Dos millones y medio de bajas laborales derivadas de la Covid-19. Es lo que espera el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para el cierre de este año, según figura en el Informe Económico-Financiero que acompaña los Presupuestos de este departamento para 2021. Para hacerse una idea de lo que supone esta cifra, como referencia, en estos momentos hay unos 19 millones de ocupados en España, lo que implicaría que en el conjunto de este ejercicio se habrán contagiado en torno al 13% de los trabajadores. Sin embargo, hay que tener en cuenta que un mismo afiliado puede haberse visto inmerso en varios procesos de incapacidad temporal a lo largo del año. Para poner los datos en contexto, basta otra referencia: hasta la fecha, el Ministerio de Sanidad ha notificado 1,7 millones de contagios.
El baile de cifras entre los casos confirmados por Sanidad y las bajas laborales por Covid registradas en la Seguridad Social ha sido una constante desde el inicio de la pandemia. Los últimos datos de procesos de incapacidad temporal, correspondientes septiembre (1.645.000) duplicaban los contagios oficiales. Si bien hay que tener en cuenta que solo el 25% de las bajas laborales se corresponden con casos de Covid confirmados con prueba diagnóstica, mientras el 75% son aislamientos con baja médica, aunque no dispongan de una prueba positiva en coronavirus, ya sea por ser contactos directos o por estar enfermos pero no haberse hecho PCR. Tampoco hay que olvidar que las incapacidades temporales se atribuyen a personas en edad de trabajar, de modo que solo entra la población de entre 16 y 65 años.
Hechas las aclaraciones, de acuerdo con las cuentas elaboradas por los técnicos del equipo de José Luis Escrivá, este aluvión de 2,5 millones de procesos de incapacidad temporal por Covid, con una duración media de 18,3 días, tendrá un coste para las arcas públicas de 1.369 millones de euros en este ejercicio, cantidad que las mutuas, que tienen encomendado el pago de estas prestaciones en su calidad de entidades colaboradoras de la Seguridad Social, elevan considerablemente. En cualquier caso, el Gobierno no reserva en los Presupuestos de 2021 ninguna partida para los periodos de aislamiento o contagio de las personas trabajadoras como consecuencia del virus, que tienen la consideración de situación asimilada a accidente de trabajo a efectos de la prestación económica por incapacidad temporal del sistema de Seguridad Social, tal y como se desveló en estas páginas.
Fuentes del departamento de Escrivá explican que, por la propia imprevisibilidad de la pandemia, la cifra es imposible de estimar. Sin embargo, habida cuenta de que más de la mitad de la población seguirá sin estar vacunada en el primer semestre, resulta difícil prever que no habrá ningún trabajador de baja por Covid en 2021. Además, la ausencia de una partida por este concepto llama la atención porque, por la misma regla, tampoco sería posible determinar cuántas empresas van a solicitar un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) y cuántos trabajadores pueden resultar afectados, y aquí tanto la Seguridad Social como el Ministerio de Trabajo sí han hecho previsiones al proyectar un coste de 718,5 millones de euros en prestaciones y 435 millones en exoneraciones de cotizaciones sociales.
En los Presupuestos de 2021 también se prevé un gasto de 400,4 millones en prestaciones extraordinarias por cese de actividad para trabajadores autónomos y 168,6 millones en exenciones de cuotas. Estos fondos, en cualquier caso, solo prevén la cobertura de las ayudas en el mes de enero, tal y como se acordó en el último pacto con los agentes sociales. Aun así, hay que matizar que no se descarta que se puedan hacer ampliaciones presupuestarias si es necesario para ampliar el 'escudo social' más allá del 31 de enero. De hecho, a la vista de la evolución de la pandemia, tanto la patronal como los sindicatos ya están reclamando al Gobierno que prorrogue las ayudas a empresas y trabajadores, porque van a ser necesarias, al menos, hasta mediados del próximo año.
Datos útiles para Simón
Las bajas por Covid han ido evolucionando al compás del desarrollo de la propia pandemia, de manera que empezaron a remitir a finales de mayo y durante los meses de junio y julio, coincidiendo con la 'desescalada', pero se dispararon a mediados de agosto, con la segunda oleada de contagios, y han seguido creciendo intensamente en septiembre y octubre, según figura en el citado informe Económico-Financiero de los Presupuestos de la Seguridad Social. No obstante, la cifra actual de bajas no se conoce, ya que este departamento no publica los datos con periodicidad mensual. Desde el ministerio del ramo explican que los datos diarios requieren un tratamiento estadístico y que se está intentando acortar los plazos de publicación, ya que el incluso el propio Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, que dirige Fernando Simón, le ha trasladado a Escrivá que esta estadística es muy útil para hacer seguimiento de la pandemia.
El informe Económico-Financiero asume que "el gasto en incapacidad temporal en 2020 se verá incrementado porque los periodos de aislamiento o contagio de los trabajadores como consecuencia del virus Covid-19 tienen la consideración de situación asimilada a accidente de trabajo, a efectos de la prestación económica por incapacidad temporal del sistema de Seguridad Social", de modo que estas bajas están mejor remuneradas que si se consideraran enfermedad común. Y añade que la pandemia no está afectando por igual a todas las provincias españolas, como también reflejan los datos de contagios de Sanidad, con 9,2 procesos de incapacidad temporal por cada 100 afiliados en Guadalajara, seguida de Lleida, con 7,2, en la parte alta de la tabla. Mientras, entre las provincias con menos incidencia en base a este indicador destacan Pontevedra o Huelva, en negativo (-5,3) o Córdoba (-5), frente a una media nacional de 10,2 procesos.
Más allá de la información que aporta la Seguridad Social, la cobertura de la avalancha de bajas médicas de trabajadores asociadas a la Covid, bien por contagios o por cuarentenas derivadas de éstos, se ha convertido en un problema financiero de enorme magnitud. Los datos que maneja el sector de las mutuas de accidentes de trabajo apuntan a que la factura real de las bajas médicas de 2020 excederá al cierre del ejercicio en más de 3.000 millones de euros la financiación pública prevista para darle cobertura, lo que está dejando a las entidades en una situación financiera límite, ya que se están viendo obligadas a asumir ese sobrecoste ante la ausencia de inyecciones financieras adicionales por parte de las arcas públicas.
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