La Unión Europea sigue metiendo presión al Gobierno de Pedro Sánchez para que la reforma de pensiones, que se continúa negociando con los agentes sociales, tenga efectos reales en la reducción del gasto, que básicamente se logrará con una rebaja de la cuantía de las prestaciones futuras, las de la generación del 'baby boom', a través de diversos mecanismos. La última propuesta europea, que condiciona las futuras ayudas millonarias para la recuperación, tiene como protagonista la ampliación de la edad de cálculo para obtener la pensión, una iniciativa que según diversos estudios podría reducir las pensiones entre un 8,6% -para los asalariados- y el 10%, para los trabajadores autónomos.
La propuesta de Bruselas, pese a que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, insiste que no perjudicará a los futuras pensiones y que habrá matices si se aplica, busca la sostenibilidad del sistema y la Unión Europea no aceptará un aumento de gasto, que podría venir por la elección, por ejemplo, de los mejores años de cotización, como se ha dejado caer. Algunos pensionistas deberán pagar para evitar el recorte de otros. Los sindicatos -que saben bien los que significó la reforma de José Luis Rodríguez Zapatero en 2011- y Unidas Podemos se oponen radicalmente a elevar ese cómputo. En este contexto, ampliar el cálculo, incluso descartando algún año, provocará un perjuicio a las mujeres, los jóvenes -que empiezan tarde a cotizar y lo hace por apenas mil euros- y los autónomos, aunque también tendría claros ganadores, como son los trabajadores con largas y estables carreras de cotización.
La pelota está ahora en el tejado de Escrivá, y desde luego no es una sorpresa, ya que la ampliación del cómputo forma parte de las recomendaciones del Pacto de Toledo que se dieron a conocer hace uno año y se recoge en el componente 30 remitido a Bruselas sobre la reforma de pensiones. El ministro no ha dejado apartado este tema en ningún momento y si no forma parte directa de la negociación es porque es necesario apagar otros fuegos en una reforma que de momento no recoge grandes recortes, pero tiene pendiente el factor de equidad, que rebajará, seguro, todas las prestaciones en menor o en mayor medida. El ministro de Pedro Sánchez aclara, pese a los estudios de organismos muy dispares, que elevar el cómputo no supondrá ningún recorte.
Pese a que hay mecanismos para amortiguar la menor pensión de las mujeres, la carrera laboral condiciona su percepción y los cambios las perjudican
El mercado laboral y la actual forma de cálculo de la pensión de jubilación afectan de manera muy importante a la cuantía de las prestaciones de las mujeres debido a sus menores retribuciones, su protagonismo en sectores mal pagados, con jornadas parciales y largas lagunas de cotización. El 11,3% de las mujeres de entre 35 y 44 años generó lagunas de cotización por desempleo con motivo de la crisis, frente al 8,6% de los hombres, según destacaba en 2019 la consultora Afi.
Su prestación de jubilación 453 euros de media inferior a la de los hombres -919 euros frente a 1.372- y todo pese a que existen determinados mecanismos que evitan una diferencia todavía mayor, como la compatibilidad de la pensión de viudedad y la de jubilación, el plus por maternidad o que los periodos sin cotizar -48 meses- se integren con unas cotizaciones ficticias mínimas. Pese a todo, aumentar estos meses solo es un parche, puesto que las cotizaciones seguirían siendo mínimas y condicionarán en gran medida la prestación.
Con el sistema actual y sí se elevase a 35 años el cálculo de la pensión, un importante porcentaje de mujeres, que de media cotizan 33 años frente a 37 de los hombres, quedarían desprotegidas y el importe de su pensión, pese a las fórmulas para amortiguar las diferencias, seguiría distanciándose del de los hombres. De la misma forma, la exigencia de acreditar cada vez más años de trabajo para recibir el 100% de la pensión deja en una situación más desfavorable a las mujeres, que se jubilan precisamente ocho meses más tarde en un intento desesperado de obtener una pensión digna o simplemente porque no pueden hacerlo a los 65 con las exigencias actuales.
Tampoco la aplicación del Factor de Equidad Intergeneracional será una buena noticia para las mujeres, ya que las pensiones estarán condicionadas a la esperanza de vida y las mujeres viven cinco años y medio más que los hombres. Sin duda, este nuevo mecanismo, que sustituye al Factor de Sostenibilidad y que debe ser acordado antes de que acabe el año, será uno de los factores que más condicione la rebaja de las prestaciones y empezar a hablar ahora de la ampliación del periodo de cotización enturbiaría en buena medida el ambiente de un pacto que se ha presentado difícil y muy exigente por parte de los sindicatos.
