La insistencia de Unidas Podemos en reforzar la prohibición de los desahucios para que así afecte a casos de vulnerabilidad previos a la pandemia vuelve a abrir una brecha en el Gobierno de coalición. El último movimiento de la formación del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, ha sido acordar con Bildu y ERC una enmienda al proyecto de Presupuestos Generales del Estado para impedir todos los lanzamientos hasta 2023. Una maniobra que ha descolocado a la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, cuya respuesta pública ha sido la de instar a los morados a "no mezclar las cosas". Su argumento es que "no tiene que ver con la cuestión presupuestaria". Lo que ha vuelto a abrir la guerra entre Iglesias y Calviño. La misma que empezó en marzo cuando comenzó la pandemia.
La propuesta de UP junto a abertzales e independentistas catalanes pasa por añadir una disposición adicional a las cuentas públicas para modificar la ley de 2013, aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy. La clave de la misma es que se prohíba todo lanzamiento para quien no tenga un techo alternativo, dando igual que pague alquiler o hipoteca. El cambio principal se aplicaría al artículo 1 de esa norma, que en la actualidad prohíbe el desalojo a "personas que se encuentren en los supuestos de especial vulnerabilidad y en las circunstancias económicas previstas en este artículo". El texto de la enmienda acota esta protección a "personas que no tengan alternativa habitacional". Lo que se mantendría es el periodo de prohibición, que está estipulado hasta 2024. Tampoco habría cambios en los beneficiarios, que continuarían siendo refiere las familias numerosas, familias monoparentales, mayores de 60 años o víctimas de violencia de género.
La otra 'pata' de lo planteado por uno de los partidos del Gobierno y dos de los socios que permitieron la investidura de Pedro Sánchez es la modificación del decreto del 31 de marzo por el que se adoptaron medidas urgentes en el ámbito social y económico para afrontar el coronavirus. El fin es delimitar los casos en los que se impediría con la ley en la mano el desahucio, que se reducen a cinco supuestos (impago de rentas, precariedad o quienes hayan ocupado una vivienda). Pero sobre todo, el objetivo de este cambio es incluir la prohibición de todo proceso de este tipo hasta el 31 de diciembre de 2022. Algo que Unidas Podemos ha exigido dentro del Consejo de Ministros. Y sobre lo que ahora presiona a través del trámite parlamentario de los Presupuestos.
Que los morados hayan utilizado esta vía para insistir en su planteamiento es algo sobre lo que han cuestionado a Calviño, que comparecía tras la reunión semanal del Gobierno para dar cuenta de nuevas medidas de su departamento. La vicepresidenta económica ha descartado rápidamente la posibilidad de que las cuentas públicas incluyan cuestiones relativas a los desahucios. Su "no deberían mezclarse las cosas" o "no tiene nada que ver con la cuestión presupuestaria" han sido un rechazo contundente a los postulados de los de Iglesias. A lo que ha sumado la reivindicación de que el Ejecutivo ya realiza políticas que garantizan la vivienda a los ciudadanos. Una respuesta que no ha gustado nada al partido que forma parte de la coalición junto al PSOE, según fuentes consultadas por esta redacción.
La reacción de Calviño ha sido el último episodio público de la batalla particular que mantiene con Iglesias y los suyos. Las hostilidades llevan produciéndose desde hace semanas, como ya ha relatado esta redacción en varias ocasiones. El argumento principal de Unidas Podemos para reclamar estas medidas es que los desahucios siguen produciéndose en todo el país. Las fotos y vídeos de los lanzamientos de las últimas semanas han corrido como la pólvora. E incluso han sorprendido al ministros de Transportes, José Luis Ábalos, cuando le preguntaron por el desalojo de una familia con niños en el barrio madrileño de Carabanchel.
Ábalos señaló que "en teoría no está permitido" llevar a cabo actuaciones de este tipo. Pero este caso concreto desató una oleada de críticas contra el Ejecutivo tanto de la oposición como de las plataformas en defensa del derecho a la vivienda. La más notoria fue la del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que reprochó desde la tribuna del Congreso al Ejecutivo lo que ocurrió el pasado 27 de octubre con la familia de Adoración, de 81 años. El ministro ya ha admitido que está dispuesto a hacer cambios para impedir situaciones como las de Carabanchel.
Presiones desde distintos sectores
Las presiones que están recibiendo los socios del Gobierno central provienen de colectivos muy distintos. Los grandes tenedores de pisos y las patronales del sector que rechazan cualquier plan en este sentido hacen sus reclamaciones por un lado. En el otro están los colectivos y activistas como el Sindicato de Inquilinos, que aseguran que los lanzamientos se están produciendo en todo el país. Los impagos por distintas causas ajenas al coronavirus pueden provocar que se lleve a cabo el desalojo. Eso es lo que quiere cambiar Pablo Iglesias, que hace pocos días ya planteó a sus compañeros del Ejecutivo de promover esa reforma para que la ley impida que se lleven a cabo durante el estado de alarma prorrogado hasta mayo. A eso añadió que se impidiera tanto a los bancos como a los fondos impulsar procedimientos contra quienes vivan en las viviendas que posean.
Esta última estrategia de Unidas Podemos para que esta cuestión no acabe en un cajón le ha servido para sumar a dos posibles socios clave para que las cuentas públicas salgan adelante. Bildu y ERC también podrán presionar para que esta medida se acepte a cambio de sus escaños de cara a la votación definitiva de los PGE. "Es una obligación para el Estado el mantener las ayudas pertinentes para aquellas familias que, a pesar de los esfuerzos ya realizados en términos de ayudas públicas, siguen asumiendo las graves consecuencias de la crisis sanitaria, social y económica de la COVID-19", apunta el texto pactado por las tres formaciones para justificar sus demandas. Unas propuestas que han completado con la petición de que se impidan todos los cortes de suministros de electricidad, gas o agua hasta 2023. Medida que ya se aplicó durante el confinamiento de marzo, pero que dejó de estar en vigor a finales de septiembre.
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