No es una modesta boardilla con aseo y sin ascensor ni una 'solución habitacional' a las que se refería en 2014 la ex ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo. El alquiler de una habitación en un piso compartido cuesta de media 645 euros en Barcelona. La Ciudad Condal ha adelantado a Donostia-San Sebastián y se ha convertido en la capital de provincia donde esta opción obliga a los inquilinos a hacer un mayor desembolso. Por detrás se sitúan Madrid, con 534,21 euros al mes y la propia capital vasca (517 euros), que encabezaba ese listado hace justo una década.
A falta de estadísticas oficiales a nivel nacional, las que publican periódicamente los portales inmobiliarios dibujan un mercado donde la tensión, lejos de aminorar, va a más mes a mes. La escasez de oferta se agrava en todo el territorio y sus efectos en forma de subida de los precios del alquiler se perciben, incluso, en aquellas zonas donde la presión de la demanda es menor por encontrarse lejos de las grandes urbes y áreas turísticas.
Esa escasez contrasta con una necesidad de viviendas que ha ido en aumento por los flujos migratorios (responsables también del dinamismo del mercado de trabajo), por el ritmo de creación de nuevos hogares y, en parte también, por el encarecimiento de los costes de financiación a raíz del alza de tipos que el Banco Central Europeo (BCE) aplicó hasta septiembre pasado -que ha expulsado a los sectores más vulnerables del mercado de compraventas-. Sin embargo, este último factor no sería tan determinante como los cuellos de botella en la oferta.
"Si se debiera únicamente a la subida de los tipos de interés, en aquellos lugares donde la demanda es normal no deberían estar aumentando los precios... y lo están haciendo", apunta a 'La Información' Sergio Cardona, responsable de estudios de la Fundación Alquiler Seguro. Las cifras que ofrece su último barómetro, elaborado en colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos, apuntan a un hundimiento del número de pisos en alquiler de más de un 28% desde 2021, a las puertas de aprobarse la nueva Ley de Vivienda. Desde entonces estos se han reducido desde 1.051.436 a alrededor de 754.360 este año.
Un mercado demasiado heterogéneo
Las políticas que las distintas administraciones públicas proponen para hacer frente a esta situación a menudo no responden a la heterogeneidad que el mercado de la vivienda en alquiler muestra a nivel nacional. Así, las soluciones que se han puesto sobre la mesa hasta la fecha no están resultando efectivas, dado que no tiene en cuenta las "profundas diferencias" que existen entre territorios, explican los autores del barómetro.
El precio del metro cuadrado se situó de media en 11,62 euros en mayo, lo que implica un incremento del 7% en relación al mismo mes de hace un año. Los alquileres más caros son los de Baleares (17,55 euros por metro cuadrado), Madrid (16,88 euros) y Cataluña (13,35 euros). De acuerdo con los datos que maneja la web pisos.com las tres regiones se sitúan muy lejos en términos de precios de aquellas en las que se anuncian los arrendamientos más baratos en promedio: La Rioja (4,46 euros por metro cuadrado), Castilla y León (4,99 euros) y Extremadura (5,25 euros).
Estas cifras impactan con una realidad social que el Banco de España ha querido señalar en su último 'Informe Anual'. Si en el resto de la Unión Europea el porcentaje de familias en alquiler que se encuentra en riesgo de exclusión alcanza el 31% de media, en España estas alcanzarían el 45% en el año 2022, antes de registrarse el último acelerón del precio de los alquileres.
El precio del alquiler se ha disparado de media un 78% en el conjunto del país a lo largo de la última década, según Fotocasa, al tiempo que la escasez de inmuebles ha ido afectando cada vez a más territorios. Las zonas tensionadas ya no abarcan sólo las áreas más céntricas de las grandes ciudades, apunta Ferrán Font, director de Estudios del pisos.com, sino que se han ido extendiendo a los distritos periféricos o municipios cercanos a las capitales.
La incertidumbre regulatoria pesa más que los impagos
El problema ha alcanzado tal magnitud que las soluciones que ha planteado el Gobierno resultan insuficientes, según advertía recientemente el Banco de España. La entidad calcula que harían falta 1,5 millones de nuevas viviendas en alquiler social y asequible, ocho veces más que las comprometidas por el Ejecutivo de coalición para toda la legislatura (los 184.000 a los que se refirió el presidente Pedro Sánchez en la pasada campaña de las elecciones generales). Actualmente, este tipo de inmuebles apenas representan el 1,5% del total en España, frente al 5% de media en la Unión Europea.
Unas cifras como estas únicamente pueden alcanzarse estimulando la oferta, señalan los expertos consultados. Para ello creen que habría que poner fin a las dudas e incertidumbres que la actual regulación genera en los pequeños propietarios (entre ellas las medidas que van dirigidas al control directo de los precios). Esta inseguridad pesaría más a la hora de disuadir al arrendador de poner su vivienda en alquiler que el temor a un posible impago que, como explica Sergio Cardona, era uno de los miedos tradicionales que podían afectar la oferta de pisos en el pasado.
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