El Gobierno negocia actualmente con la Comisión Europea aplazar el alza fiscal a los combustibles hasta que los precios energéticos se estabilicen algo más. Estos siguen viéndose afectados por las tensiones geopolíticas a nivel mundial (con Oriente Medio y los países productores de petróleo en el foco), por la incertidumbre económica, los desastres naturales o los efectos del cambio climático. La intención del Ejecutivo de Pedro Sánchez es incorporar ajustes o retoques puntuales en el ámbito de los impuestos verdes, al entender que el grueso de la reforma fiscal que Bruselas exigía a España para poder acceder al quinto pago de los fondos UE ya está hecho, apuntan fuentes del Ministerio de Hacienda.
El titular de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, confirmó la pasada semana tras la reunión del Consejo de Ministros que el Ejecutivo trabaja para que la solicitud de ese desembolso –por valor de 7.500 millones de euros- pueda producirse de aquí a finales de diciembre- Lo hará con un año de retraso sobre el calendario previsto debido al parón que supusieron el adelanto electoral y las dificultades en la conformación del nuevo Gobierno.
El diálogo para lograr que la Comisión levante algo la mano no va a ser sencillo, dado que las propias autoridades comunitarias han venido reclamando por distintas vías a España que eleve la fiscalidad medioambiental para equipararla a la de sus socios y han situado estas medidas entre las necesarias para lograr el ajuste que el país tiene por delante y que le exigen las nuevas reglas fiscales.
El Gobierno contará, sin embargo, con algo de margen hasta que el nuevo ejecutivo europeo esté plenamente operativo. Esto no sucederá antes del próximo mes de octubre, cuando el pleno del Parlamento Europeo deberá ratificarlo. Antes, Ursula Von del Leyen, reelegida la pasada semana como Presidenta de la Comisión Europea, y los Estados deberán proponer candidatos para nuevos comisarios, que tendrán que someterse a la evaluación de los europarlamentarios.
Una exigencia de Bruselas
El pasado mes de marzo, en el marco de la publicación de los primeros exámenes exhaustivos (In-Depth-Review) a los países que registran desequilibrios macroeconómicos, la Comisión recomendaba a España reajustes en la fiscalidad verde, “protegiendo al mismo tiempo a las personas vulnerables con medidas compensatorias específicas”. Los técnicos de Bruselas incidían que una aplicación ambiciosa de estas medidas ayudaría a garantizar unos ingresos públicos sostenibles.
A este mensaje se sumaba recientemente la OCDE, organización que engloba a las economías más desarrolladas del planeta, que en su última actualización de las previsiones económicas recomendaba a España ampliar gradualmente la base imponible del IVA y elevar los impuestos medioambientales –una sugerencia que se ha convertido prácticamente en un mantra para el ‘club’ desde la pasada crisis financiera-.
Menos ingresos en relación al PIB
El martes Eurostat, la oficina de estadísticas europea, confirmaba que España recaudó alrededor de 20.500 millones de euros en concepto de impuestos medioambientales en 2022, último ejercicio para el que existen datos comparables entre países y muy marcado por los efectos de la elevada inflación y del tirón de la economía. Los ingresos por estos tributos, que gravan la energía, el transporte o los residuos, equivalen al 1,52% de su PIB, 0,5 puntos por debajo de lo que se recaba de media en el conjunto de la Unión Europea (2%).
Únicamente República Checa (1,48%), Luxemburgo (1,23%) e Irlanda (0,87%) recaudan menos por esta vía en relación con el tamaño de su economía. Al mismo tiempo, los tributos verdes representan alrededor del 4% de todos los ingresos por impuestos que logra España, muy por debajo de países como Bulgaria, Grecia o Rumanía (superan el 10%), aunque en línea con grandes economías como la alemana (4,01%).
En el caso del Impuesto sobre Hidrocarburos, el Boletín Petrolero de la Unión sitúa la tasa nacional como una de las más bajas entre los Veintisiete. La Directiva sobre fiscalidad de la energía fija unos tipos mínimos armonizados que los Estados deben aplicar a los productos energéticos para combustibles, transportes y para la electricidad, de forma que los gobiernos tienen libertad para aplicar tipos superiores a dichos mínimos, en función de sus propias necesidades nacionales.
El año pasado el Impuesto sobre Hidrocarburos recaudó un total de 12.053 millones de euros en España, según datos de la Agencia Tributaria (AEAT), un 0,6% más que el ejercicio previo porque el mayor consumo de gasolinas compensó el mal comportamiento que registraron el resto de productos. Este gravamen, que se aplica en la Península y Baleares, pero no en Canarias, Ceuta y Melilla, grava las gasolinas, gasóleos, querosenos, fuelóleos, gases licuados del petróleo, gas natural y biocarburantes y biocombustibles.
La demanda de tributos más homogéneos entre CCAA
Expertos como los del Consejo General de Economistas han venido reclamando una reconfiguración de los impuestos medioambientales para orientarlos a lograr los objetivos de descarbonización y que no se conviertan "en un mero instrumento para incrementar la presión fiscal en nuestra economía, sin un ensanchamiento real de las bases imponibles".
Desde el CGE defienden que la facultad de fijar estos tributos debería quedar fuera del ámbito de las comunidades autónomas o de las entidades locales, porque los efectos negativos que se pretenden mitigar exceden de su ámbito territorial. Cuando el Gobierno Central acometa los cambios exigidos en los tributos verdes deberá abordarlos con las autonomías (mayoritariamente en manos del PP) si pretende homogeneizar esta fiscalidad y evitar competencia desleal o agravios entre territorios.
Las comunidades tienen capacidad para crear tributos propios -incluidos los medioambientales- de acuerdo con lo previsto en los artículos 133.2 y 157.1b) de la Constitución Española y 6.1 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). Si bien, esos tributos no pueden crearse sobre hechos imponibles ya gravados por el Estado o por los impuestos locales.
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