Hacienda cobra los primeros 50 millones por liquidar Rumasa 35 años después

Han tenido que pasar 35 años para que el Estado empiece a materializar al fin una parte de los activos incautados en la que probablemente sea la expropiación más célebre de la historia reciente de España: la del Grupo Rumasa, el gigantesco hólding empresarial, formado por 18 bancos y cerca de 400 empresas, levantado por el controvertido empresario jerezano -ya desaparecido- José María Ruiz Mateos.

La última Memoria de la Dirección General de Patrimonio, que se acaba de publicar, revela que Hacienda ingresó 50.695.506 euros en dividendos procedentes de Rumasa (en liquidación) el pasado ejercicio, lo que supone el primer cobro que registran las arcas del Estado tras la liquidación de la sociedad, autorizada por el Consejo de Ministros del 13 de noviembre de 2015 y de la que el Tesoro esperaba obtener un saldo agregado de más de 160 millones de euros.

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La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, proclamó entonces que se cerraba un capítulo de la historia de España y anunció el depósito inmediato en las arcas del Tesoro del saldo resultante de la disolución de la sociedad.

Sin embargo, el ingreso de los rescoldos de lo que fue el mayor holding empresarial español de la transición se ha complicado más de la cuenta. Según fuentes del Ministerio de Hacienda, aún quedan pendientes de resolución un puñado de litigios, relacionados con recursos judiciales sobre sentencias no firmes o reclamaciones planteadas por ex trabajadores de alguna de las empresas del grupo empresarial de los Ruiz Mateos, que están retrasando la disolución definitiva de la sociedad y la consiguiente materialización de los activos en el balance de Rumasa.

De hecho, el equipo de Cristóbal Montoro tuvo que recurrir a una singular maniobra para ingresar por adelantado esa parte del saldo pendiente de cobro por los activos en liquidación. La operación consistió en ordenar a Cofivacasa, la sociedad estatal encargada de liquidar las empresas en disolución del sector público, una reducción de capital de Rumasa por valor de algo más de 49 millones, que se tradujo en un reparto de dividendos a favor del Estado de algo más de 50 millones de euros.

La cuantía es reducida en relación a los 1.672 millones de euros en dividendos ingresados de las empresas dependientes de la Dirección General de Patrimonio - que se nutren esencialmente de los excedentes repartidos por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (1.603 millones)-, pero implican el primer ingreso explícito para las arcas del Estado de un histórico proceso que hasta ahora sólo ha reportado costes.

Una factura para el Estado de 4.000 millones

Cuando el 23 de febrero de 1983, el Gobierno socialista de Felipe González, con el ministro de Economía, Miguel Boyer, en la vanguardia, decretó por vía urgente y extraordinaria la expropiación del Grupo Rumasa, más allá de la polvareda política y empresarial desencadenada por una actuación sin precedentes, afloró una doble contabilidad, un agujero patrimonial superior a los 111.000 millones de pesetas de la época (667 millones de euros), 22.000 millones de pesetas en deudas con Hacienda y la Seguridad Social (132 millones de euros) y unas pérdidas reales de 9.000 millones de pesetas (54 millones de euros), frente a unos beneficios declarados de más de 5.000 millones de pesetas (30 millones). 

Todo ello bajo una red de más de 700 empresas de las que luego solo resultaron estar operativas alrededor de 400. Con semejante entramado no extraña que la causa judicial que se derivó del proceso desembocara en más de 1.500 pleitos, cuya estela aún pervive 35 años después.

El Tribunal de Cuentas estimó en el año 1998 la factura que la expropiación del Grupo Rumasa había pasado al erario público en 652.000 millones de pesetas (3.918 millones de euros), derivados en su mayoría del proceso  de saneamiento que tuvo que asumir el Estado antes de reprivatizar las compañías que tenían mercado.