España dispone junto a Francia y Portugal del sistema de incentivos fiscales a la I+D+i más generoso de Europa en términos de deducción posible sobre la inversión realizada. Sin embargo, el potencial de este esquema no se traduce en una eficacia real del mismo y de hecho España figura a la cola de los países europeos en cuanto a la ayuda fiscal efectiva que presta a sus empresas por invertir en innovación.. Ésta es la valoración que realizó la Autoridad Fiscal en su evaluación del sistema de beneficios fiscales a la I+D y esto es lo que está intentando corregir el Ministerio de Ciencia e Innovación en colaboración con la Airef para disponer antes de que comience la ejecución de los fondos europeos de un sistema de acreditación de las inversiones en I+D que no opere como barrera de entrada para las empresas, como sucede ahora, sino que estimule su apuesta por la innovación, según aseguran a La Información fuentes del ámbito tributario.
El objetivo es superar las reservas que demuestran las empresas a la hora de solicitar incentivos fiscales para sus programas de inversión en I+D. "Es un proceso complejo, farragoso, lento y en muchos casos acaba sin la preceptiva autorización para aplicarse el incentivo fiscal. Esto disuade a muchas empresas que prefieren no optar al incentivo a aplicárselo y que luego lo tengan que devolver", aseguran desde una consultora especializada en tramitar este tipo de operaciones.
La consultora KPMG elaboró hace unos años un informe para conocer por qué las empresas no se acogían de forma generalizada a las aparentemente generosas ayudas disponibles en el marco fiscal. La razón no era el desconocimiento de las mismas. El 88% admitían conocer las ayudas que prevé el ordenamiento fiscal para las inversiones en materia de I+D. De éstas, una de cada seis admitían no haber optado nunca a las mismas. ¿Los motivos? Unas lo veían como un riesgo fiscal innecesario - la posibilidad de tener que devolverlas -, otras consideraban que les requería un esfuerzo administrativo que no les resultaba rentable. En el origen de este rechazo los llamados 'Informes Motivados Vinculantes', un trámite que ideó en su día el Ministerio de Economía precisamente para dar certidumbre a las empresas que en no pocas ocasiones se encontraban con que la Administración cuestionaba las ayudas fiscales que se habían aplicado por no responder a las inversiones innovadoras que la ley prevé bonificar.
Los 'informes motivados vinculantes' tienen la virtualidad de que constituyen un blindaje ante una eventual inspección de la Agencia Tributaria que cuestione el gasto en I+D aplicado por la empresa...pero la interpretación excesivamente restrictiva que en opinión de las empresas se hace desde la Administración de qué es inversión innovadora y qué no ha hecho que, como puso de manifiesto el informe realizado por KPMG, una de cada tres empresas innovadoras desconfíe del procedimiento y entienda que no aporta la seguridad jurídica necesaria.
Una 'autopista' para la inversión en I+D
La inminente llegada de los más de 70.000 millones de euros de fondos europeos en forma de transferencias directas y la necesidad imperiosa de conseguir que éstos movilicen inversión privada para optimizar su potencial sobre el crecimiento de la economía han animado al Gobierno a levantar las restricciones que disuaden la inversión empresarial. Según las fuentes consultadas, el Ministerio dirigido por Pedro Duque empezó hace ya unas semanas a trabajar mano a mano con la Autoridad Fiscal para agilizar el procedimiento de acreditación de la inversión en I+D e implantar un esquema semi-automático de certificación que acelere el proceso y reactive el interés de las empresas por los incentivos fiscales a la I+D, en línea con lo planteado por la Autoridad Fiscal en su informe de evaluación.
La movilización de la inversión privada aparece como clave para el éxito de los ambiciosos programas de digitalización e innovación que se incluyen en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y que aspiran a vehicularse a través de fondos de inversión de capital público-privado. Las fuentes consultadas subrayan el interés del Gobierno en facilitar el acceso al incentivo fiscal previsto en el Impuesto de Sociedades, que permite desgravarse hasta el 25% de la inversión en I+D, para mejorar el atractivo de estos programas de inversión para los inversores privados.
Tiene motivos para hacerlo. El informe de la Autoridad Fiscal concluyó que por cada euro de ayuda fiscal a la innovación, las empresas privadas invierten 1,50 euros extra en este ámbito, y que por cada punto adicional de ahorro fiscal efectivo las empresas invierten 110 millones de euros extra a un coste fiscal de 73 millones de euros. El mecanismo es rentable.
El informe de la Autoridad Fiscal, sin embargo, no se limitaba a plantear la implantación de un sistema de certificación de la inversión en I+D más sencillo y ágil para impulsar la utilización del incentivo fiscal, sino que también instaba a relajar los exigentes requisitos planteado por la Ley del Impuesto de Sociedades para tener acceso a esa ayuda fiscal, como el de mantener la plantilla media general o la dedicada a programas de innovación durante los 24 meses siguientes a la aplicación del incentivo fiscal o permitir la deducción reembolsable en el mismo ejercicio en el que se aplica el beneficio y no a partir del ejercicio siguiente.
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