El laberinto administrativo al que se enfrentan las compañías para instalar nuevas estaciones de recarga de vehículos eléctricos y poner en marcha los puntos que ya tienen instalados se ha convertido en uno de los principales reclamos que el sector viene expresando en los últimos tiempos para aligerar el despliegue de la red. Pues, según los datos facilitados por la patronal de fabricantes Anfac, una quinta parte (8.645 cargadores) de los 41.067 puntos de recarga de acceso público instalados en España a cierre del primer trimestre, se encuentra fuera de servicio.
Este martes, ERC recogió el guante del sector e instó al Gobierno a acelerar los trámites administrativos relativos al despliegue de estaciones de recarga de vehículos eléctricos a través de una proposición no de ley que sacó adelante en la Comisión de Industria y Turismo con el apoyo de PP, ERC, Junts, Bildu y BNG, a pesar de la oposición de PSOE y Vox. Tanto Sumar como PNV se abstuvieron.
La PNL que ha contado con el visto favorable de la mayoría de la comisión insta al Ejecutivo a simplificar los trámites para el establecimiento de e las estaciones de recarga pendientes de instalación, así como la instalación de nuevas estaciones. Asimismo, recoge otras propuestas como facilitar el aprovechamiento de zonas en desuso o infrautilizadas (como áreas de descanso, servicio o zonas de peaje ya desmontadas) para su reconversión en estaciones de recarga rápida o para la instalación de puntos individuales.
Durante su intervención, la diputada de ERC Inés Granollers aseveró que el crecimiento de la industria se frena por la baja demanda de vehículos eléctricos -cuya cuota se ha estancado en el 10% de las ventas- e hizo hincapié en reforzar la velocidad de recarga para elevar el atractivo de estos vehículos, así como la situación de los camiones, que no tienen los suficientes puntos de recarga disponibles.
La dimisión de Griffiths eclipsa el debate
Este debate sobre las políticas a seguir para despegar la infraestructura de recarga y las ventas de vehículos eléctricos tiene lugar apenas cinco días después de la dimisión del máximo representante de los fabricantes, Wayne Griffiths, como presidente de Anfac en protesta por la "inacción" del Gobierno en favor de la electrificación. En su despedida, el también presidente de Seat y Cupra cuestionó la falta de apoyo del Ejecutivo para revisar los planes de ayuda a la compra de eléctricos e impulsar la infraestructura de recarga. "Estas medidas no han llegado. Y por eso estoy decepcionado, porque ahora toca acelerar, no frenar", sentenció.
La marcha de Griffiths eclipsó gran parte de las enmiendas presentadas por PP, Vox y PSOE. Por su parte, la diputada socialista Adriana Maldonado reiteró el compromiso del Gobierno con la electrificación y el automóvil y defendió la buena relación que mantiene con Anfac. En esta línea, instó a no utilizar la dimisión para atacar a Moncloa. Sobre la PNL de ERC, afirmó que esperan llegar a un acuerdo para entender que es necesaria una aceleración en los puntos de recarga y la sensibilización a los ciudadanos incentivando la compra de vehículos eléctricos, pero pidió a los grupos que reconozcan la inversión en electrificación que está acometiendo el Gobierno y la labor de Industria en este proceso.
Desde el otro lado de la trinchera, el diputado popular Pedro Navarro puso el foco en el malestar del sector automovilístico con el Ejecutivo y defendió la reivindicación de los consumidores sobre las ayudas directas a la compra de eléctricos. Así, propuso elaborar un modelo de gobernanza con las CCAA sobre el despliegue de las infraestructuras de recarga y del vehículo eléctrico.
Precisamente, esta enmiendas fueron criticadas desde Vox, cuyo diputado Alberto Rodríguez parafraseó a Griffiths sobre la necesidad de una infraestructura de recarga pública y la preocupante situación de los planes de ayuda a la compra, que crean incertidumbre al llegar a su final y planteó una enmienda enfocada a 'frenar el dogmatismo climático' con China como "gran beneficiario".
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