La primera parte de la reforma de las pensiones se centró en la garantía del poder adquisitivo y en la aproximación de la edad real de jubilación a la legal a través de dos vías: la penalización del retiro anticipado y los incentivos para que los trabajadores puedan prolongar su vida laboral a pesar de haber cumplido la edad ordinaria para abandonar el mercado de trabajo. Pero el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones dejó pendiente el desarrollo reglamentario de una de las opciones más novedosas y atractivas para aquellos interesados en retrasar su jubilación y, nueve meses después de la entrada en vigor de la normativa, el departamento que dirige José Luis Escrivá acaba de activar la maquinaria para ponerlo en marcha.
Hay que recordar que desde el 1 de enero de 2022 la persona que retrasa voluntariamente el momento de la jubilación puede percibir un complemento económico en la pensión cuando decida jubilarse, teniendo la posibilidad de elegir entre un porcentaje adicional del 4% por cada año completo cotizado después de cumplir la edad ordinaria, lo que supondrá un aumento de la cuantía de la pensión, o una cantidad a tanto alzado por año cotizado, que se recibe en el momento de la jubilación, depende de los años que se haya cotizado cuando se llega a la edad de jubilación, y que va desde los 5.000 hasta los 12.000 euros, aproximadamente.
Ahora bien, la ley acordada en el marco del diálogo social y validada por el Congreso de los Diputados a finales del año pasado dejó prevista la posibilidad de combinar ambas opciones "en los términos que se determine reglamentariamente". Pero ese desarrollo reglamentario hasta ahora no se ha puesto en marcha, por lo que esta opción que permitiría un incentivo mixto entre el porcentaje adicional anual y el pago único aún no está disponible para aquellos que decidan retrasar su edad de jubilación. Esto impide, de momento, optar por el modelo combinado a la hora de tomar la decisión de permanecer durante más años en el mercado laboral.
Era una de las tareas pendientes del primer bloque de la reforma del sistema de las pensiones y Escrivá se ha puesto manos a la obra. El Ministerio acaba de sacar a consulta pública -un trámite que tiene por objeto recabar la opinión de ciudadanos, organizaciones y asociaciones antes de la elaboración de un proyecto normativo- un proyecto para desarrollar el régimen jurídico de este complemento económico. El proceso de consulta está abierto en la página web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones desde este martes 13 hasta el próximo día 28 de septiembre. Y la idea del ministro Escrivá es aprobar una norma con rango de real decreto tras recopilar todas las aportaciones pertinentes.
En el documento de la consulta pública, elaborado por la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, se explica que en el artículo 210.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, en la redacción dada por la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones, quedó pendiente el desarrollo reglamentario de la opción mixta del complemento por retiro demorado.
Y se indica que en la nueva norma se pretende desarrollar ese reglamento jurídico así como incorporar "algunas precisiones necesarias" relacionadas con la percepción del indicado complemento económico, como la relativa a la determinación de su importe en los supuestos en que la pensión de jubilación que determina el derecho al mismo se causa por totalización de períodos de seguro a prorrata temporis en aplicación de normativa internacional, o el desarrollo de la previsión relativa a la incompatibilidad de la percepción del complemento con el acceso al envejecimiento activo previsto en el artículo 214 del texto refundido de la LGSS.
Son algunos de los cambios que va a incorporar el Ministerio en la reforma del sistema público de las pensiones vigente, un proceso que se va a desarrollar en paralelo a la negociación del segundo bloque de la reforma comprometida con la Comisión Europea, que ha arrancado esta misma semana con una primera toma de contacto entre el secretario de Estado de la Seguridad Social y los representantes de la patronal y los sindicatos y que debe culminar antes de que acabe el año con un acuerdo sobre la ampliación del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión, incorporando cambios en el tratamiento de las lagunas de cotización, así como el incremento de las bases máximas de cotización y de la pensión máxima.
Precisamente, desde el flanco sindical advierten al Ministerio de que antes de arrancar la segunda fase de la negociación deben concretarse algunos de los acuerdos alcanzados en el primer bloque, ya que "no existe ninguna justificación para que no se hayan llevado a efecto", denuncian desde CCOO. Se refieren a que en el inicio del curso 2022/2023 debería haberse regulado la cotización de todas las personas que desarrollan programas de formación vinculadas a estudios universitarios y de formación profesional. Asimismo, continúan sin solución normativa los problemas que se vienen produciendo en el cálculo de la base reguladora de la prestación de incapacidad temporal de las personas con contrato fijo-discontinuo, especialmente en el sector agrario, y está pendiente la puesta en marcha del proyecto normativo de creación de la comprometida Agencia de la Seguridad Social.
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