Golpe para Cataluña. Según ha indicado la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), esta comunidad autónoma será la que tenga un mayor incremento del gasto en intereses vinculado a la deuda pública durante los próximos tres años. Así, los cálculos indican que la Generalitat tendrá que pagar hasta 2.412 millones de euros en el año 2026. Así aparece en el informe titulado 'Estimación del gasto futuro en intereses de la deuda pública de las CCAA', recogido por Europa Press, donde se prevé que Cataluña tenga una variación de 1.383 millones de euros del gasto en intereses entre el año 2022 y el 2026.
En cuanto a esta variación entre el gasto en intereses entre 2022 y 2026, Comunidad Valenciana es la segunda comunidad, con 985 millones de euros. Les siguen Andalucía (633 millones); Madrid (343); Castilla-La Mancha (270); Castilla y León (223); Murcia (219); Galicia (204); Aragón (152); Baleares (141); Canarias (113); País Vasco (104); Extremadura (92); Asturias (72); Cantabria (56) y Navarra (30).
Para hacer esta estimación, Fedea ha tomado como referencia las previsiones de crecimiento del PIB nominal y los objetivos de referencia para el déficit público de las CCAA recogidas en la Actualización del Programa de Estabilidad, la vida media y los plazos de la deuda pública actualmente en circulación, y los tipos de interés existentes desde 2014.
Un tipo de interés del 2,6%
Mientras que a lo largo del periodo 2014-2021, el tipo de interés medio para la deuda pública objeto de análisis ha sido del 0,529%, en los momentos actuales supera 3%. En este sentido, las estimaciones del diferencial entre el tipo de interés de la deuda emitida en años anteriores y el tipo de interés al que se emite en estos momentos se sitúan en el 2,6%.
Así, si las CC.AA. solo emitiesen deuda para satisfacer los vencimientos de la deuda actualmente en circulación, el gasto autonómico en intereses se elevaría desde los 3.608 millones de euros de 2022 hasta los 8.659 millones de euros en 2026. Esto significa multiplicar por 2,2 los recursos dedicados actualmente a satisfacer los gastos financieros de la deuda pública autonómica.
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