Cuatro informes evidencian que elevar el cómputo de las pensiones reduce las prestaciones, y por lógica el gasto, y son las mujeres las que pagan el ajuste
Al menos cuatro estudios, muy diversos, uno de ellos elaborado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), un organismo independiente que Escrivá presidió seis años antes de llegar al Gobierno, dejan patente que aumentar el periodo de cálculo para determinar la cuantía de la pensión supone una reducción de gasto, lógicamente por la rebaja de la cuantía de las pensiones, y un ajuste más que importante de las prestaciones, que además perjudica a las mujeres y a las carreras intermitentes de cotización, que ellas protagonizan.
Un estudio elaborado por el economista Ignacio Zubiri, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad del País Vasco y doctor en Economía en la Universidad de Princeton, señalaba literalmente, tras un exhaustivo análisis, que la reforma de Rodríguez Zapatero, en la que el actual Gobierno se apoya, "redujo las pensiones para la mayoría de los jubilados futuros". Así, estimaba el economista que el retraso de la edad de jubilación supondrá un coste del 10% en la pensión y en cuanto al coste promedio de la ampliación de la base reguladora de 15 a 25 años, significó otro 10% menos, aunque habría casos que incluso podrían aumentar la prestación.
Destacaba que la reforma de pensiones de 2011 no producía un patrón uniforme de pérdidas. Así, quién llegase a los 65 años habiendo cotizado 38,5 años 'solo' perdería el 10% de su prestación, básicamente por el aumento de años en el cálculo de la base reguladora). Mientras, el recorte aumentaría a nada menos un 20% para los que se retirasen a los 65 habiendo trabajado entre 35 y 38,5 años, "porque la edad de jubilación se retrasará dos años", algo que afectaría claramente a las mujeres. Pero el impacto mayor sería por la linealización de los porcentajes a aplicar sobre la base reguladora en función de los años cotizados y el aumento en dos años del período necesario para acceder a una pensión completa, que se producirá en 2027, y que implicaría una rebaja de un cuarto de la pensión, si el retiro se produce a los 67 años con 25 años cotizados.
La tasa de sustitución, diferencia entre el último suelo y la pensión, caerá al 50% en 2050 y el aumento del cómputo sería responsable de dos puntos de la reducción
Por su parte, Comisiones Obreras destacaba en un informe publicado en 2011, que vendría a justificar su negociación, titulado 'La reforma de pensiones. Garantía del sistema público. Más contributivo y más solidario', que el efecto final de la ampliación de periodo de cálculo es diverso, "según la evolución que haya tenido el salario del trabajador", algo que es más que evidente. Admitía que la pensión quedaba neutra -ni mejora ni empeora- en los trabajadores que siempre cotizan en bases mínimas o máximas y en los que tienen salarios que aumentan de acuerdo a la inflación.
Sin embargo, reconocía el sindicato, que tenía efecto negativos en los que aumentan su sueldo por encima de la inflación, y positivo, para los que ven aumentado su sueldo por debajo del IPC y los que pierden su empleo al final de la vida laboral, en los que su pensión podría aumentar hasta un 30%. Destacaba en ese momento -hace diez años- que pese a todo España tendría un periodo de cálculo muy inferior al resto de los países europeos, excepto Francia. Todos nuestros vecinos ya estiman 35 o 40 años e incluso toda la vida laboral.
Por su parte, la AIReF, en su informe sobre la pensiones futuras, que actualiza cada año, destaca que aumentar la carrera de cotización considerada para el cálculo de la pensión desde los 25 años del escenario hasta los 35 años en 2027 reduciría el gasto en 0,6 puntos. Señala que existe margen en el aumento del número de años de carrera de cotización, que en España es relativamente bajo en comparación con países del entorno. La tasa de sustitución, el indicador que mide la cobertura de las pensiones para mantener el poder adquisitivo, pasaría del 60% actual al 53% en 2050, debido a los cambios demográficos, laborales y las reformas que se pongan en marcha. Solo la ampliación del periodo de cálculo forzaría una rebaja extra de 2,1 puntos porcentuales a la tasa de cobertura. Eso implicaría que un sueldo de 2.000 euros se traduciría en apenas 1.000 de pensión.
Por último, el informe publicado por BBVA en 2019 '¿Hacia la progresiva reducción de la brecha de género en las pensiones contributivas?' cuyas autoras son la economista Mercedes Ayuso y la socióloga Elisa Chuliá, se evidencia como las distintas medidas en las reforma perjudican a las mujeres. Así, reseñaban que "la forma de cálculo de la pensión de jubilación –relacionada con el nivel salarial de los trabajadores (a través de las bases de cotización), el número de años cotizados y la continuidad en la cotización– afecta al importe de las pensiones cobradas por las mujeres, dadas sus menores retribuciones salariales y sus más extensas lagunas de cotización (por los periodos dedicados a cuidar de familiares dependientes, particularmente los hijos)".
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