El president#e del Gobierno, Pedro Sánchez, lo anunció de forma solemne en el Congreso de los Diputados durante la sesión de investidura el pasado 15 de noviembre: "Y quiero anunciarles que vamos a aprobar una Ley de Agricultura Familiar que va a favorecer este tipo de agricultura, que va a generar valor social y vinculación con el territorio". Fue su promesa estrella para el campo. Seis meses después, fuentes de Asaja, COAG y UPA, coinciden en que el proceso de elaboración de la futura norma esta "muy parado". Desde el Ministerio de Agricultura, que dirige Luis Planas, se reafirman en el calendario expuesto por el ministro el pasado mes de diciembre ante el sector. En concreto, Planas apuntó que preveía contar con un anteproyecto de ley para finales de este año e iniciar la tramitación parlamentaria durante 2025. Además, recuerdan, que la futura regulación deberá contar con la aportación de las autonomías y, para ello, se organizarán foros y reuniones 'ad hoc'.
"No ha habido ninguna reunión monográfica"
Sin embargo, los seis primeros meses de legislatura han sido de todo menos tranquilos en el Ministerio de Agricultura: Unas 'tractoradas' históricas, que recorrieron casi todo el país durante los meses de febrero y marzo, con unas duras negociaciones que terminaron a principios de abril en un paquete de 43 medidas propuesto por Planas. Un documento cuya firma provocó un cisma entre las principales organizaciones agrarias, y que la mayoría coincide en considerar 'un punto de partida'. Además de otras problemáticas, no menores, como los efectos de la sequía de inicios de año y las recientes protestas de los productores de tabaco contra el último plan de Sanidad. Demasiados frentes abiertos, apuntan parte de las fuentes consultadas, como para atender a la complejidad de la norma anunciada por Sánchez en noviembre. "No creo que sea ahora prioridad", lamenta el director general de Asaja, Juan José Álvarez, quien ve con buenos ojos que se regule en este ámbito.
Un modelo muy extendido
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Según la Encuesta de Estructuras, que data de 2016, el modelo de agricultura familiar representaría el 82% de las 914.000 explotaciones agrarias donde el trabajo familiar representa más de la mitad de la fuerza laboral. Esto es así, especialmente en las 100.000 explotaciones que cuentan con una producción superior a los 72.000 euros, donde el trabajo familar puede suponer el 58% mientras que aquellas cuya producción se sitúa entre los 100.000 y 500.000 euros, este aún supone el 40% de todo el trabajo desarrollado.
"Por el momento no ha habido ninguna reunión monográfica sobre la Ley", apuntan contundentes desde COAG. En concreto, fuentes de esta asociación, llaman la atención sobre la complejidad de una regulación que se enfrenta a un modelo que ha evolucionado de forma relevante desde los años 80. Cabe recordar que la única referencia legal es la Ley de Modernización de las Explotaciones Agrarias de 1995. Sobre el nueva 'foto' que exhibe la agricultura familiar, argumentan desde esta organización agraria, apuntan que se trata de agricultores y ganaderos profesionalizados con "explotaciones bien dimensionadas" que permiten vivir de la actividad en el campo. Incluso, las explotaciones más pequeñas cuentan, con al menos un par de trabajadores fijos desarrollando su labor. Todos ellos, se enfrentan a retos como el cambio climático, la revolución digital y, añaden desde COAG, "al aterrizaje de los grandes fondos de inversión internacionales".
"Trabajo conjunto de todas las administraciones públicas"
Desde UPA, que tiene en la futura Ley de Agricultura Familiar una de sus grandes reivindicaciones, reconocen a 'La Información' que el proceso de elaboración "está muy parado" y muestran su esperanza en que se cuente con el sector para su redacción. En concreto, exigen poner en valor el trabajo realizado desde el Comité España del Decenio de las Naciones Unidas de la Agricultura Familiar (CEDAF) que coordinan desde esta organización agraria. El citado órgano cuenta con un 'Plan de Acción' con propuestas como la creación de un Observatorio de la Agricultura Familiar, la "implementación efectiva" de la Ley de Cadena Alimentaria y la promoción de pacto de estado, entre otras.
"Una norma como esta debe ser producto del trabajo conjunto de todas las administraciones públicas, incluidas las comunidades autónomas", apuntan desde UPA
En esta organización agraria ponen el foco mencionan puntos como la puesta en marcha de ayudas específicas, la fiscalidad, el apoyo a los más jóvenes y el relevo generacional. "Una norma como esta debe ser producto del trabajo conjunto de todas las administraciones públicas, incluidas las comunidades autónomas", sostienen las fuentes ocnsultadas. En esta línea, recuerdan que ya hay normas similares en Castilla- La Mancha y Aragón, donde esperan que el nuevo gobierno de Aragón (PP-Vox) no cumpla su amenaza de derogarla.
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