La justicia belga sigue los pasos de los tribunales británicos y autoriza el embargo de los ingresos que obtiene el Reino de España a raíz de la gestión de control de su tráfico aéreo, en el contexto de los impagos de los arbitrajes por los recortes de las primas a las renovables. Estos pagos, transferidos mensualmente por Eurocontrol a la empresa pública Enaire, pasarán ahora a manos de Blasket Renewable Investments.
En concreto, la deuda acumulada por el Estado con la empresa denunciante es de 32 millones de euros. El laudo original era de 28 millones de euros, pero se han acumulado cuatro millones de euros debido a los intereses de demora. Además, España ha tenido que pagar más de 4,6 millones de euros por este mismo caso en concepto de condenas en costas. En total, la factura acumulada por esta disputa rondará los 41 millones de euros.
En total, España adeuda casi 1.562 millones entre las empresas que sufrieron la retirada retroactiva de las primas a las renovables. La Abogacía del Estado ha gastado unos 70 millones de euros para su defensa. En la decisión que ahora trasciende, la justicia belga responde a una petición presentada originalmente ante el Tribunal de Primera Instancia de Bruselas y resuelta finalmente por la sala 17 de la Corte de Apelaciones de Bélgica, que ha emitido un fallo con fecha del 18 de junio mediante el cual se autoriza el embargo reclamado por Blasket Renewable Investments, una de las 26 empresas afectadas por los impagos y titular del caso Infrared.
Fallo contundente
El juez Degreef señala que los artículos 1412 y 1539 del Código Penal belga abren la puerta al embargo de activos de terceros países. El fallo concluye que "el demandante tiene un derecho de cobro que hace a España susceptible de sufrir el embargo reclamado". Considera asimismo que "no hay duda de que a España se le ha ordenado realizar los pagos correspondientes derivados de procedimientos plenamente ejecutables". Añade también que "nada impide al Reino de España cumplir voluntariamente con su obligación de pagar a sus acreedores".
El Tribunal Supremo de Londres también decretó en abril tres órdenes provisionales de pago que, en caso de no ser atendidas, otorgarán a los afectados la posibilidad de embargar la sede del Instituto Cervantes y la sede de la Agencia para la Competitividad de la Empresa de la Generalidad de Cataluña (Acció), dos propiedades ubicadas en Londres. Meses antes, en agosto, los tribunales del Reino Unido emitieron también una orden provisional que abre la puerta al embargo de una propiedad histórica empleada por el Gobierno de España como sede de la Escuela Internacional Vicente Cañada y como centro de exámenes de la UNED. Se trata de una escuela internacional que ha estado ubicada en un antiguo convento dominico desde hace décadas.
Asimismo, en noviembre, avalaron el congelamiento de cuatro cuentas bancarias controladas por distintos organismos públicos españoles, cuyo saldo ronda el millón de euros, mientras que el Tribunal Supremo de Australia ha reconocido plenamente las deudas contraídas por España con los denunciantes, abriendo la puerta al embargo de bienes por un monto de 120 millones de euros. Esto puede traducirse, como se ha dicho anteriormente, en la confiscación de bienes y activos como la filial de Navantia en el país oceánico. La Justicia de EEUU también ha cuestionado la defensa española para no pagar los laudos y ha abierto la puerta a posibles embargos allí.
Más laudos pendientes que Venezuela o Rusia
España acumula laudos pendientes por encima de países como Venezuela o Rusia. Los inversores reclaman al Estado alrededor de 10.000 millones de dólares (9.240 millones de euros) bajo el amparo de los derechos y garantías que brindan diversos tratados internacionales de inversión suscritos por España, como es el caso del TCE y también del Convenio del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), que pertenece al Banco Mundial, así como de diversos acuerdos bilaterales de inversión. Algunos procesos han terminado en desistimiento y otros se han resuelto con el reconocimiento de cantidades inferiores a las planteadas en las denuncias.
Se espera que, una vez se resuelvan todos los casos, el monto final sea de aproximadamente 2.500 millones de dólares (2.310 millones de euros). No obstante, los representantes legales de las compañías han advertido de que la cifra se incrementará si no se acomete el pago de las indemnizaciones, debido a los intereses de demora. Bajo este escenario y con el fin de zanjar un problema que se alarga ya durante varios años, los inversores han ofrecido al Gobierno un pacto para reinvertir en España las indemnizaciones de los laudos, pero también han identificado 4.600 millones de euros en activos españoles para embargar.
España se opondrá a la decisión judicial belga
Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica aseguran a La Información que el fondo americano, “contraviniendo el Derecho de la Unión Europea en materia de Ayudas de Estado y con pleno conocimiento de la obligación del Reino de España de no efectuar ningún pago derivado de los laudos impuesta por la Comisión Europea”, ha solicitado la ejecución del laudo a las autoridades jurisdiccionales belgas, instando al embargo de los derechos de crédito que Enaire ostenta frente a Eurocontrol.
“El Reino de España no ha sido notificado de dicho intento de ejecución en Bélgica por el fondo americano del mencionado laudo arbitral. Para su defensa, el Reino de España se opondrá a la decisión judicial belga, dictada en un procedimiento en el que el Reino de España no ha sido parte, por contravenir la normativa europea en materia de Ayudas de Estado, así como por la inembargabilidad de los derechos de crédito que Enaire ostenta frente a Eurocontrol, organización internacional”, añaden desde la cartera que dirige Teresa Ribera.
El Estado perdió el primero de los arbitrajes en 2017 y ha conseguido reducir en un 85% el importe demandado por los inversores internacionales. Tras la aprobación de medidas compensatorias en 2019, se han frenado las reclamaciones. Además, ha conseguido anular cuatro laudos. El último en Suecia. El Tribunal de Apelación de Svea dejó sin efecto el laudo del Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo que condenaba a España a indemnizar con 48 millones de euros a fondos de Foresight y GWM Renewable Energy y Greentech Energy (ahora Athena Investment), según avanzó El Confidencial y ha podido confirmar este medio.
Según el Gobierno, los pagos pueden ser contrarios al derecho de la UE y constituir una Ayuda de Estado ilegal, incompatible con el mercado interior. En consecuencia, cuando España recibe un laudo reconociendo una indemnización, lo notifica a Bruselas y no puede pagar antes de que la Comisión Europea se pronuncie.
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