La negociación abierta por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con patronal y sindicatos avanza de forma desigual en los cuatro temas que hay sobre la mesa. Tras medio año de reuniones, las dos partes del diálogo social apuntan a que las posiciones están cerca de un texto definitivo sobre la colaboración de las mutuas para tratar bajas con causa traumatológica y el coeficiente multiplicador de cotización para los trabajadores fijos discontinuos a tiempo parcial. En cambio, están a la espera de recibir las propuestas técnicas de los coeficientes de reducción y tienen opiniones encontradas sobre la propuesta de jubilación parcial.
El modelo por el que un trabajador que está cerca de la edad de jubilación recorta parte de su jornada laboral y percibe una fracción de la pensión es clave para los sindicatos, ya que es la industria manufacturera -donde tienen gran presencia- donde más se usa, por tener una regulación propia que el Gobierno ha prorrogado 'in extremis' en 2022 y 2023. La fórmula va vinculada a la firma de un contrato de relevo por el que un trabajador más joven pasa a cubrir las horas de la jornada que quedan vacantes y las condiciones de este contrato son precisamente uno de los puntos que distancia a los negociadores de la patronal y los sindicatos.
La cartera que encabeza Elma Saiz abogó por mejorar las condiciones de estos empleados en la única ocasión que ha reproducido por escrito sus propuestas para reformar la jubilación parcial. Estableció que el contrato sería de carácter indefinido y a tiempo completo, sin dar cabida a que pudiera ser amortizado -concentrado en unos meses al año-. Fuentes empresariales trasladan a La Información que se oponen este cambio, ya que entienden que el contrato debería ir vinculado al tiempo que le quede a otro trabajador para jubilarse definitivamente y que el número de horas también tendría que ligarse a la parte de la jornada que queda sin cubrir.
Además, explican que la intención expresada en la mesa es que el puesto se cree para una persona en específico, lo que dejaría a la empresa sin margen para cubrir ese puesto de trabajo en función de sus necesidades. El artículo 215 de la Ley General de la Seguridad Social actualmente deja abierta esta posibilidad al establecer que "tendrán, como mínimo, una duración igual al tiempo que le falte al trabajador sustituido para alcanzar la edad de jubilación" legal. Excepto si el trabajador se reduce la jornada en más de un 50% -hasta un límite del 75%- cuando el contrato sí tiene que ser indefinido a tiempo completo.
Sin embargo, el planteamiento de Seguridad Social limitaba el recorte al 50% de las horas de trabajo si se anticipaba el acceso a la jubilación tres años -algo que solo podrían hacer en trabajos penosos- y forzaba a las empresas a mantener el 75% de la base mínima de cotización que había tenido el trabajador relevado en los últimos seis meses, desde el 65% que opera ahora. Es decir, que una medida que busca introducir elementos de flexibilidad en el mercado de trabajo y renovar plantillas en sectores que conllevan un especial deterioro de los empleados, llevaría a las empresas a asumir un incremento de costes y compromisos muy rígidos.
No obstante, las garantía de las condiciones de empleo del relevista es un aspecto prioritario para CCOO y UGT, cuyos negociadores reconocieron el avance que se daba en esta materia pese a ser muy críticos con estos dos modelos diseñados con el Gobierno. Una situación que podría conducir a un bloqueo técnico en la mesa o que podría no llegar a aplicarse, dado que el mismo documento presentado por el equipo de Saiz establecía la obligación de que la jubilación parcial estuviera prevista en el convenio colectivo y los empresarios podrían fijar su posición en estos sectores.
Para los sindicatos, esta condición representaba un nuevo paso atrás ya que actualmente eran el resto de trabajadores los que necesitaban llegar a un acuerdo con su empresa para acceder a la jubilación parcial de forma anticipada y este requisito ha limitado su uso. Los cambios sobre este modelo 'ordinario' se centrarían sobre todo en la mejora de condiciones del empleado relevista, aunque también se propone incluir una cláusula por la que el trabajador que se jubila parcialmente tiene que haber estado los dos últimos años trabajando por cuenta ajena (y seis dado de alta). Así mismo, se busca impedir que pueda concentrar el trabajo en unos meses.
Los negociadores critican el modelo planteado, pero son conscientes de que las reticencias del Ministerio a aplicar mejoras vienen explicadas por el incremento de gasto para la Seguridad Social que llevarían asociados estos cambios. La reforma del sistema de pensiones trató de reforzar el sistema de ingresos con un aumento de las cotizaciones, pero también apostó parte del ahorro a los incentivos a la jubilación demorada -que toman forma de un tanto alzado, un incremento del 4% en la nómina a la hora de acceder a la pensión o una fórmula mixta-. Por lo que el Gobierno quiere evitar que los cambios se traduzcan en una reducción de la edad media de jubilación.
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