El Gobierno ha convocado a las comunidades autónomas el próximo miércoles, 19 de junio, para abordar los detalles sobre cómo se desplegará el fondo de resiliencia autonómico dotado con 20.000 millones de euros de los Next Generation que gestionará el Banco Europeo de Inversiones (BEI), capitaneado por la exvicepresidenta Nadia Calviño. El ministerio de Hacienda ha citado a los consejeros del ramo en el marco de la Conferencia Sectorial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), si bien será el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, quien acuda a la cita en representación del Ejecutivo Central.
Fuentes de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía (PP) han expresado su malestar a 'La Información' por el hecho de que sea Cuerpo -como en su día su antecesora, Calviño- y no la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, quien asista a la cita, pero también por las "formas" que rodean a esta convocatoria. Recuerdan que la citada conferencia sectorial no se reúne desde agosto de 2021, cuando por reglamento debería hacerlo como mínimo una vez cada año en sesión ordinaria.
Lamentan, además, que la convocatoria se haya producido con una antelación de sólo tres días hábiles (Hacienda la remitió el viernes) y cinco días naturales, dado que por reglamento debiera de haberse realizado con al menos diez días de antelación, salvo que tuviera carácter de urgencia -y estar esta debidamente justificada por los asuntos a abordar-, en cuyo caso el plazo se puede reducir a tres días.
"En esta ocasión, no se señala que se trate de una sesión plenaria extraordinaria y urgente, y el único punto recogido en el orden del día tampoco justifica la urgencia: Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia: Información sobre el funcionamiento del Fondo de Resiliencia Autonómica", sostienen las mismas fuentes.
El problema de que se convoque con tan poco tiempo es que impide a las autonomías solicitar que se incluyan nuevos puntos en el orden del día, en virtud del artículo 12.5 del reglamento de la Conferencia Sectorial. La cita tampoco se ha acompañado de la documentación relativa a los puntos a tratar, tal y como fija el artículo 12.1 del reglamento, lo que imposibilita a los ejecutivos autonómicos estudiarla con el rigor y la antelación que requerirían, critican.
"Una vez más, el Gobierno central excluye a las comunidades autónomas de la gestión del PRTR y de la toma de decisiones, para imponernos decisiones ya tomadas", lamentan las fuentes consultadas. Añaden, además, que cuando el Gobierno envió el plan a la Comisión Europea en abril de 2021 ya no contó con las autonomías. Entonces, no se solicitaron los 84.000 millones en préstamos, cuya petición se ligó finalmente a la adenda. Cuando esta se remitió a Bruselas en el verano de 2023, dos años después, aseguran que tampoco se contó con las regiones.
"Hemos solicitado reiteradamente participar en el diseño y la gobernanza del plan, y una y otra vez el Gobierno nos impone medidas diseñadas a espaldas de las autonomías", lamentan desde la consejería andaluza. A principios de mes Carlos Cuerpo ya avanzó que en estas reuniones se abordará el resultado final de la estructura del propio fondo y se avanzará en los siguientes pasos.
Cuerpo dice estar "en diálogo continuo" con las CCAA
El ministro aseguró que el Ejecutivo Central está "en un diálogo continuo" con las autonomías para trasladarles también el punto en que están las discusiones y para incorporar, en la medida de lo posible, "todos sus comentarios y sus preocupaciones".
En el marco de la adenda al Plan de Recuperación, el instrumento del Fondo de Resiliencia Autonómica se ha diseñado por un importe de hasta 20.000 millones de euros que se canalizarán a través de varios instrumentos financieros gestionados por el Grupo del Banco Europeo de Inversiones (BEI). El objetivo será financiar inversiones sostenibles a nivel autonómico. Los fondos se darán con "criterios objetivos", que aseguren la sostenibilidad fiscal de los territorios, más aún cuando el conjunto de las administraciones públicas deben ceñirse a las metas fijadas por las nuevas reglas fiscales.
Las inversiones podrán abarcar desde la vivienda social y asequible a la regeneración urbana; el transporte sostenible; la competitividad industrial y de las pymes; así como otros ámbitos como la investigación, desarrollo e innovación; el turismo sostenible o la transición energética, entre otros. Para ello, las autonomías optarán a una financiación a un menor tipo de interés que la obtenida por el Tesoro y con plazos de amortización más largos.
Comentarios