El Gobierno se ha comprometido con Bruselas a aprobar una reforma del sistema de cotización de los trabajadores autónomos para que empiecen a pagar en función de sus ingresos reales y ayuden a insuflar recursos a la caja común para garantizar la sostenibilidad de las pensiones públicas a largo plazo. Pero el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha reconocido a los agentes sociales y a las distintas asociaciones de trabajadores autónomos con las que está negociando que la propuesta inicial que ha puesto sobre la mesa supondrá una merma de ingresos en el primer año de implantación y no empezará a generar recursos adicionales para el RETA hasta más avanzado el despliegue del nuevo esquema de cotización.
Fuentes del diálogo social revelan a La Información que, en los primeros compases de las negociaciones, el equipo de José Luis Escrivá admitió en una de las reuniones a puerta cerrada que su propuesta, por la que dos de cada tres autónomos pagarían menos con el nuevo sistema de cuotas, tendría un impacto negativo sobre la recaudación durante el primer año. A partir de ahí, el Ministerio modificó en varias ocasiones su planteamiento, hasta la última oferta formal que trasladó a patronales, sindicatos y asociaciones de autónomos el pasado 28 de febrero, pero según estas fuentes los cálculos respecto al impacto en los ingresos de la Seguridad Social no variaron.
Desde el Ministerio evitan aportar estos cálculos internos y se remiten a la Memoria del Análisis de Impacto Normativo que acompañará al texto legal cuando éste esté redactado, si bien fuentes al tanto de las negociaciones consultadas por este medio insisten en que la previsión extraoficial del Gobierno pasa por soportar esa merma de recaudación en 2023, para alcanzar después con el despliegue del nuevo esquema de cotización una media de en torno a 2.000 millones de ingresos extra anuales para el RETA. Esa cantidad cubriría aproximadamente el 20% del déficit del sistema, que según las proyecciones del Ministerio para este año superará los 10.000 millones de euros (la diferencia entre 11.400 millones de ingresos presupuestados por cuotas y unos 22.000 millones de gasto en prestaciones).
Los cálculos del Ministerio se remontan a esa fase inicial de las negociaciones porque la última propuesta que Escrivá reconoce como formal es la que remitió a la mesa de negociación el pasado 28 de febrero. Tras el estallido de la guerra, la negociación se paralizó, principalmente por el rechazo de ATA, la organización de autónomos asociada a la patronal CEOE, a sentarse a hablar sobre una reforma de tal calado en un momento económico tan delicado. Sin embargo, como se reveló en estas páginas, Escrivá continuó negociando entre bambalinas con las asociaciones de autónomos vinculadas a los sindicatos, UATAE (CCOO) y UPTA (UGT), hasta aproximar un esquema de tramos y cuotas para los próximos tres años.
El Ministerio, no obstante, no se hace responsable de esa propuesta que tenía prácticamente ultimada con los sindicatos, según aseguran fuentes al tanto de las negociaciones, y que finalmente no verá la luz porque la patronal decidió volver a las negociaciones tras enterarse por las revelaciones de este medio de que Escrivá estaba negociando de manera bilateral con UPTA y UATAE. En cualquier caso, respecto al impacto en las cuentas públicas de esa propuesta que estaba tomando forma en la negociación bipartita con sindicatos, ni el Ministerio, ni las organizaciones sindicales ni los representantes de los autónomos disponen de cálculos, aunque previsiblemente no tendría tal efecto negativo en 2023 porque en el rango de mayores ingresos prácticamente duplicaba la cuota máxima que propuso Escrivá en un principio, hasta alcanzar los 600 euros mensuales.
La CEOE, que la semana pasada negó categóricamente haber participado en esos contactos informales que el Ministerio sí había mantenido con una parte de la mesa, dio un golpe en la mesa y presentó su contrapropuesta conjunta con Cepyme y ATA, en un movimiento que descolocó tanto a UPTA y UATAE como a la Seguridad Social. En su planteamiento, los empresarios proponen cuotas más reducidas de manera generalizada, de entre 205 euros para los que menos ganan y 330 euros en el tramo más alto de ingresos en 2023. Aún así, desde la patronal aseguran que su propuesta en ningún caso tendrá un impacto negativo en la recaudación, sino que el efecto sería prácticamente nulo el próximo año y a partir de ahí los ingresos irían incrementándose. Si bien ni CEOE, ni Cepyme ni ATA aportan los cálculos en los que se apoya esa afirmación.
En estos momentos, Escrivá tiene dos propuestas formales sobre la mesa, la de la patronal y la de los sindicatos, pero está evitando convocar una reunión para valorar las mismas con el objetivo de dejar que los ánimos se calmen tras el cisma que provocaron sus negociaciones bilaterales. Es más, el ministro responsable de la reforma, en lugar de convocar a los agentes implicados a la mesa formal de negociación, ha lanzado la pelota al tejado de las organizaciones de autónomos, instando a sus responsables a acercar posiciones y provocando su rechazo absoluto a ese planteamiento. Tanto ATA como UPTA y UATAE consideran que es el Ministerio el que debe reunirles para negociar y descartan mantener contactos previos entre ellos para intentar llegar a un consenso y darle el trabajo hecho a Escrivá.
Comentarios