Las diferencias entre productores primarios y la industria transformadora en el sector lácteo son recurrentes en los últimos años, especialmente tras el fin de las cuotas lácteas europeas, cuando toca renovar los contratos de compra y fijar el precio al que se va a adquirir la leche cruda en origen. Sin embargo, estos debates han tenido este miércoles un escenario singular: la Sala Tercera de lo Contencioso - Administrativo del Tribunal Supremo, que ha acogido una sesión del proceso que judicial para dirimir el recurso presentado por la Federación Nacional de Industrias Lácteas (Fenil) contra el Real Decreto 374/2022 que regula las condiciones de contratación en esta actividad.
Ante el Alto Tribunal se ha personado una delegación de la UPA , encabezada por el secretario general de Unións Agrarias- UPA Galicia Roberto García para presentar ante los magistrados informes periciales para "blindar" la Ley de la Cadena Agroalimentaria que creen que se está cuestionando en este proceso. Desde esta organización agraria han criticado que las industrias lácteas sean las únicas que han dado este paso y acusan a Fenil de querer "desmontar" la norma reformada a finales de 2021. Un extremo que, en esta patronal, niegan tajantemente.
García (Unións Agrarias- UPA Galicia) ha defendido la prohibición de la Ley de la Cadena Alimentaria de vender la leche cruda, en origen, a pérdidas como un elemento "ajustado a derecho que debe seguir plentamente en vigor". En este sentido, ha arremetido contra la industria transformadora a la que acusa "ejercer un derecho de pernada" y de "imposición de precios al eslabón más bajo, como vienen haciendo desde el año 2000". En este sentido, ha recordado que en España hay hoy poco más de 10.000 explotaciones ganaderas frente a las 60.000 que existían al inicio del siglo. En su opinión, la industria quiere seguir imponiendo precios sin tener en consideración ni los costes de producción ni la situación del mercado "tal y como están volviendo a hacer en los contratos que se están renovando desde el pasado mes de abril".
Desde esta patronal, en un comunicado remitido a este medio, declinan hacer valoraciones sobre el estado del recurso "con el fin de no obstaculizar el proceso judicial en curso" pero sí justifican la decisión de recurrir esta normativa - que viene a adapatar determinados aspectos de la Ley de la Cadena Agroalimentaria - en "la clara inseguridad" de esta regulación para la cadena de valor (ganaderos, cooperativas e industrias). En su opinión, la clave está "en la imposibilidad de determinar los costes efectivos de producción de cada ganadero individual" tal y como establece el Real Decreto y que encuentra su apoyo en la prohibición general de remunerar a los productores primarios por debajo de costes introducida en la Ley de la Cadena. Para Fenil, esto resulta imposible "en un sector de producción continua y diaria cuyos costes pueden variar día a día, mes a mes, trimestre a trimestre, a lo largo de un mismo contrato".
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