La patronal de las pequeñas y medianas empresas CEPYME ha organizado este martes una jornada centrada en la productividad que coincide con la recta final de la negociación con el Ministerio de Trabajo para reducir la jornada laboral. Una conversación que los empresarios dan por perdida en la cuenta atrás activada por Yolanda Díaz, por apreciar que no se van a introducir elementos de compensación que han sido útiles en otros países como Francia, Portugal o Bélgica. Elementos que el director de Coyuntura Económica de Funcas, Raymond Torres, ha sido el encargado de poner sobre la mesa como receta de éxito: flexibilidad, tiempo de adaptación para las empresas y negociación colectiva para canalizarla.
El responsable del 'think tank' ha evitado pronunciarse sobre las medidas concretas que ha planteado el Gobierno a los agentes sociales en la última semana, pero ha hecho un análisis de las reducciones aplicadas por ley en otros países de nuestro entorno para destacar riesgos, errores a evitar y medidas que sería deseable introducir para paliar el aumento de costes asociado a la reforma. "La jornada laboral es un ámbito privilegiado del diálogo social, pero cuando esa reducción no se produce en los convenios colectivos y es legislada por norma, sabemos que produce un incremento del coste laboral al mantener los salarios. Además, en algunos sectores tensionados puede haber problemas para sustituir personal" ha advertido en una de las mesas redondas.
La jornada laboral de 35 horas semanales entró en vigor en Francia a comienzos de 2002, pero esta política estuvo acompañada por un paquete de medidas compensatorias, tal y como ha recordado Torres. "Sabemos que hay medidas compensatorias que pueden hasta anular el incremento de coste, en el caso francés se redujeron las cotizaciones sociales y los costes se han podido compensar salvo en esos sectores donde no había sustitución de mano de obra" ha explicado. No obstante, hay otras vías como el caso de Bélgica, donde se optó por redistribuir la jornada de forma que se dieron "nichos de productividad" a pesar de que en términos medios se trabajasen menos horas tras introducir las 38 horas semanales.
En Portugal se rebajó la jornada laboral máxima de 44 a 40 horas por ley, algunos sectores ya habían tenido la oportunidad de negociarlo, según ha expuesto el director de Funcas, lo que se tradujo en un incremento de la productividad que compensó el de los costes. "La experiencia nos dice que ni se generó ni se destruyó empleo en términos netos, pero produjo resultados dispares en la productividad y la satisfacción en el trabajo, ya que en términos generales los trabajadores que cobran poco prefieren trabajar más horas que tener una reducción de jornada" ha expuesto Torres.
El responsable de Coyuntura Económica también ha incluido entre sus recomendaciones el elemento de la gradualidad que la experiencia dicta que sea de al menos dos años para que las empresas puedan adaptarse al nuevo marco sin que aumente la incertidumbre o se cree una situación de inseguridad jurídica. "Se trata de encontrar maneras de reorganización del trabajo para encontrar nichos de productividad". Un punto que no se cumpliría si Trabajo y los sindicatos sacan adelante el borrador que está encima de la mesa y que junto a la flexibilidad horaria que podría tomar forma de horas extra o modular la jornada a través de año contribuirían a mermar el impacto en los costes en el marco de la negociación colectiva.
El Gobierno quiere establecer una jornada equivalente a 38,5 horas a la semana para finales de 2024 y de 37,5 horas en 2025 -dado que se negocia en términos anuales-, una política que tendría un especial impacto en las empresas medianas y pequeñas que acostumbran a tener jornadas más largas y en consecuencia, experimentarán un mayor incremento del coste laboral al mantener el nivel salarial que se aplica ahora para las 40 horas. Pero también se verán más afectadas por la escasez de mano de obra, tal y como ha advertido el representante de Funcas, en un contexto en el que el paro ha dejado de ser un problema en la mayoría de países europeos y solo España y Grecia están lejos del pleno empleo.
Según ha podido contrastar este medio, las patronales plantearon algunas de estas soluciones en la mesa de diálogo bipartito con los negociadores de CCOO y UGT, pero los representantes de los trabajadores pusieron fin a la conversación tras no haber llegado a ningún acuerdo después de cinco meses de reuniones. El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha explicado que también han trasladado al Gobierno estas posibilidades al Ministerio de Trabajo de forma verbal pero que aprecian que el Gobierno no muestra ninguna disposición a abrir el proyecto a sus demandas.
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