El Gobierno se plantea limitar por ley a dos o como mucho tres años el periodo máximo durante el que una administración pública puede mantener una relación laboral temporal o de interinidad con un trabajador para ocupar una vacante pendiente de cubrir. La medida se ha puesto sobre la mesa en las reuniones preliminares que el ministro de Función Pública y Política Territorial, Miquel Iceta, ha mantenido con los sindicatos mayoritarios en el ámbito de la Administración y también en contactos informales que ha tenido con representantes autonómicos en las últimas semanas, según confirman fuentes presentes en esos encuentros, y persigue disponer un muro de contención para impedir que vuelvan a repetirse situaciones como las existentes en Sanidad o Educación donde hay trabajadores que llevan más de 20 años ejerciendo sin una plaza fija. Consultado sobre el asunto el Ministerio de Función Pública ha señalado que no hace comentarios sobre temas tratados en reuniones de trabajo.
La relajada - si no irregular - gestión de recursos humanos que a lo largo de varios lustros han llevado a cabo las Administraciones Públicas españolas las ha situado ahora ante la difícil tesitura de tener que dar a corto plazo una solución a los alrededor de 800.000 trabajadores interinos con los que se ha venido apuntalando la plantilla de la Administración. Lo vienen pidiendo los trabajadores afectados desde hace años, pero la cosa no ha empezado a moverse de veras hasta que el Tribunal de Justicia de la UE no ha calificado como "abusiva" la situación de estos trabajadores y Bruselas no ha puesto en su punto de mira la elevada temporalidad de más del 30% en la Administración como una de las distorsiones que el Gobierno de España debe corregir por vía de urgencia.
La crisis de Gobierno desencadenada por la salida de Salvador Illa en dirección a Cataluña ha dejado el asunto en manos del nuevo ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, que se ha apresurado a mantener una primera ronda de contactos con los sindicatos mayoritarios en la Función Pública y también con los responsables de las comunidades autónomas con el objetivo de acelerar el proceso de negociación y dar una solución a este problema si fuera posible antes del verano. ¿El horizonte? Situar en tres años la tasa de temporalidad en las Administraciones Públicas en el entorno del 8%, frente al más de 30% en la que está ahora.
Fuentes que han participado en estos contactos preliminares aseguran que el Gobierno aún no ha puesto una propuesta específica encima de la mesa, pero que sí ha empezado a perfilar el camino sobre el que pretende avanzar. La idea es negociar a dos niveles. Por una parte, para acordar un marco consensuado que guíe los procesos de estabilización masivos que las Administraciones Públicas deberán abordar en los próximos meses para dar fijeza a las plazas que los interinos han venido ocupando de forma anómala en los últimos años, con el horizonte de cumplir la aspiración manifestada por Iceta de resolver el asunto en un plazo de dos o tres años a lo sumo. Por otra, para modificar la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público con el objetivo de acomodar la ley para que esta situación no vuelva a suceder.
Es en el marco de la reforma de la ley básica que regula las condiciones de los funcionarios, y en concreto en la modificación del artículo 10 que regula la figura de los empleados interinos, donde encaja la limitación temporal que el Gobierno se plantea imponer sobre el uso de la contratación temporal en la Administración. La normativa actual exime o, como mínimo, suaviza para las Administraciones Públicas los límites que la normativa laboral impone a la contratación temporal. La disposición adicional decimoquinta del Estatuto de los Trabajadores establece que "no será de aplicación a los contratos celebrados por las Administraciones Públicas y sus organismos públicos vinculados o dependientes" el límite máximo de tres años, con una posible prórroga de 12 meses más, que se establece para los contratos por obra y servicio, en tanto que el contrato de interinidad, que en el sector público no se puede prolongar durante más de tres meses, mientras que en el sector público “la duración de los contratos coincidirá con el tiempo que duren dichos procesos de selección conforme a lo previsto en su normativa específica”.
El Gobierno baraja varias alternativas para poner coto a esta situación, según las fuentes consultadas. Una de ellas sería establecer por ley un límite específico a la duración de los contratos temporales o las relaciones de interinidad que celebre la Administración, que según las fuentes consultadas se movería entre los dos o los tres años. Otra es actuar sobre las convocatorias de empleo público, de modo que la norma exija bajo penalización la ejecución efectiva de las plazas previstas en las ofertas de empleo público en un plazo máximo de dos o tres años para impedir que esas plazas se acaben cubriendo con interinos o temporales durante años y años. El efecto sería el mismo: ninguna vacante se podría cubrir con un externo durante más de dos o tres años.
Sanciones para los incumplidores
La clave de bóveda de este esquema sería la regulación de un régimen sancionador, que penalizara en el orden administrativo, civil o incluso penal los incumplimientos por parte de las Administraciones Públicas de los plazos previstos en las convocatorias de empleo público. El consenso sindical en este punto es total. Y se sustenta en buena medida en el incumplimiento sistemático que los gobiernos de Mariano Rajoy y Pedro Sánchez han hecho de los procesos de estabilización y consolidación de interinos y temporales en la Administración acordados entre 2017 y 2019, en los que se comprometió la estabilización de 176.743 plazas, pero cuya ejecución real ha sido marginal. Hay que recordar que dentro de este proceso se prevé la consolidación de más de 73.000 interinos del sector de la enseñanza y de otros 65.000 del sector sanitario.
"Nuestra prioridad es acabar con la precariedad laboral dando estabilidad a las plantillas, dentro de los marcos legales establecidos y con la máxima seguridad jurídica a través de los procesos de estabilización, en los que se debe tener en cuenta entre otros aspectos la experiencia laboral", asegura Miriam Pinillos, secretaria de Política Pública de FSC-CCOO. Y para ello considera clave "establecer sanciones para los responsables que incumplan las normas".
"La solución al problema de precariedad en la Administración no puede ser dejar de contratar", advierte Frederic Monell, de la Federación de Servicios Públicos de UGT. "Es necesario hacer un diagnóstico de situación y tener claro que no sólo se deben cubrir las plazas que ahora están ocupadas de forma 'impropia', sino también las que se han sacado fuera de la estructura de la Administración", concluye.
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