Por los círculos especializados en la práctica mercantil circula una cifra demoledora. Se refiere a los concursos de acreedores que estarían embalsados por las sucesivas moratorias aprobadas por el Gobierno desde que se iniciara la crisis de la Covid-19 hace ahora un año al objeto de impedir que empresas presuntamente solventes acabaran en un procedimiento de quiebra en los tribunales empujadas por las necesidades de sus acreedores. Apuntan a que los concursos evitados rondarían los 40.000. El Gobierno acaba de decidir ampliar esa moratoria hasta el próximo mes de diciembre y pocos dudan de que esa cifra va a ir en aumento durante los próximos meses y va a añadir presión a unos ya saturados juzgados de lo mercantil, que ya antes de la crisis tardaban una media de 50 semanas (más de cuatro años) en resolver las quiebras que les tocaba tramitar.
Consciente de esta situación, subrayada entre otros indicios por una estadística que muestra una reducción anual del 13,6% de los concursos de acreedores en un año en el que la economía se ha desplomado un 10,8%, el Gobierno se ha puesto manos a la obra para apuntalar la planta de juzgados de lo concursal en previsión de la más que probable avalancha de concursos de acreedores que sobrevendrá a partir del 1 de enero de 2022, en el momento que el Ejecutivo reabra la posibilidad de que los acreedores insten la declaración de quiebra de las empresas que llevan meses con problemas para pagar a sus plantillas, a sus acreedores o para devolver sus préstamos.
La previsión oficial del Ministerio de Justicia es que a lo largo de este año estén operativos 91 juzgado de lo mercantil, frente a los 74 que funcionaban en 2020. Se trata de un salto sin precedentes en los últimos años. De 2012 a 2020, la planta de juzgados de lo mercantil apenas creció en una decena y en un solo año se van a incorporar 17 nuevas plazas. El Gobierno, en el Real Decreto del pasado mes de diciembre en el que aprobó la creación de 33 nuevas plazas judiciales de las jurisdicciones de lo social, lo mercantil y lo contencioso-administrativo, fundamentalmente, justificó este esfuerzo por la necesidad de "evitar la formación de una importante entrada de asuntos en los órganos judiciales como consecuencia de este extenso periodo de ralentización estructural de la Administración de Justicia" y por la importancia de "afrontar y resolver los problemas generados por la propia crisis en el normal funcionamiento de la Administración de Justicia, canalizando el previsible incremento de la litigiosidad".
"El esfuerzo es bienvenido, pero no será suficiente", advierte Diego Comendador, presidente de la Asociación Profesional de Administradores Concursales (Aspac). "Ya antes de esta crisis había una situación de sobrecarga en los juzgado de lo mercantil y el periodo medio de resolución de los procedimientos concursales rondaba los 50 meses. Está bien reforzar la planta judicial, pero la solución ha de venir por otras vías".
Otras fuentes jurídicas consultadas advierten de que una cosa es que lo se plantea sobre el papel y otra muy diferente lo que sucede en realidad. "Reforzar los juzgados es dificilísimo. Un juzgado no es solo un juez, requiere una incorporación de personal administrativo, de fiscales, una dotación de recursos amplia y, de momento, no observamos que esa inversión se haya realizado. Se ha abierto algún nuevo juzgado de lo mercantil pero no sé si va a ser un proceso tan rápido cómo se sugiere".
La solución no está en más tribunales
Y según la mayoría de las fuentes consultadas todas esas vías pasan por la reforma de la legislación concursal que el Gobierno deberá afrontar en los próximos meses por la obligatoria transposición de la directiva europea sobre quiebras. En opinión del presidente de Aspac, si el Gobierno quiere evitar un colapso judicial histórico en el momento en que se levante la moratoria concursal el camino debe ser reforzar los instrumentos de resolución prejudicial de los problemas entre empresarios y acreedores, de modo que éstos realicen un cribado previo para que solo lleguen a los tribunales aquellos casos más complejos o difíciles de resolver.
"Los juzgados de lo mercantil no están preparados para absorber la avalancha de concursos de acreedores que se van a declarar en el momento en que se levante la moratoria. Va a ser fundamental hacer un triaje previo de empresas para no colapsar el sistema y los administradores concursales somos los profesionales que estamos mejor capacitados para realizar ese trabajo", subraya Diego Comendador, que lleva meses insistiendo en la necesidad de que la ley habilite el desplazamiento de determinadas atribuciones de los jueces de lo mercantil a los administradores concursales para agilizar el funcionamiento del sistema y evitar el actual panorama de concursos interminables que condenan a las empresas a la liquidación.
El diagnóstico es ampliamente compartido en el sector. Así lo recalcaba Francisco Javier Cabrera, abogado 'of counsel' del despacho especializado en concursal Martín Molina, en una jornada organizada por Madrid Foro Empresarial. "Se necesitan expertos en fases preconcursales. Hay todo un trabajo de ajuste de costes, negociación con acreedores, medidas de reestructuración interna que las empresas pueden realizar antes de ir a concurso de acreedores y que hay que intentar impulsar".
El Registro de Economistas Forenses (Refor) del Colegio de Economistas también se alinea con esta solución y aboga por reforzar la figura de los 'profesionales de la insolvencia' como único camino para evitar el colapso de los tribunales mercantiles. Entienden que es necesario fomentar un cambio de cultura para conseguir que los empresarios acudan a este tipo de profesionales antes de que la situación de la empresa no tenga vuelta atrás, no sólo como un mecanismo útil para evitar la liquidación de la empresa sino también para evitar que ésta se convierta en un proceso de años que perjudique tanto a los empresarios como a los acreedores.
De hecho, en los últimos meses y de forma espontánea, algunos juzgados de lo mercantil han empezado a ensayar - sin esperar a ninguna reforma legal por parte del Gobierno - nuevas soluciones para tratar de canalizar de forma más diligente los concursos de acreedores. Una de ellas es el llamado 'pre-pack', un esquema muy utilizado en países como Holanda y Reino Unido, pero no regulado de forma específica en la ley española, que facilita la resolución de problemas en la fase preconcursal y que permite que el asunto se resuelve en apenas diez días una vez que entra en el juzgado. El esquema ha hecho fortuna sobre todo en Cataluña, donde incluso se ha difundido un protocolo de actuación por parte de los tribunales para regular la utilización de este instrumento.
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