En España, la incapacidad permanente total reconoce un grado de dificultad por la cual un trabajador, tras haber pasado por una situación de incapacidad temporal por una enfermedad común, profesional o un accidente, tiene una reducción a nivel funcional o anatómico de carácter grave lo que hace que se reduzca su capacidad laboral. Si un trabajador recibe este diagnóstico, tendrá la opción de cobrar una pensión para compensar la pérdida económica que pueda tener.
De igual modo, pueden llegar a acceder a una incapacidad permanente total aquellas personas que padecen discapacidad y que estaban trabajando, pero que, en algún momento de su vida laboral, han visto cómo la discapacidad se ha agravado, haciendo que tengan una menor capacidad para continuar con su actividad laboral.
De esta forma, cuando un trabajador se encuentra en esta situación, se inhabilita al trabajador para realizar todas o las principales tareas de su profesión habitual, pero no para poder dedicarse a otra profesión diferente.
Para poder acceder a una incapacidad permanente total, y poder así obtener una prestación por ello, se debe cumplir una serie de requisitos. El primero es que el beneficiario no tenga la edad prevista para la jubilación o no cumpla con los requisitos para tener acceso a la misma, y que esté afiliado a la Seguridad Social y en situación de alta o asimilada.
Asimismo, en el caso de que su incapacidad derive de una enfermedad común, se tendrá que haber cotizado durante un periodo mínimo, que variará en función de la edad. Si se tienen menos de 31 años, habrá que haber cotizado al menos la tercera parte del tiempo que haya pasado entre los 16 años y la fecha en la que se produjo el hecho causante de la incapacidad.
Si se tienen 31 años o más, habrá que haberlo hecho durante una cuarta parte del tiempo que haya pasado entre los 20 años y la fecha en la que tiene lugar el hecho causante, con un mínimo de 5 años.
¿Cuánto se percibe por una incapacidad permanente total?
El importe a recibir con la prestación por incapacidad permanente total es calculado con la aplicación de un porcentaje sobre la base reguladora del empleado, que depende de la causa que ha originado la incapacidad, ya sea accidente de trabajo, enfermedad común o profesional…
Por norma general, el porcentaje es de un 55% de la base reguladora, aunque se puede incrementar en un 20% más para personas mayores de 55 años si, por falta de preparación y sus circunstancias laborales y sociales del lugar en el que resida, se considera que tendrá dificultades para poder encontrar otra actividad laboral diferente a la suya habitual.
En aquellos casos en los que la incapacidad derive de un accidente de trabajo o enfermedad profesional, la prestación aumenta en un 30% a un 50% cuando tenga que ver con una falta de cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales por parte del empresario, que será quién tenga que afrontar este recargo.
Si la incapacidad viene provocada por una enfermedad común, la cuantía de la pensión no podrá ser inferior a la pensión mínima fijada anualmente en la Ley de Presupuestos Generales para menores de sesenta años con cónyuge que no tenga a cargo, que es de 872,3 euros mensuales.
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