España está pendiente aún de conocer el dictamen de la Comisión Europea sobre los hitos y reformas ligadas al cuarto pago de los fondos europeos, de 10.000 millones de euros, cuya solicitud y desembolso posterior se fueron retrasando por las dificultades para conformar Gobierno, primero, y por el rechazo del Congreso el pasado mes de enero a la primera reforma del subsidio por desempleo aprobada por el Gobierno de coalición.
El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, aseguró recientemente que, mientras espera la respuesta de las autoridades comunitarias los próximos días, el Ejecutivo ha seguido trabajando en los compromisos para poder optar a los pagos quinto y sexto por valor de 7.500 y 18.600 millones, respectivamente.
En el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia el quinto desembolso está vinculado a la aprobación de una reforma fiscal de la que Bruselas deslizó algunas medidas a considerar a España en un informe sobre la situación de la economía publicado el pasado 26 de marzo. El documento recomendaba eliminar los tipos reducidos del IVA, elevar los impuestos medioambientales y suprimir beneficios fiscales.
Desde el Gobierno han venido incidiendo en que una parte de las políticas que formarían parte de esa reforma tributaria ya se han ido aprobando a lo largo de los últimos años. Fuentes del Ejecutivo reconocen, eso sí, que todavía queda trabajo por hacer en todo lo relativo a la fiscalidad verde para poder acceder a la quinta transferencia de los Next Generation y que habrá que ver qué sucede con todos aquellos que han ido creando las comunidades autónomas.
Un margen de hasta 15.000 millones de euros
El Libro Blanco sobre la reforma tributaria que el grupo de expertos creado por el Ministerio de Hacienda publicó en marzo de 2022 -pocos días después de producirse la invasión rusa de Ucrania- incorporaba una subida de tributos verdes de entre 5.941 millones de euros y 15.023 millones de euros. Los sabios citaban esta y otras medidas como necesarias para que el sistema fiscal español se adapte a la realidad económica y sea más equitativo, justo y progresivo, incluyendo "la imposición medioambiental, digital y la perspectiva de género".
España está por debajo de otros socios europeos en regulación de la fiscalidad medioambiental, como han apuntado no sólo la Comisión Europea, sino también la OCDE, la organización que engloba a las economías más desarrolladas del planeta. Según Eurostat, recaudó 20.500 millones de euros (el equivalente al 1,52% de su PIB) en concepto de tributación medioambiental en 2022, el último ejercicio para el que existen datos comparables.
No sólo es el nivel más bajo desde el año 2013, sino que se trata de un porcentaje inferior al de media en la Unión Europea, donde estos impuestos superan el 2,02% del PIB. A su menor relevancia se añade el "pequeño caos" que supone la regulación por parte de las comunidades autónomas de sus propios tributos verdes.
La tributación verde, una cuestión que 'va por barrios'
"Las autonomías tienen competencias para regularlos, pero es el Estado el que debería dar unas pautas para que no sean tan heterogéneos", apunta a este diario Rubén Gimeno, director del Servicio de Estudios del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF). Desde su punto de vista haría falta, así, un marco común o política única medioambiental fijada por la Administración Central.
El pasado 30 de mayo entró en vigor el nuevo impuesto que Aragón ha creado sobre parques eólicos, fotovoltaicos y líneas eléctricas de alta tensión. Poco antes, Cantabria introdujo un canon por la implantación de parques eólicos y fotovoltaicos para la generación de energía eléctrica en suelo rústico, y País Vasco ha hecho lo propio con una tasa a los proyectos renovables (eólicos y fotovoltaicos) en suelo no urbanizable.
Desde 2020 Cataluña cuenta con un impuesto que grava a aquellas instalaciones "que inciden en el medio ambiente", como la producción, almacenaje o transformación de energía eléctrica, así como su transporte. Según el Consejo General de Economistas (CGE) los impuestos medioambientales que recaen sobre las emisiones, el agua, los recursos y los residuos, aportan el 69% de la recaudación por impuestos propios, siendo en algunas autonomías "la principal –y en algunos casos, única– fuente de recursos de este tipo".
Las comunidades tienen capacidad para crear tributos propios -incluidos los medioambientales- de acuerdo con lo previsto en los artículos 133.2 y 157.1b) de la Constitución Española y 6.1 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).
Con todo, la propia LOFCA establece límites a la potestad tributaria autonómica en relación con el sistema tributario estatal y local impidiendo que las regiones puedan crear tributos propios sobre hechos imponibles ya gravados por el Estado o por los tributos locales. También fija otros límites derivados de principios como el de territorialidad y el de libre circulación de personas, mercancías y servicios.
Reforma fiscal... y de la financiación autonómica
El Gobierno Central necesitaría pactar con los autonómicos (mayoritariamente en manos del PP) una parte de ese alza exigida de impuestos verdes para poder homogeneizar más esta fiscalidad y evitar competencia desleal o agravios entre territorios. Y esto, en un momento en el que tiene pendientes otras negociaciones importantes con las comunidades, como la relativa a la condonación de parte de la deuda -en virtud del acuerdo para la investidura sellado con ERC- y, sobre todo, la reforma del modelo de financiación, que caducó en 2014.
De momento, el ministerio de Hacienda no ha iniciado los contactos que tenía previsto llevar a cabo con los territorios para abordar estos asuntos y, a la espera de que se inicien, expertos consultados por este diario inciden en que tendría sentido que ambas reformas -tributaria y del actual modelo de reparto- se impulsasen al mismo tiempo, dado que una al final depende directamente de la otra.
Sin embargo, su negociación no va a ser sencilla teniendo en cuenta las dificultades que el Gobierno de coalición ha tenido hasta ahora para aglutinar las mayorías parlamentarias suficientes con las que sacar adelante sus reformas. Tampoco tras la pérdida de poder autonómico derivada de los resultados de las elecciones del año pasado. Sin embargo, el calendario aprieta y España deberá pisar el acelerador si quiere optar a los pagos completos de las transferencias que aún le quedan por recibir de los fondos europeos.
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