El pasado 27 de junio el Gobierno inició la liturgia de los Presupuestos Generales del Estado con la orden de elaboración publicada por el ministerio de Hacienda, donde instaba a los distintos departamentos a informarle de sus necesidades de gasto de cara al año que viene. Cumplido este primer trámite y una vez comunicados a las comunidades autónomas y a las entidades locales la senda de déficit para 2025 y los dos siguientes ejercicios y los objetivos concretos a los que deberán ceñirse, el Consejo de Ministros da otro paso más este martes con la aprobación del límite de gasto no financiero y con la publicación de las nuevas previsiones económicas que servirán de engranaje para las nuevas cuentas del Estado.
Lo hará al tiempo que, previsiblemente, el Fondo Monetario Internacional (FMI), mejore también desde Washington sus proyecciones para la economía nacional -la rueda de prensa está prevista a las 15:00 horas-, sumándose a la cascada de revisiones al alza que han hecho ya la Comisión Europea, el Banco de España o la OCDE, entre otros.
De momento, una evolución de la actividad mejor de lo previsto hasta marzo, cuando el PIB creció al 0,8% trimestral, y los indicadores disponibles del conjunto del primer semestre dan al Gobierno de Pedro Sánchez algo de oxígeno con el que afrontar un proyecto que será esencial de cara a garantizar la continuidad de una legislatura complicada por la inestabilidad parlamentaria y las dificultades para alcanzar las mayorías suficientes con las que aprobar sus reformas.
Cataluña y el escollo de la financiación autronómica
Está por ver si el nuevo techo de gasto refleja ese mayor margen que ofrece la situación económica -y su reflejo en la recaudación tributaria-. En las cuentas de 2024, a las que el Ejecutivo de Sánchez tuvo que renunciar por el adelanto electoral en Cataluña y su cercanía con las elecciones vascas y europeas, esa cifra alcanzó el récord de 199.120 millones de euros incluidos los fondos Next Generation, con un alza del 0,5% respecto a 2023. Sin contar con el impacto del mecanismo europeo la cifra rondaba los 189.200 millones de euros, lo que implicaba un aumento del 9,3% en relación al ejercicio previo.
Los vientos en contra vendrán por las dificultades para conformar un nuevo Ejecutivo en Cataluña con Salvador Illa al frente -el PSC se encuentra en plenas negociaciones con ERC para lograr los apoyos suficientes con que lograrlo- y a cuenta del sudoku de la financiación autonómica, que sigue lejos de resolverse, como ha puesto de manifiesto la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), celebrado el lunes.
Los territorios recibirán más dinero que nunca del sistema de financiación en 2025, puesto que las entregas a cuenta ascenderán a 147.412 millones de euros (un 9,5% más que este año) y a esta cantidad se sumará la liquidación positiva de más de 11.000 millones a cargo del ejercicio 2023, que será la segunda mayor de la historia. Ni esos recursos ni el mayor margen en sus cuentas han aplacado la tensión de buena parte de las autonomías a cuenta de la propuesta de una financiación singular para Cataluña.
A la mayoría de regiones -el PP gobierna en 11 de las 15 autonomías de régimen común- sigue sin convencerles la propuesta del Gobierno central de que sean el PSOE y el PP al más alto nivel los que negocien "con discreción" la reforma del actual modelo de reparto, que caducó en 2014, pero por encima de todo les chirría que se ponga énfasis en la "singularidad" de un único territorio, cuando existen varios que se encuentran infrafinanciados por el actual sistema, como es el caso de Andalucía, Comunidad Valenciana, Murcia y Castilla-La Mancha.
Los Presupuestos y las nuevas reglas fiscales
Mientras, el Gobierno tiene por delante la tarea de incorporar a las cuentas públicas las orientaciones que ha venido dando Bruselas a raíz de la entrada en vigor de las nuevas reglas fiscales. En este sentido, Diego Martínez López, catedrático de economía en la Universidad Pablo de Olavide e investigador de Fedea, recuerda en 'La Información' que la nueva estrategia de gobernanza fiscal enfatiza en el cumplimiento de la regla de gasto y la vinculan al volumen de deuda. Pone un mayor acento en ambas que en los límites de déficit, pese a que su cumplimiento sea también imprescindible.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) calcula que la aplicación de las reglas fiscales en España exigirá un ajuste de 0,63 puntos de PIB al año entre 2025 y 2028. Ese 'tijeretazo' podría reducirse a 0,43 puntos del PIB si se extiende hasta 2031 gracias a la aprobación de reformas estructurales y de inversiones -como las que contempla el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia-. El organismo fiscalizador ve factible que España pueda proyectar su ajuste a siete años, lo que supondría un recorte de 6.000 millones de euros por ejercicio.
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