La tasa de pobreza en España se habría más que duplicado si el Gobierno no hubiera puesto en marcha el paquete de medidas anticrisis conocido como 'escudo social' para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Ucrania y de las crisis energética y de inflación. Lo ha asegurado la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, durante su intervención en la sesión de control al Gobierno, que tiene lugar este miércoles en el Congreso de los Diputados, en la que ha estimado que esa tasa alcanzaría el 48%, frente al 20,2% en el que se sitúa actualmente.
Ese porcentaje incluye a la población en riesgo de pobreza relativa, según la última Encuesta de Condiciones de Vida que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE) y la tasa Arope. Esta determina el porcentaje de personas cuyos ingresos son bajos en relación con el total de la población, esto es, si están por debajo del 60% de la renta mediana de la población por unidad de consumo.
El Gobierno -en concreto el ministerio de Hacienda- tiene pendiente decidir si prorroga más allá de finales de junio la rebaja del IVA de los alimentos, que puso en marcha desde principios del año pasado (y prorrogó en dos ocasiones) para hacer frente a la escalada de precios que registraron los productos básicos de la cesta de la compra. Su encarecimiento se ceba más con las rentas más bajas, dado que el gasto en alimentación tiene un peso mayor en el total del que realizan.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cifró en unos 5.350 millones de euros el coste de la prórroga del paquete anticrisis este año, sin contar con esa eventual ampliación de la rebaja del IVA de los alimentos. Sí estaría incluido el tipo del 10% en la electricidad (que se sitúa por encima del 5% al que se rebajó, pero por debajo del 21% que se aplicaba antes de estallar la crisis energética), así como las subvenciones al transporte público, que se mantendrán a lo largo de todo el ejercicio.
En total, ese conjunto de políticas tendrá un coste presupuestario de entre 48.300 y 57.100 millones de euros entre los años 2021 y 2025, de acuerdo con los cálculos que el Banco de España incluyó recientemente en su Informe Anual. Esas cifras representan una horquilla que va del 3,5% al 4,1% del PIB.
Ese alza del gasto no impediría a España ceñirse a la meta de déficit del 3% fijada por la recuperación de las reglas fiscales a nivel europeo, reduciendo el agujero de las cuentas públicas desde el 3,6% al que despidió el pasado ejercicio. Ese escenario, que contempla el Gobierno en sus previsiones, lo comparte también la Comisión Europea.
El plan de ajuste a medio plazo y las sanciones de la UE
El próximo 20 de septiembre los estados miembro que incumplen las metas de déficit o deuda deberán enviar a Bruselas su plan fiscal estructural a medio plazo. Antes, el Ejecutivo comunitario presentará su paquete económico de primavera el próximo 19 de junio y en él remitirá a los gobiernos la trayectoria fiscal de referencia que deben emplear como guía para diseñar sus sendas nacionales.
De momento, parece que España podría evitar la apertura de un procedimiento de déficit excesivo (PDE) y la consiguiente sanción por haber excedido el déficit del 3% en 2023. "Si se vulnera ese importe pero es una vulneración cercana y temporal, entonces nos puede llevar a valorar otros criterios y no abrir un procedimiento de déficit excesivo", aseguró el 'número dos' de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, tras la última reunión del Ecofin.
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