La llegada del Ingreso Mínimo Vital puede provocar un giro total a las políticas sociales de las comunidades autónomas que afectaría de lleno a las rentas de inserción que otorgan. Esto es lo que puede ocurrir en las regiones gobernadas por el PP, algunas de ellas compartidas con Ciudadanos, donde ya están estudiando la viabilidad de que la prestación estatal se imponga sobre la autonómica, relegando a esta a un papel secundario de complemento. O que incluso esta pueda llegar a ser superada si el Estado cubre las necesidades de la población sin rentas y en situación de exclusión social, como señalan distintas fuentes autonómicas consultadas por La Información. Lo que se explica, según estos gobiernos, por el carácter subsidiario de sus sistemas. Pero que desde sus oposiciones y ven como recortes encubiertos o intentos de ahorrarse ese coste aprovechando el nacimiento del IMV, que supondrá 461 euros al mes para los beneficiarios.
La primera que ha dado pasos en este sentido es Andalucía, que ya ha anunciado que dejará de tramitar las solicitudes para su Renta Mínima de Inserción Social (RMISA) el próximo lunes 15, coincidiendo con el primer día para solicitar la nueva ayuda estatal. Algo que el Ejecutivo andaluz explica con ese carácter subsidiario, del que pide que se informe a todos los ciudadanos que vayan a solicitar RMISA para que se centren en pedir el IMV. Además, la Junta estima que hacerles la solicitud a ellos primero entra en conflicto con la nueva prestación lanzada por el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, ya que insisten en que para pedirla hay que haber agotado antes todas las prestaciones existentes. Fuentes de la Consejería de Políticas Sociales, que dirige Rocío Ruiz (Ciudadanos), aseguran que esto no va a implicar que se suspenda su prestación, y que están trabajando en "modificaciones legales para que ambas convivan", ya que "el Gobierno central ha actuado con precipitación y sin contar con nosotros".
Donde no tienen tan claro de qué manera pueden coexistir las dos ayudas es en la Región de Murcia, que cuenta desde hace años con su Renta Básica de Inserción, que en mayo dobló sus beneficiarios con respecto a marzo, cuando comenzó la crisis del coronavirus, y alcanzó las 6.591 personas. Fuentes del gobierno murciano explican a este diario que ya han encargado a sus Servicios Jurídicos que estudien la viabilidad cómo se pueden complementar una vez que existe una que tiene un carácter superior por emanar del Estado. Las dudas están en si puede seguir ofreciéndose el respaldo autonómico a quienes logren percibir el IMV, ya sea con el disfrute de las dos a la vez o solo de manera complementaria, o si la medida del Ministerio de Seguridad Social supera el marco regional por completo y no tiene sentido mantener esa RBI.
Castilla y León insta a que pidan el IMV
En Castilla y León, donde también comparten el Ejecutivo PP y Ciudadanos, ya se ha procedido a enviar cartas a los beneficiarios de su Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) para que procedan a solicitar el Ingreso Mínimo Vital. Es decir, la administración castellano-leonesa ya ha abierto la puerta a dejar de prestar esta ayuda a aquellos ciudadanos que cumplan los requisitos del IMV. Mientras lo tramitan, seguirán pagando esa RGC, que va de los 460 euros a algo más de 800. Pero fuentes de la Junta de Castilla y León advierten de que tendrán que replantear de nuevo "qué parte les corresponde , o si les corresponde de por sí". Además, no ven posible que se niegue el IMV a quienes reciben su ayuda autonómica actualmente. Pero sí admiten que puede que quien no acceda a la prestación nacional tampoco obtenga la RGC.
En Galicia, liderada en solitario por el PP, también han planteado movimientos para pasar todos sus beneficiarios al ámbito estatal. Según explican desde la Consellería de Política Social, ya solicitaron al Gobierno central que los perceptores de su Renta de Inclusión Social (RIGSA) se acogieran de oficio al IMV. Lo que no aclaran desde el gobierno gallego es si están estudiando la manera de hacer compatible la RISGA con la reciente ayuda que dispone la Seguridad Social. Sí inciden en que todas estas prestaciones "se pongan a disposición de los hogares de manera eficaz y sin solapamientos". Además, critican que solo se haya cedido la gestión del IMV a País Vasco y Navarra.
Fuentes del Gobierno central consultadas por La Información temen que estos planteamientos se traduzcan en el "intento de ahorrarse" las prestaciones autonómicas ahora que existe la estatal. Aunque ven normal que se proponga en algunos casos que se inste a solicitar primero el Ingreso Mínimo Vital y se estudie la coexistencia de las ayudas estatal y autonómica, eso no debería traducirse en que el IMV sea superado o, en el caso más extremo, suprimido. "Lo ideal es complementar el Ingreso Mínimo para que la cuantía que reciba la gente sea mayor o se paguen otros gastos como el alquiler. Y lo que se ahorren gracias a la Seguridad Social, lo destinen a otras políticas sociales", inciden estas fuentes.
Madrid, con una idea similar a las CCAA del PSOE
El caso de la Comunidad de Madrid es distinto a pesar de que también la gestiona una coalición de PP y Ciudadanos. Tanto que ya tiene claro que utilizará su Renta Mínima de Inserción como recurso a donde no llegue el IMV. Los planes de su Consejería de Políticas Sociales son "ampliar la prestación autonómica a aquellas personas y familias que podrían quedarse fuera" de la nueva ayuda. También están estudiando un nuevo modelo de Renta Mínima de Inserción para "identificar las lagunas de atención de la prestación estatal", a lo que suman un "modelo de complementariedad que logre un mayor impacto" en la reducción de la tasa de pobreza. Lo que sí quiere evitar la región madrileña es que se produzcan "sistemas de rentas mínimas diferentes y fragmentados", por lo que han solicitado información al Ministerio de José Luis Escrivá y a otras CCAA sobre este asunto.
Estos planteamientos de Madrid son parecidos a los que ha hecho la Generalitat Valenciana del tripartito de PSOE, Compromís y Podem. La diferencia de su propuesta es que su Renta Valenciana de Inclusión se tramite de forma paralela al Ingreso Mínimo Vital, sin que una prevalezca sobre la otra al solicitarla. El objetivo es que se adapten a "la circunstancia de cada persona". Lo que sí alarma en el departamento valenciano de Políticas Sociales es que haya ciudadanos que reciban dos ayudas a la vez y que luego haya que reclamarles algún reintegro. "Nos tocará legislar para evitar que el IMV rebaje prestaciones que ya se reciben y se complementen. Nuestra idea no tiene nada que ver con la de Andalucía, y la vinculamos a procesos de inclusión", explican fuentes de la vicepresidencia de Igualdad y Políticas Sociales, que lamentan esa falta de consenso con el Ejecutivo central y no haber firmado acuerdos de colaboración con la Seguridad Social. Tampoco saben aún cuántos valencianos cobrarán el IMV.
Desde la Junta de Extremadura, gobernada por el PSOE, señalan a este medio que el IMV es "totalmente compatible y complementario" con su Renta Extremeña Garantizada. "Si el ingreso mínimo garantizado refleja una diferencia con la renta extremeña, se complementa esa diferencia", señalan fuentes de la Consejería de Servicios Sociales, que cifra en 7.107 los beneficiarios de la REG y estima que hasta 30.000 extremeños accederán al IMV.
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