El Gobierno ha dado luz verde este martes al proyecto de Ley que incorpora a la legislación nacional el acuerdo global para que las grandes empresas paguen un tipo mínimo efectivo del 15% en el impuesto sobre Sociedades en todos los territorios donde tienen actividad y desincentivar, así, que trasladen sus beneficios a paraísos fiscales o a países con niveles muy bajos de impuestos. El pacto fue adoptado por 140 estados de la OCDE, la organización que engloba a las economías más desarrolladas, y España tenía pendiente detallar cómo iba a incorporar la directiva europea que lo desarrolla.
Finalmente, el Consejo de Ministros ha aprobado en segunda vuelta el Anteproyecto de Ley para transponer la Directiva europea (UE) 2022/2523 del Consejo, de 15 de diciembre de 2022, relativa a la garantía de un nivel mínimo global de imposición del 15% para los grupos de empresas multinacionales y los grupos nacionales de gran magnitud en la Unión. Este proyecto, que será remitido al Congreso para su tramitación y posterior aprobación, supone seguir las recomendaciones del conocido como 'Pilar 2' del programa BEPS de la OCDE.
Esta norma permitirá fijar el tipo mínimo global del 15% a aquellos grupos cuya cifra consolidada de negocios sea igual o superior a 750 millones de euros netos, de acuerdo con los estados financieros consolidados de la entidad matriz última. Este requisito deberá cumplirse al menos en dos de los últimos cuatro ejercicios inmediatamente anteriores.
Quedarían excluidos de su aplicación los entes públicos, las organizaciones sin ánimo de lucro o los fondos de pensiones, entre otras organizaciones. La futura legislación permitirá a España seguir impulsando medidas contra la planificación fiscal agresiva, teniendo en cuenta que ya opera en nuestro país un tipo mínimo del 15% en el Impuesto sobre Sociedades.
La directiva prevé la creación de un impuesto complementario que puede adoptar tres configuraciones, siendo todas compatibles entre sí. Como España ya cuenta con un tipo mínimo del 15% sobre base imponible, no necesita aplicar la primera de ellas.
La segunda supone que cuando el grupo multinacional o el grupo nacional de gran magnitud tenga una tributación efectiva (calculada por cada jurisdicción en la que tenga presencia) inferior al tipo impositivo mínimo del 15 por ciento, estará sujeto a un gravamen adicional.
Este será el denominado impuesto complementario primario, que será el importe que permite alcanzar el tipo impositivo efectivo mínimo del 15 por ciento, en cada jurisdicción con un nivel impositivo bajo. Además, está previsto un impuesto complementario secundario que actúe como "sistema de cierre" y que servirá para garantizar la imposición mínima establecida.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, confía en que el proyecto pueda cosechar un "amplio respaldo parlamentario" de todos los grupos que creen en un "sistema fiscal más justo". Durante su intervención en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros la 'número dos' del Gobierno ha querido poner en valor el "duro y complejo camino" para lograr este acuerdo en el que, asegura, España ha tenido un papel destacado.
El retraso en su aprobación y los trabajos europeos
El pasado jueves, la Comisión Europea dio un paso más en el expediente que abrió en enero a España y otros cinco países por no haber informado aún sobre las medidas que pensaban adoptar para incorporar a su legislación esta directiva europea, que constituye una "prioridad" para Bruselas. España, junto a Chipre, Letonia, Lituania, Polonia y Portugal, debía haber notificado cómo incluiría esta directiva en su legislación antes del pasado 31 de diciembre, si bien la convocatoria anticipada de las elecciones generales y el retraso en la formación del Gobierno impidieron al Ejecutivo avanzar en esta iniciativa.
Después de meses de negociaciones, los Veintisiete lograron pactar ese impuesto mínimo a nivel comunitario para las multinacionales a mediados de diciembre de 2022. Pocos días después, el Ejecutivo de Pedro Sánchez dio un paso en solitario e implementó un tipo mínimo del 15% en Sociedades a nivel nacional.
Habrá nuevos Presupuestos para 2025
El Ejecutivo trabaja ahora de lleno en la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado de 2025, después de haber renunciado a sacar adelante las cuentas de 2024 por la convocatoria de elecciones anticipadas en Cataluña y su cercanía a las vascas y a los comicios al Parlamento Europeo del próximo domingo. Montero ha incidido en que habrá unos nuevos presupuestos para el año que viene "con independencia de los resultados de las elecciones europeas".
La vicepresidenta ha explicado que la última vez que el Gobierno se acercó a los grupos en relación al próximo proyecto de cuentas públicas "se avanzó bastante" en el diálogo. "Ahora ya cuando llegue el momento de su preparación, tendremos que retomar esas conversaciones al punto donde se dejaron para tener el presupuesto en tiempo y en forma a la mayor brevedad posible", ha asegurado.
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