El Congreso de los Diputados ha convalidado este jueves la reforma del subsidio por desempleo, casi medio año después de que el texto fuera rechazado en la misma Cámara y lo ha hecho gracias a los votos a favor de dos formaciones que en enero le dieron la espalda: Podemos y Junts (y la abstención de toda la oposición). Los morados han conseguido que se mantenga la 'sobrecotización' de los parados mayores de 52 años en el 125% de la base mínima, mientras que los catalanes han conseguido incluir una reforma del reglamento del Consejo Económico y Social (CES) tal y como ha reconocido desde el atril Josep María Cervera.
"Sin desmerecer ni una sola de las medidas contempladas en este real decreto-ley (...) desde Junts per Catalunya queremos poner en valor la modificación de la ley de creación del Consejo Económico y Social, así como la adaptación de su reglamento de organización y funcionamiento interno" ha celebrado el diputado, confirmando que la disposición que pilló por sorpresa tanto a la patronal como a los sindicatos respondía a una negociación con este grupo parlamentario. "Este cambio normativo garantiza el derecho de la patronal catalana a formar parte del mismo, porque da cabida a las organizaciones empresariales que tienen la condición de más representativas en el ámbito económico".
Se refiere a las asociaciones empresariales de la pequeña y mediana empresa con sede en Cataluña y Baleares, Pimec y Pimeb, integradas a nivel estatal en Conpymes y a las que CEOE y Cepyme podrían tener que ceder parte de sus asientos en la institución del diálogo social. Estas dos patronales cumplen con el requisito de agrupar al 15% de los empresarios y trabajadores de los territorios, pero su integración en otra nacional abre un debate jurídico al respecto que el organismo tendrá que resolver.
El CES, presidido por Antón Costas, tiene dos meses (ya ha consumido uno desde su publicación en el BOE) para votar los cambios en su reglamento interno y después, el Gobierno tiene otros tres meses para nombrar a los nuevos integrantes a partir de las propuestas de patronales y sindicatos. El organismo, compuesto por 61 consejeros entre los que están representadas las asociaciones empresariales, los sindicatos y los principales sectores económicos así como expertos de la academia, ha medido internamente su capacidad de reacción, tras lo que ha concluido que no tenía capacidad para frenar la norma.
Tras semanas de deliberación, el CES emitió un comunicado a modo de respuesta conjunta en el que manifestó "su profundo malestar por la forma en la que el Gobierno ha llevado a cabo la reforma de la composición de este organismo, sin haber realizado con anterioridad ningún tipo de consulta con el propio Consejo y las organizaciones que lo conforman". Una consulta que según dejó claro el propio Costas en una presentación celebrada hace unas semanas, era obligatoria de acuerdo con la ley que se estaba modificando y el reglamento a retocar.
La votación del real decreto-ley que contenía la reforma del subsidio en enero se celebró en la misma sesión que otras dos normas que contenían medidas urgentes vinculadas al cuarto pago de los fondos europeos y la trasposición de directivas europeas. Las negociaciones se extendieron hasta el último minuto, encabezadas por el PSOE y los otros dos textos se aprobaron, pero el subsidio por desempleo quedó derogado. Entonces, la formación encabezada en la Cámara Baja por Miriam Nogueras no votó el decreto impulsado por el Ministerio de Trabajo, por lo que su posición era una incógnita una vez recogida la exigencia de Podemos.
Fuentes sindicales trasladaron a este medio el día de su aprobación en el Consejo de Ministros que los cambios en el CES tenían que responder a una cesión a este partido, dado que este cambio no se había planteado en ninguna de las mesas de negociación. Ni el grupo parlamentario Sumar ni el equipo de la vicepresidenta segunda respondieron a las preguntas de este medio al respecto, pero las declaraciones del diputado catalán de este jueves confirman que en efecto se dio esta negociación. El mismo texto, también contiene la prevalencia de los convenios autonómicos que el PSOE había pactado con el PNV, en contra del criterio de la reforma laboral, pero en este caso los 'jeltzales' sí que lo hicieron público.
Comentarios