El Ministerio de Trabajo ha citado este lunes a los agentes sociales a la que podría ser la última reunión de la negociación de la jornada laboral a la vista de que es prácticamente imposible que se llegue a un acuerdo tripartito. Las conversaciones se extienden desde hace cinco meses, en los que la patronal y los sindicatos trataron de avanzar por su lado hacia un consenso, poniendo sobre la mesa la posibilidad de elevar las horas extra, ampliar el porcentaje de horas de distribución irregular o aplicar una mayor transitoriedad a la introducción de la medida.
Las patronales CEOE y Cepyme defienden que el resultado del texto ya estaba marcado desde un inicio, por lo que rechazan hacer llegar sus propuestas por escrito, como les reclama Yolanda Díaz. Y ponen el foco en que la negociación colectiva debería ser el lugar donde se desarrollase esta política, dado que los sectores que tenían un nivel de productividad que permitía recortar la jornada laboral ya lo han hecho. El escenario es muy diferente en otros como las actividades inmobiliarias o la hostelería donde más del 99% de los trabajadores tienen una jornada superior a las 37,5 horas semanales que quiere introducir el Gobierno en 2025.
Así se desprende de un estudio elaborado por la patronal de las medianas y pequeñas empresas a partir de la estadística de convenios colectivos de 2022, la última cerrada. En diciembre de ese mismo año, por tomar un ejemplo, había 157.249 afiliados medios en actividades inmobiliarias, mientras los servicios de alojamiento agrupan a 281.300 trabajadores y las de servicios de comidas y bebidas a más de 1,3 millones de afiliados. Unos números que crecieron en el último año, porque estos focos económicos han impulsado una parte del crecimiento del empleo registrado desde el coronavirus.
Si bien, hay otros en los que la política impulsada por Sumar también tendría un efecto relevante, como la agroganaderia o el comercio, donde más de un 96% de sus empleados superan la jornada máxima prevista para 2025. En términos generales, la asociación empresarial estima que afectaría al 75,8% de los trabajadores cubiertos directamente por un convenio (8,8 millones). No obstante, dado que la negociación colectiva cubre a la práctica totalidad de trabajadores en España, la cifra se situaría en el entorno de los 13 millones de asalariados afectados sobre un total de 18 millones.
El borrador remitido hace algo más de una semana a los negociadores de la patronal y los sindicatos, no recoge ningún plazo para que la medida sea aplicada de forma transitoria. La voluntad del Gobierno es que la meta de 2024 pueda entrar en vigor antes de que termine el año, para en enero dar un nuevo salto hasta las 37,5 horas semanales -en cómputo anual-. Si Trabajo llega a un acuerdo con los sindicatos y consigue las mayorías suficientes en el parlamento para sacarlo adelante, la empresa apenas tendría margen para adaptar sus plantillas a las nuevas jornadas y quedarían sin directrices sobre cómo hacerlo hasta que se renegocien los convenios de los que dependen.
Optar por conceder más días de descanso o recurrir a las horas extra para cubrir las horas que quedan vacantes amortiguaría el alza de los costes laborales asociado a esta reforma, por suponer un incremento implícito de los salarios y por tener que perder parte de la producción o generar nuevos costes para contratar a más personal. Fuentes de Cepyme inciden en que las compañías que crean necesario optar por la segunda vía e incrementar sus plantillas, se toparán con el problema de vacantes que ya tensiona el mercado de trabajo de algunos sectores económicos como el de la construcción y que centra las preocupaciones de las empresas como reflejan las encuestas que realiza la asociación de forma periódica.
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