Buenas noticias para los funcionarios que retrasen su jubilación para poder disfrutar de una mejora en su pensión pública de las clases pasivas.
La Audiencia Nacional ha fallado en favor de una funcionaria de jubilada a la que la Seguridad Social había reducido la pensión por cobrar también una pensión de viudedad y superar la cuantía máxima del sistema para las Clases Pasivas del Estado (los funcionarios).
Lo que se juzga: dos pensiones y una cantidad superior al máximo
El caso en cuestión se refiere a una funcionaria jubilada en 2015 que optó por alargar su vida laboral dos años más. Estos dos años adicionales le valieron un 8% en su pensión de jubilación a razón de un 4% cada año.
De una pensión inicial de 1.696,55 euros pasó a una de 1.833,27 euros en total gracias a retrasar la edad de jubilación. Es decir, 135 euros más al mes gracias a haber retrasado dos años la edad de jubilación.
Sin embargo, al momento de aplicar los beneficios, estos quedaron en suspenso. La razón es que entre su propia pensión y la pensión de viudedad que ya percibía, la cantidad superaba el máximo anual de las pensiones, fijada en 3.346 euros en ese momento.
La decisión de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas en su caso fue reducir la pensión de las clases pasivas a 1.046 euros para ajustar las cantidades al máximo permitido.
Ahora la Audiencia Nacional le ha dado la razón y le tendrán que subir la pensión y devolverle los atrasos, como también había establecido el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) que la administración reclamó.
El derecho al aumento prevalece
La Audiencia Nacional estima que, en este tipo de casos, debe mantenerse ese beneficio adicional a la pensión, que busca precisamente mejorar la sostenibilidad del sistema. Además, los magistrados recuerdan que actualmente conviven dos límites a la pensión máxima que se puede cobrar, según se establece en el artículo 163.2 de la Ley General de la Seguridad Social.
Por un lado, estaría el límite ordinario, que se puede incrementar a través del complemento para la brecha de género que permite cobrar hasta 425 más por hijo una vez jubilado. Por otro lado, hay un el límite especial que se puede incrementar al retrasar la edad de jubilación mediante la jubilación activa.
La sentencia lo que hace es entender que la pensión pública de las clases pasivas debe minorarse para que, junto a la pensión de jubilación no supere el máximo, pero que el complemento adicional de 135 euros se tiene que aplicar igualmente.
De hecho, el texto indica que “las referencias al tope máximo de la base de cotización vigente deben entenderse hechas al haber regulador del grupo7 subgrupo A1 establecido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada ejercicio económico, en cómputo anual”.
Los magistrados también recalcan que “precisamente para evitar que quienes voluntariamente retrasan su jubilación pierdan el premio legalmente reconocido por una estricta aplicación del límite en el señalamiento de las pensiones públicas, el legislador ha optado por establecer un segundo límite máximo”.
Ahora, los funcionarios jubilados que cobren la pensión máxima y estén en esa misma situación, pueden recurrir apoyándose en la sentencia de la Audiencia Nacional.
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