Entre finales de 2018 y casi hasta principios de 2020, los gobiernos de las comunidades autónomas han venido manteniendo una agitada polémica con el Ministerio de Hacienda a cuenta de la liquidación del IVA del ejercicio de 2017, que corresponde realizar con dos años de retraso. El problema se derivaba de la entrada en vigor en 2017 del nuevo Suministro Inmediato de Información (SII) en el IVA. Para facilitar la adaptación al nuevo sistema de las empresas, el Ministerio de Hacienda entonces dirigido por Cristóbal Montoro decidió dar un mes extra a las empresas obligadas a tributar por este esquema, lo que se tradujo en que la mensualidad de noviembre que normalmente se ingresaba en diciembre ese año se recaudó en enero.
El ajuste no tuvo incidencia inmediata para las CCAA, ya que éstas reciben los fondos que les corresponden del IVA - un 50% de la recaudación del impuesto- mediante un anticipo a cuenta, pero el desajuste afloró a la hora de ejecutar la liquidación, ya que ésta se hizo sobre la recaudación efectiva de 2017 (de once meses, no de doce por el SII), lo que les generó un agujero que las comunidades autónomas estiman en más de 4.000 millones de euros.
Hacienda trató de acordar una solución en el marco de la negociación del proyecto de Presupuestos de 2019, pero ésta no llegó a prosperar y ese dinero quedó en el limbo. Un puñado de comunidades autónomas fueron entonces a los tribunales para exigir unos recursos que entendían que les correspondían. Este martes se ha sabido que el Tribunal Supremo ha dado la razón a la Junta de Castilla y León y ha condenado al Estado a abonar a Castilla y León los 182 millones de euros que le adeudaba. La sentencia ha corrido como la pólvora por los despachos de las consejerías de Hacienda de las comunidades autónomas, que han encargado análisis jurídicos de urgencia para chequear hasta qué punto la sentencia les habilita para reclamar los recursos dejados de percibir por esta situación, según han confirmado a La Información fuentes de diferentes gobiernos regionales
Aquí no hay distinciones por color político. Uno de los primeros gobiernos autonómicos en reaccionar ha sido el Ejecutivo socialista de Castilla-La Mancha, que ha manifestado su confianza en que la sentencia del Supremo allane el recorrido judicial del recurso que la Junta planteó ante la Audiencia Nacional en su momento para recuperar los 130 millones de euros que se le adeudan por este concepto. El Gobierno de la Comunidad Valenciana también analiza desde primera hora de la mañana de este martes la trascendencia jurídica de la sentencia a la hora de avalar la reclamación de los fondos que le corresponden. La Comunidad de Madrid, una de las más beligerantes en el pulso político con el Ministerio de Hacienda, tiene una causa abierta en la Audiencia Nacional por 358,9 millones por este asunto.
Hacienda: "Acataremos la sentencia"
No parece que el Ministerio de Hacienda vaya a ser beligerante con el asunto. "La sentencia ha llegado. Se estudiará y se acatará", avanzan fuentes ministeriales. Desde Hacienda se recuerda que ya se intentó dar una solución al asunto en el proyecto de Presupuestos de 2019 y que fue la oposición política la que impidió que las comunidades autónomas recibieran esos fondos. De hecho, a principios de 2020 la ministra María Jesús Montero se abrió a estudiar medidas paliativas en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera para resolver la cuestión.
Sobre lo que no parece haber consenso tampoco es sobre la cuantía a regularizar. Mientras desde las comunidades autónomas se habla de 4.150 millones de euros pendientes, desde el Ministerio de Hacienda siempre se ha hablado de una regularización de unos 2.500 millones de euros. El Ministerio no obstante recuerda que las comunidades autónomas recibieron en 2020 16.000 millones de euros a fondo perdido para atender la crisis de la Covid y que este año han recibido otros 13.000 millones de euros para atender sus necesidades más urgentes, lo que consideran un aval más que suficiente de la sensibilidad gubernamental a sus sostenibilidad financiera.
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