El Ministerio de Trabajo ha cerrado un pacto este lunes con los representantes de las empresas y los trabajadores con la guía para desarrollar los protocolos y medidas para evitar el acoso contra el colectivo LGTBI en el trabajo. Según ha avanzado La Sexta la vicepresidenta segunda y ministra del Gobierno, Yolanda Díaz, el acuerdo sellado en la mesa de diálogo social supone que "España sea el primer país con una norma en este sentido", tan pronto como se apruebe el desarrollo del punto recogido en la conocida como Ley Trans impulsada a comienzos de 2023.
Todas las empresas de más de 50 trabajadores estarán obligadas a dotarse de estos planes, que tendrán que desarrollar al amparo de la negociación colectiva. Si bien, este requisito ya existía formalmente, puesto que la ley "para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI" establecía que entraría en vigor al cumplirse un año de su publicación. Fecha que se alcanzó a inicios de marzo y el Gobierno activó la mesa de negociación con CEOE, UGT y CCOO apenas tres semanas antes, por lo que 32.000 empresas quedaron el limbo.
"Las empresas de más de cincuenta personas trabajadoras deberán contar, en el plazo de doce meses a partir de la entrada en vigor de la presente ley, con un conjunto planificado de medidas y recursos para alcanzar la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI" recoge el artículo 15 de la ley 4/2023. Sin embargo, hasta este momento no habían contado con pautas concretas para hacerlo, lo que había disparado las consultas a los despachos especializados en el ámbito laboral. Muchas de ellas habían tomado como referencia los planes de igualdad elaborados para evitar cualquier discriminación hacia las mujeres para desarrollar estos protocolos o incluso, introducido una cláusula a la espera de estas líneas de actuación.
Fuentes sindicales han confirmado la noticia pocos minutos después de que lo anunciara la ministra de Trabajo, al tiempo que fuentes de CEOE aseveran a este medio que han aterrizado la obligación con el reglamento "para dar seguridad jurídica a las empresas y garantizar los derechos a las personas trabajadoras". Es la primera vez que los tres actores consiguen llegar a un punto en común en más de un año, desde que presentaron en febrero de 2023 la Estrategia de Seguridad y Salud laboral y que se da tras la reunión de alto voltaje mantenida el pasado jueves sobre la reducción de la jornada laboral.
La relación con los agentes sociales atraviesa un momento de tensión, después de que Díaz decidiera incluir en el real decreto-ley del subsidio la prevalencia de los convenios autonómicos siempre que estos sean más favorables -pactada por el PSOE con PNV- y una modificación de la ley del Consejo Económico y Social (CES) por la que se obliga a cambiar su reglamento interno para alterar la representación de las empresas y dar cabida a organizaciones de ámbito autonómico. Lo que, según apuntan los números de la negociación colectiva, propiciará la entrada de Pimec y Pimeb.
La última reunión se había producido el pasado 16 de mayo, cuando el texto había quedado casi cerrado a la espera de limar algunos puntos de carácter técnico. A la espera de conocer el texto, el Ministerio de Trabajo ha explicado a los medios que los protocolos deberán identificar prácticas preventivas, mecanismos de detección y actuación frente al posible acoso. Además, se deberá formar a las plantillas con módulos específicos de igualdad de trato, oportunidades y no discriminación. La Inspección de Trabajo será la encargada de vigilar su cumplimiento y podrá poner sanciones económicas si lo entiende oportuno.
Comentarios