El Ministerio de Hacienda revisará el impuesto especial al carbón en plena crisis energética. Tras negarse el Gobierno a incluir más rebajas fiscales que las aplicadas a la electricidad en el plan de respuesta a la guerra, el Instituto de Estudios Fiscales, la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y la Dirección General de Tributos estudiarán las bonificaciones de este impuesto en el primer análisis de beneficios fiscales que llevan a cabo siguiendo el ejemplo del spending review de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), según fuentes del Ministerio.
Este impuesto lo pagan los productores, extractores e importadores de carbón y "grava el uso en el país del mismo", según explica el secretario general de los Técnicos de Hacienda, José María Mollinedo. En este sentido, si ese carbón se importa a España y se exporta a otro país de la Unión Europea, este tributo no se aplica al entenderse que el consumo del combustible fósil no se produce en este territorio. Además, tiene dos tipos, reducido, de 0,15 euros por gigajulio (unidad energética), para los usos profesionales relacionados con la producción calorífica; y de 0,65 euros por gigajulio para otros usos, entre los que se incluye la generación eléctrica.
En el tipo reducido se sitúan empresas del sector de la ganadería que utilicen el carbón para calentar al ganado o industrias que utilicen el carbón para mantener la temperatura de locales o para hornos pequeños, según describe Mollinedo. En cualquier caso, el uso para producción energética está en declive al estar en parada técnica la mayoría de plantas térmicas, ya que la utilización del carbón para este fin lleva asociados costes de emisiones de CO2. Sin embargo, en los últimos meses se ha seguido utilizando carbón para producir electricidad, según muestran los datos de Red Eléctrica Española.
En cualquier caso, la reducción del uso del carbón para la generación eléctrica condena a este impuesto "a desaparecer", según el secretario general de Gestha. En 2021, según el avance de los datos de recaudación, el Estado ingresó 29 millones de euros, un 31% menos de lo que estimaban los presupuestos generales del Estado y también por debajo de los 41 millones que Hacienda recaudó en 2020. En este sentido, Mollinedo cree que aunque se fijara un mismo tipo impositivo para todas las actividades y se gravaran lo que ahora son exenciones, el efecto recaudatorio no sería cuantioso.
Otros beneficios fiscales
Además del impuesto al carbón, en este primer análisis, se estudiarán el régimen fiscal especial aplicable a las entidades sin fines lucrativos y ajustes en bases imponibles sobre las rentas procedentes de determinados activos intangibles, ambos vinculados al impuesto sobre Sociedades. En materia del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), los técnicos revisarán las exenciones de los rendimientos del trabajo obtenidos en el extranjero y la exención parcial del gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas.
Estas revisiones no implican, de momento, que estos beneficios fiscales vayan a desaparecer o que el Gobierno vaya a incorporar todas y cada una de las propuestas que los técnicos hayan realizado. No obstante, en el Plan de Recuperación se especifica que la forma de implementación de esta reforma consistiría en "modificar los textos legales de cada impuesto para introducir las reformas propuestas". Por otra parte, también ponen de manifiesto que "la supresión o eliminación de beneficios fiscales puede conllevar el rechazo de los agentes económicos afectados".
Tal como fijó el Gobierno en el Plan de Recuperación remitido a Bruselas, el primer informe de beneficios fiscales incluirá el estudio de estas cinco bonificaciones. El objetivo es que entre el primer trimestre de este año y el primer trimestre de 2024, la DGT, el IEF y la AEAT analicen hasta quince y den a conocer sus resultados durante los tres primeros meses de cada año. El Ejecutivo cifra en 60.000 millones de euros -5 puntos de PIB- la cuantía que se deja de ingresar cada año por los beneficios fiscales y este es uno de los motivos para su análisis, mejorar las finanzas públicas sin subir los tipos impositivos.
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