La guerra provocada por Vladimir Putin en Ucrania y sus consecuencias sobre la economía española han trastocado la agenda reformista del Gobierno. La prioridad en estos momentos es apuntalar el plan de choque para frenar la escalada de los precios energéticos y amortiguar sus efectos sobre las rentas de las familias y el tejido productivo y, ante esta emergencia, el Ejecutivo se ha visto obligado a paralizar algunas de las reformas económicas previstas en el Plan de Recuperación del que dependen los fondos europeos. Es el caso de la reforma del sistema especial de cotización de los trabajadores autónomos, que en estos momentos está en el aire.
Hace más de un mes que se metió en el cajón y, ante la incertidumbre provocada por el conflicto bélico, las prioridades del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han cambiado para focalizarse en la respuesta a la guerra, especialmente ante la llegada masiva a España de refugiados ucranianos. Aunque el calendario comprometido con la Comisión Europea no varía -la reforma del RETA tiene que estar aprobada antes del 30 de junio- el ministro José Luis Escrivá está dispuesto a flexibilizar el despliegue temporal del nuevo marco de cotización para no perjudicar a los autónomos que están sufriendo las consecuencias de la crisis energética cuando todavía no se habían recuperado de la pandemia.
La última reunión entre el Ministerio y las asociaciones de autónomos se produjo el 28 de febrero, 4 días después de la invasión rusa. La Seguridad Social puso sobre la mesa una nueva fórmula para que los autónomos coticen por sus ingresos reales, reduciendo la carga para quienes menos ganan, incrementándola para los que obtienen beneficios elevados y buscando ingresos adicionales a cambio de mayores prestaciones. Escrivá presentó este planteamiento tras el rechazo de Unidas Podemos al anterior borrador, que cargaba cuotas superiores a los autónomos que están en los tramos más bajos de ingresos. La última propuesta, por tanto, rebajaba las cuotas a los autónomos con menos ingresos y elevaba la de los que ingresan más.
Pero la reforma, tal y como está planteada, sigue implicando una importante subida de cuotas para muchos autónomos que se van a ver obligados a hacer un mayor esfuerzo contributivo con el nuevo sistema de cotización. La intención inicial del Gobierno era tenerla aprobada antes del verano de 2022, para que entrase en vigor progresivamente a partir de 2023 y estuviera plenamente en funcionamiento en el año 2031, tras un periodo transitorio de 9 años. Pero la incertidumbre que ha provocado el estallido del conflicto bélico en suelo europeo y su impacto sobre la economía española, especialmente sobre los precios energéticos, podría alterar este calendario.
Al menos, el Ministerio está abierto a escuchar a las asociaciones de trabajadores autónomos y flexibilizar los plazos si así lo consideran oportuno ante la crisis actual. La reforma tendría que estar aprobada, a más tardar, a finales del próximo mes de junio, según se ha comprometido el Gobierno con la Comisión Europea en el Plan de Recuperación, pero los tiempos de despliegue podrían ser objeto de negociación. Esta sería una vía para suavizar su impacto sobre los autónomos que están sufriendo las consecuencias de esta nueva crisis económica provocada por la escalada de los costes y agravada por la incertidumbre sobre el desenlace de la guerra.
Así lo confirmaba el secretario de Estado de Seguridad Social, Israel Arroyo, este lunes durante la rueda de prensa de presentación de los datos de paro y afiliación de marzo. El número dos de Escrivá comenzaba su intervención explicando que la reforma del régimen especial de los trabajadores autónomos (el conocido como RETA) es una de las más complicadas del Plan de Recuperación y la más compleja del ámbito de la Seguridad Social, porque implica "un cambio muy importante de un sistema de cotización que afecta a tres millones y medio de personas" y requiere "intercambios de datos masivos entre las distintas agencias tributarias y la Seguridad Social", además del "desarrollo de sistemas de interconexión que a día de hoy aún tienen que crearse", admitía el secretario de Estado.
El ritmo para alcanzar el objetivo
En este sentido, Arroyo recordaba que el acuerdo alcanzado con los agentes sociales en julio del año pasado, en el marco de la primera parte de la reforma del sistema de las pensiones, incorporaba un periodo transitorio de 9 años y dejaba abierto a negociación cuál tendría que ser el ritmo para llegar al objetivo de cotización por ingresos reales. "En eso estamos todavía, el ritmo depende de muchos factores, económicos, técnicos... en ningún caso la reforma no va a empezar a aplicarse, otra cosa es qué significa ese 'empezar a aplicarse', puede significar ir más rápido o ir más lento y sobre eso no tenemos una posición cerrada, hay que escuchar a los agentes sociales y estar abierto a lo que ellos planteen, de eso se trata el diálogo social".
De este modo, el responsable que se sienta en las mesas de negociación en nombre de la Seguridad Social dejaba la puerta abierta a suavizar la reforma inicialmente planteada, modificando los plazos de despliegue de la misma para favorecer una adaptación más transitoria de los autónomos a los nuevos tramos de cotización. En cualquier caso, descartaba la opción planteada por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), que ha pedido al Gobierno retrasar la entrada en vigor del nuevo marco hasta el año 2025. La reforma entrará en vigor, sí o sí, en 2023, aunque se aplicará paulatinamente durante un amplio periodo transitorio. Y para ello tiene que estar aprobada en junio, por lo que el Ministerio tiene que retomar las negociaciones cuanto antes. De momento, no hay ninguna reunión prevista.
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