Hace más de un año (junio 2023) los secretarios generales de CCOO y UGT presentaron el Estatuto del Becario junto a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo. Este texto era el resultado de una extensa negociación en dos fases -que finalmente se cerró sin el respaldo de las patronales- y que pese a la intención del departamento de Yolanda Díaz de activarlo antes del verano, aún no ha llegado a la Cámara Baja. Los frenos a esta iniciativa venían desde el seno del Gobierno, por lo que la líder de Sumar ha optado por impulsarlo en las instituciones europeas.
España no es ajena a la agenda legislativa de Bruselas, de hecho en los últimos años ha marcado el paso en directivas como la inspirada en la 'ley rider' o la de salarios mínimos y la negociación del Estatuto del Becario se dio en paralelo a las propuestas de los grupos del Parlamento Europeo e incluso, se ha visto 'contraprogramada' por la iniciativa planteada por el órgano que dirige Ursula von der Leyen antes de la cita en las urnas. Por ello, tras una presidencia del Consejo de la UE que desde el departamento evaluaron como satisfactoria, Díaz ha buscado marcar el paso junto a sus homólogos de Bélgica, Eslovenia y Rumanía en el EPSCO de este martes.
El documento no es una propuesta legislativa, sino que tiene un carácter "estratégico" en el que resumen los que entienden que son los desafíos en materia laboral para los próximos cinco años. La nueva regulación de las prácticas no laborales es la primera medida reflejada en el escrito y se enmarca en el objetivo de una "Unión Europea en la que los trabajadores disfruten de unas condiciones de vida y de trabajo dignas y sean libres de disfrutar de su tiempo, creando nuevos derechos laborales y evitando la precariedad". Si bien, los socios se limitan a reclamar que se adopte el marco planteado para dotar de mayor calidad a los periodos de prácticas y luchar contra el fraude.
No obstante, existen sendas diferencias entre los documentos trabajados por los grupos parlamentarios que llegaron a votar a favor de prohibir los convenios de prácticas no remuneradas en junio de 2023 y la propuesta presentada por la Comisión Europea el pasado marzo que pone el foco en el fraude (las empresas que hacen estos "contratos" a personas que ya han finalizado sus estudios y cuentan con la formación para ser contratadas), pero las reconoce como un instrumento a valorar en un contexto de desempleo juvenil elevado -un listado en el que España se sitúa a la cabeza con 26,6% en mayo-.
Desde Jóvenes de CCOO y RUGE (UGT) se criticó el borrador presentado en Bruselas por entender que justificaba que hay que pasar por contratos menos protegidos por tener menos experiencia laboral y ser jóvenes. No obstante, sí reconocieron que la posibilidad que se abría de defender los derechos de estos estudiantes a través de los delegados sindicales era un avance con el que no contaba el ya cerrado Estatuto del Becario. El texto pactado en España, tampoco eliminaba las horas extracurriculares -pese a que sí llegó a estar incluido en el primer acuerdo- pero establecía un límite de 480 horas y quedaban vinculadas al contenido del grado.
Al margen de esta cuestión, los cuatro estados también han incidido en la necesidad de que se "adopte rápidamente" la directiva sobre teletrabajo y derecho a la desconexión digital y ponen sobre la mesa la posibilidad de desarrollar una iniciativa europea sobre tiempo de trabajo y de uso del tiempo personal. Esta idea de tiempo de trabajo en sentido amplio es la que la vicepresidenta segunda planteó al inicio de la negociación de la jornada laboral, pero las conversaciones se han centrado en la jornada semanal y en sus implicaciones y no en otros permisos o descansos.
También abogan por poner en marcha legislación que reconozca el derecho a la formación en el ámbito laboral, con un marco que fije cuál debe ser la duración, la remuneración o incluso el papel del diálogo social para el desarrollo de este derecho. Asimismo, apuestan por desarrollar una directiva sobre riesgos psicosociales en el trabajo con el que abordar el aumento de los problemas de salud mental tras la pandemia que han llevado a un incremento de las bajas de incapacidad temporal (IT). Y también proponen elaborar una directiva de "democracia en el trabajo" que facilitaría la entrada de los trabajadores en los consejos de dirección.
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