La Comisión Europea ha vuelto a recordar a España que tiene un problema fiscal estructural que debe atajar vía reforma tributaria, dando una de cal y una de arena en su mensaje al país, que ha evitado entrar en un procedimiento de déficit excesivo (pese a despedir el año pasado con un desequilibrio del 3,6% en sus cuentas) y que sale además de la lista de estados que presentan desequilibrios macroeconómicos en la que permanecía desde la pasada crisis de deuda soberana.
Esa reforma fiscal, que está ligada al quinto pago de los fondos europeos, iba a requerir medidas en el ámbito de la imposición verde, tal y como reconocían recientemente desde el Gobierno. Sin embargo, el Ejecutivo habría optado por aparcarlas de momento a la espera de que se aclare el contexto político.
Fuentes próximas a Moncloa inciden en que los contactos con Bruselas son constantes y que actualmente están haciendo un balance de todas las iniciativas que el Gobierno ha ido poniendo en marcha en materia fiscal. Aseguran que con las aprobadas hasta la fecha se podría dar por cumplido el hito de reforma fiscal, incorporándole únicamente los elementos que la Comisión pueda considerar. En este sentido, consideran "relevante" cumplir con las metas de déficit previstas, que no se incluya a España en el procedimiento de déficit excesivo y mantener la mejora que se ha venido logrando de los ingresos, en buena medida "gracias al buen comportamiento del empleo y la economía", señalan.
El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha hecho énfasis en que el Gobierno lleva tiempo trabajando en el cumplimiento de los hitos y objetivos ligados tanto al quinto pago (en el que se encuadra esa reforma fiscal y que permitiría acceder a 7.500 millones de euros en ayudas directas), pero también en algunos referidos ya al sexto desembolso, por valor de 18.600 millones.
Recaudación récord... pero no la medioambiental
Fue en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia donde España pactó con las autoridades comunitarias ligar el quinto desembolso a la aprobación de la reforma fiscal en cuestión. Por si quedaba alguna duda, la Comisión detalló a España algunas medidas a considerar en un informe sobre la situación de la economía nacional que publicó el pasado 26 de marzo. El documento en cuestión recomendaba eliminar los tipos reducidos del IVA, elevar los impuestos medioambientales y suprimir beneficios fiscales.
Fuentes del ministerio de Hacienda consideran que los compromisos básicamente están cumplidos y se abren a considerar las propuestas que salgan del diálogo abierto con la Comisión. En el ámbito concreto de la fiscalidad verde defienden que la Comisión Europea lleva diez años diciendo que España tiene margen para elevarlos. Según Eurostat, en 2022 (el último ejercicio para el que existen datos comparables) se recaudaron 20.500 millones de euros a nivel nacional en concepto de tributación medioambiental, el equivalente al 1,52% del PIB.
En un contexto de ingresos tributarios récord por el dinamismo de la economía española y, sobre todo, por una inflación que se situó de media en el 8,4% en el ejercicio, ese volumen de recaudación es el más bajo desde el año 2013 y en términos relativos supone, además, un porcentaje inferior al de media en la Unión Europea, donde estos impuestos superan el 2,02% del PIB.
Un entorno complejo para reformar los tributos verdes
Es cierto que existe margen para ingresar más, reconocen las mismas fuentes, pero ahora mismo consideran muy complejo adoptar medidas como un alza de los impuestos a la gasolina u otras de este tipo. Así, descartan que vaya a haber movimientos a corto plazo en este sentido. Para sacar adelante cualquier iniciativa en el Congreso de los Diputados el Gobierno necesita de una mayoría que no tiene garantizada y que implica el apoyo de socios como Junts y ERC, en un momento en que la situación política en Cataluña no puede estar más abierta.
El presidente del Parlament de Catalunya, Josep Rull, hará oficial en el pleno del miércoles, 26 de junio, que no hay un candidato a la investidura para presidir la Generalitat. Este paso activará la cuenta atrás para una nueva convocatoria de elecciones en Cataluña el próximo 13 de octubre si no aparece un candidato con apoyos suficientes antes de la fecha límite del 26 de agosto. Cualquier intento de consensuar medidas de calado en un escenario como este será muy complejo -si no imposible- para el Gobierno de coalición.
Antes de la fecha tope en Cataluña, el Ejecutivo central tiene pendiente aprobar los nuevos objetivos de estabilidad, el techo de gasto y el nuevo cuadro macroeconómico que servirán de base para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado de 2025, en los que viene trabajando desde el pasado mes de abril, cuando tuvo que renunciar a sacar adelante las cuentas de 2024 por el adelanto electoral en Cataluña y su cercanía a las elecciones vascas y europeas.
Cuenta atrás para los nuevos Presupuestos
El pistoletazo de salida a los presupuestos se daría sólo unas semanas antes de que la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, convoque a los responsables del ramo autonómicos a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que se celebrará a finales de julio. Se prevé una reunión de alto voltaje desde el punto de vista político, cuando la mayoría de asientos del cónclave los ocupan comunidades gobernadas por el PP. El Gobierno debe impulsar la reforma del modelo de financiación autonómica, pendiente desde 2014, y cualquier medida en el ámbito fiscal deberá ligarse a ella.
El calendario de aquí a final de año será intenso, dado que el Gobierno tiene de plazo hasta el 20 de septiembre para remitir a Bruselas su plan de ajuste a medio plazo con los objetivos de gasto, las inversiones que prevé hacer y las reformas estructurales que irá aplicando. El Ejecutivo de Pedro Sánchez y la Comisión Europea negociarán en las próximas semanas a nivel técnico la orientación de estas políticas para poder ceñirse a lo establecido por las nuevas reglas fiscales.
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