; y los recursos generados por la conocida como "enmienda Telefónica", que obliga a hacer aportaciones al Tesoro Público a las grandes empresas que lleven a cabo despidos colectivos que afecten a mayores de 50 años.
El texto fija que las dotaciones del fondo serán acordadas por el Consejo de Ministros a propuesta conjunta de los titulares de los ministerios de Asuntos Económicos, Trabajo y Seguridad Social. Es decir, Nadia Calviño, Yolanda Díaz y José Luis Escrivá. Y matiza que las dotaciones se determinarán en función de "las posibilidades económicas y la situación financiera del sistema de la Seguridad Social". También determina que el fondo "podrá invertir en títulos emitidos por personas jurídicas públicas nacionales y extranjeras, de calidad crediticia elevada y con un significativo grado de liquidez", siempre bajo la supervisión del Consejo de Ministros, y que los rendimientos de cualquier naturaleza que genere se integrarán automáticamente en las dotaciones del mismo.
Y concreta que se podrá disponer de los activos del Fondo RED "exclusivamente para financiar la diferencia entre los ingresos que financian las prestaciones por desempleo y los gastos derivados del pago de las prestaciones que conceda el Mecanismo RED, las exoneraciones a las cotizaciones sociales para las empresas, los gastos de formación y recualificación, así como los demás gastos necesarios para la gestión del Fondo" y que esa disposición "únicamente será posible una vez que el Consejo de Ministros haya acordado la activación de la modalidad cíclica o sectorial del Mecanismo RED". El complejo entramado incluye un Comité de Gestión, encargado de desarrollar un Plan General de Inversiones, una Comisión Social de Seguimiento que evaluará el impacto en la actividad y el empleo y una Comisión Asesora de Inversiones.
Impacto presupuestario
En la Memoria del Análisis de Impacto Normativo, el Ministerio explica que el mecanismo RED "permitirá que las empresas no recurran prioritariamente a los despidos colectivos y al cierre", les dotará de una mayor flexibilidad interna y mejorará su competitividad. Respecto al impacto presupuestario, para el mecanismo a nivel sectorial se explica que el gasto variará "en función del sector de la economía que se vea afectado y la amplitud de la crisis en cuestión que dé lugar a la aplicación del mecanismo y su duración". Para la versión cíclica se especifica que "teniendo en cuenta el gasto de ERTES de la última crisis se puede cifrar el importe máximo en 18.000 millones de euros en poco más de 2 años" y se añade que "si tenemos en cuenta un gasto ordinario de prestaciones por desempleo en torno a los 20.000 millones de euros, en la crisis de 2012 (más de 3 años)".
A continuación, la memoria cuantifica que "en un ejercicio de crecimiento económico, la diferencia entre la recaudación de las cuotas por desempleo y el gasto por prestaciones se puede situar en torno a los 3.000 millones de euros y el superávit de financiación global del SEPE en torno a los 1.200 millones de euros". Asimismo, la recaudación ordinaria de los importes procedentes de la "enmienda Telefónica", según el Ministerio, se sitúa en torno a los 100 millones de euros anuales. "A estas cifras se deben sumar las cantidades procedentes de la financiación europea, en su caso y las cantidades que se consignen en los PGE de cada ejercicio", añade.
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