El ministerio de Hacienda sigue trabajando a nivel interno para desarrollar la propuesta de condonación de parte de la deuda que las comunidades autónomas mantienen con el Estado vía mecanismos extraordinarios de liquidez. Esos trabajos se están desarrollando sin la premisa de exigir ajustes adicionales a los territorios que decidan adherirse a la quita, si bien aún no se han iniciado los contactos bilaterales con las consejerías del ramo que, en principio, iban a arrancar el pasado mes de febrero y cuya convocatoria se vio afectada por las elecciones en Galicia y por el anticipo de las catalanas.
Fuentes del departamento que encabeza María Jesús Montero inciden en que los gobiernos regionales que incumplen sus objetivos de déficit, deuda y regla de gasto ya están obligados a presentar planes económico financieros en virtud de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), por lo que no contemplan exigirles esfuerzos adicionales en este sentido.
Esta misma semana el Consejo General de Economistas y la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) esbozaron una propuesta de condonación -las opiniones sobre si esta debe aplicarse o no difieren entre los expertos- que contempla que debería ser parcial, ligarse a la infrafinanciación que acumule un territorio con respecto a la financiación media por habitante ajustado y estar sujeta a ciertas condiciones -requisitos que deberían ser iguales para todas-, así como asociarla a planes de ajuste factibles.
En el marco de unas jornadas celebradas esta semana, Diego Martínez López, catedrático de la Universidad Pablo de Olavide incidía en que hoy por hoy una quita de parte de la deuda autonómica es la única forma viable y creíble de que todas las comunidades puedan llegar a financiarse de manera ortodoxa en los mercados. El objetivo de Hacienda es consensuar con los gobiernos territoriales el modo en que se llevará a cabo para poder vehicularla a través de un proyecto de ley.
Inciden, además, en que su propuesta de quita se basará en criterios objetivos y recuerdan que son, en buena medida, las comunidades autónomas peor financiadas por la aplicación del actual modelo de reparto -que caducó en 2014- las que más han tenido que endeudarse. El pasivo del conjunto de autonomías ha crecido desde el 6,1% del PIB que representaba en el año 2000, hasta suponer ya el 22,3% del PIB con el que cerró el año 2023.
Un incentivo perverso para las autonomías
Desde distintos ámbitos se ha introducido el debate sobre si este tipo de medida conlleva el peligro de generar un "incentivo perverso" sobre las autonomías, al no hacerlas responsables de las decisiones de endeudamiento que tomaron en el pasado. Es la tesis que expuso el gobernador del Banco de España (BdE), Pablo Hernández de Cos, durante su última intervención en el Congreso de los Diputados para explicar las conclusiones del 'Informe Anual' de la entidad para 2022 y 2023. La última porque De Cos abandonará su cargo el próximo 11 de junio.
A ese "incentivo perverso" o "riesgo moral" -dado que reduce los estímulos para controlar la deuda- se han referido también agencias de calificación como S&P Global Ratings, que ha advertido recientemente de que sin una reforma estructural del sistema de financiación regional, la absorción por parte del Estado de una parte del endeudamiento autonómico sólo servirá para mejorar temporalmente el desempeño de las regiones.
El próximo mes de septiembre España y el resto de estados miembro que incumplen las metas de déficit o deuda deberán enviar a Bruselas su plan fiscal estructural a medio plazo para ceñirse a lo fijado por las nuevas reglas fiscales. Antes, la Comisión Europea presentará su paquete económico de primavera el 19 de junio y en él remitirá a los países la trayectoria fiscal de referencia que deben emplear como guía para diseñar esas sendas nacionales que tendrán que presentar el 20 de septiembre.
Este documento incorpora los compromisos de ajuste presupuestario, así como de reformas e inversiones públicas para los próximos cuatro o siete años. Dentro de estas reformas se tendrán en cuenta las ya aprobadas en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y aquellas relacionadas con la transición verde y digital o con la Defensa. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha recomendado al Gobierno que diseñe de esa hoja de ruta en colaboración con las comunidades autónomas y con el resto de administraciones territoriales.
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