La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha anunciado esta tarde cambios en el modo de recuperación de las prácticas no cotizadas. Finalmente, no se aplicará la base de cotización actual sino la del año en el que se realizaron, lo que se traducirá en una bajada del importe a pagar hasta ahora, que se situaba en los 290 euros por cada mes recuperado. El secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, ha sido el encargo de de trasladárselo a la patronal y los sindicatos durante la reunión de diálogo social por la tarde
También se han sumado otros cambios, como la ampliación de la posibilidad de fraccionamiento de pago hasta un máximo de cinco años, de forma que si se rescatan dos años pueden pagarse en cinco. También se amplía el periodo de rescate para quienes, de acuerdo con la regulación de 2011, ya recuperaron dos años, con lo que podrán sumar otros cinco años íntegros. Por último, se extiende a tres años y medio la ventana temporal abierta para la suscripción del convenio, con la propuesta de que se pueda suscribir el convenio con la Seguridad Social hasta el 31 de diciembre de 2027, para facilitar que los interesados puedan acceder a él.
El Ministerio ha propuesto la mejora de estos cuatro aspectos después de que la ministra de Inclusión, Elma Saiz, se reuniera la semana pasada con más de una decena de representantes de asociaciones científicas, el colectivo más afectado por esta norma. "Después de una semana de reuniones, hemos decidido flexibilizar las condiciones", ha señalado la ministra respecto a la orden publicada el pasado 1 de mayo en el Boletín Oficial del Estado (BOE) que generó oposición sobre todo en la comunidad científica por el elevado coste que suponía para los trabajadores recuperar los años de prácticas no cotizados.
El Ministerio ha recordado, asimismo, que las cuotas del convenio especial son gasto deducible en el IRPF. Inclusión considera que la posibilidad de regularizar hasta cinco años "es una oportunidad y un procedimiento excepcional" para que antiguos estudiantes e investigadores más senior puedan añadir años de cotización para poder acceder a una pensión o mejorar su importe. Es excepcional porque permite recuperar un derecho que no existía cuando hicieron estas prácticas y que ahora está vigente, ya que desde enero las prácticas formativas no remuneradas cotizan, con más de 600.000 becarios incluidos ya en el sistema.
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