El Ministerio de Hacienda acaba de rematar la adaptación de su canal de denuncias a las especificaciones establecidas por la directiva europea de protección de denunciantes para poder canalizar a través del mismo "la comunicación de información sobre fraudes o irregularidades que afecten a fondos europeos", según se recoge en la última Memoria de la Intervención General del Estado y han confirmado fuentes del Ministerio. El canal en cuestión, bautizado como 'Infofraude', se puso en marcha en abril de 2017 por la Intervención General del Estado (IGAE) a instancias de Bruselas que exigió a los países miembros - en medio del 'tsunami' regulatorio que siguió a la gran crisis financiera - el establecimiento de mecanismos eficaces para impedir en lo posible la comisión de fraudes en la utilización de estos fondos y desde esa fecha no había experimentado cambios relevantes.
Cuatro años después se trata de una herramienta semidesconocida, que es más o menos visible en el portal de la Secretaría General de Fondos Europeos pero que en la portal de la IGAE está escondida tras la pestaña con el nombre 'coordinación antifraude', y de cuya utilización es difícil encontrar datos. En los últimos meses Hacienda se ha puesto manos a la obra para mejorar la herramienta entre otras cosas porque la directiva europea, en cuya transposición está trabajando el Ministerio de Justicia, exige adaptar como muy tarde este año los canales de denuncia de los sujetos obligados por la misma, entre los que se encuentran las grandes empresas y también las administraciones públicas, a las especificaciones particularmente en materia de seguridad informática que se establecen en la directiva, según admite la propia IGAE en su Memoria.
El trabajo de adaptación de la herramienta también ha permitido ajustar su configuración a las nuevas necesidades generadas por la puesta en marcha de las inversiones vinculadas al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Fuentes de Hacienda informan en este sentido que 'Infofraude' ya ha establecido como opción preseleccionada la denuncia de posibles irregularidades vinculadas al Mecanismo y que ello permite ajustar la comunicación de irregularidades según políticas palanca, componentes e incluso inversiones específicas, según el esquema definido en el plan español de recuperación pactado con la Comisión Europea.
El canal, por ejemplo, garantiza como no podía ser de otro modo la total confidencialidad a los denunciantes, pero no dispone en la actualidad de la opción de formular denuncias de manera anónima, una posibilidad que la directiva europea pone sobre la mesa y que organismos como Transparencia Internacional defienden como una forma de generar confianza a los denunciantes y cuyo éxito, aseguran, está demostrado.
La disposición normativa establecida por la Comisión fue previa a la pandemia, pero su aplicación efectiva va a coincidir precisamente con la llegada a España de los cerca de 70.000 millones de euros en transferencias procedentes del Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia, de los cuales alrededor de 25.000 millones entrarán ya este mismo año. Y el organismo encargado de prevenir y vigilar que no haya fraudes con esos recursos es precisamente el mismo que tiene la atribución de supervisar las denuncias que entran a través del canal 'Infofraude': el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude de la IGAE.
La titular de la recién creada Fiscalía General Europea, Laura Codruta, ya advirtió recientemente que observaban la distribución entre los países miembros de la UE de los 800.000 millones de euros del Fondo de Recuperación como una situación de "alto riesgo" en términos de posibles casos de corrupción. La Comisión Europea ha exigido a los países que dentro de sus planes nacionales de recuperación detallen las medidas que van a adoptar para prevenir e impedir la aparición de utilizaciones abusivas o irregulares de estos fondos.
Un esquema con tres niveles de control...y carencias de plantilla
El Gobierno de España ha optado en este ámbito por establecer un mecanismo de control en tres niveles. Un primer nivel de control que dependerá del órgano que ejecute los fondos - Administración del Estado, Gobierno autonómico, ayuntamiento u organismo público de otra naturaleza -, que deberá garantizar el cumplimiento de los requerimientos legales, de los objetivos de las inversiones y de los principios de buena gestión financiera. Un segundo nivel de control que deberán ejecutar los órganos independientes de las administraciones que ejecuten los fondos y que se encargarán de verificar 'ex ante' la regularidad de los procedimientos. Y un tercer nivel a modo de mecanismo de cierre del sistema de control, que se encargará a la Intervención General del Estado y que auditará los procedimientos efectuados tanto por la Administración del Estado como por las administraciones territoriales para garantizar que se han sujetado a los principios que rigen la distribución de estos fondos.
Es en este tercer nivel donde el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude tendrá un papel clave" como órgano estatal encargado de coordinar las acciones encaminadas a proteger los intereses financieros de la Unión Europea contra el fraude en colaboración con la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF)", según se recoge en el propio texto del Plan de Recuperación español, y como unidad encargada de hacer el seguimiento de las sospechas de fraude comunicadas por los órganos gestores y de control, así como también de las denuncias que se puedan plantear a través del canal de denuncia 'Infofraude', atribución que ya tiene encomendada.
Hacienda tiene previsto incorporar más de un centenar de nuevos empleados públicos a su estructura para reforzar los órganos que se van a encargar de la gestión del Plan de Recuperación y también del control en la aplicación de los mismos. A día de hoy, sin embargo, y según los últimos datos proporcionados por el Portal de Transparencia, el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude cuenta tan solo con cinco funcionarios, a la espera de cubrir los 20 puestos adicionales con los que Hacienda pretende reforzar esta unidad clave a la hora de vigilar la correcta aplicación de los fondos europeos. Las carencias en la plantilla no sólo afectan a los órganos de control, sino también a los de gestión. La Dirección General del Plan y del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia tenía según los últimos datos publicados en situación de 'vacante' tres de cada cuatro puestos previstos.
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