El diseño del actual Ejecutivo tras la salida de Nadia Calviño al Banco Europeo de Inversiones (BEI), con tres vicepresidencias lideradas por mujeres cuyo trabajo fue clave en el desarrollo de la estrategia económica del primer gobierno de coalición (enero de 2020 a noviembre de 2023) parecía anunciar una legislatura –y una estrategia- donde primase el debate económico. También la coyuntura, con una economía creciendo cinco veces más que la media de la Eurozona el último ejercicio (2,5%) y las afiliaciones a la Seguridad Social rompiendo por primera vez la barrera de los 21 millones de cotizantes, pero la política ha vuelto a ganar el pulso en un escenario que no está exento de retos.
La tasa de paro sigue doblando la media de los socios del euro (12,29% en el primer trimestre en términos EPA), la llegada de los fondos europeos a la economía real debe aún alcanzar velocidad de crucero (se han resuelto el 54% de lo asignado), la inversión no termina de despegar y puede comprometer el crecimiento a medio plazo y existen importantes reformas pendientes, como la de la financiación autonómica. España debe llevar a cabo aún un ajuste para poder ceñirse a la exigencia de las nuevas reglas fiscales que comprometerán al país con un plan estructural a cuatro o siete años vista para reducir la deuda –documento que debe enviarse a Bruselas antes del próximo 20 de septiembre-.
Sin embargo, la necesidad de forjar una mayoría parlamentaria suficiente para sacar cada nuevo proyecto adelante –y la debilidad en que esta posición deja al Gobierno- ha desplazado casi por completo a la economía del debate parlamentario. No es solo que la oposición apenas haya interpelado al ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, en el medio año que lleva ya al frente de la cartera, es que los argumentos que las vicepresidentas esgrimen en sus respuestas a la oposición han pasado a ser esencialmente políticos.
Los asuntos que se han ido poniendo sobre la mesa, como la reforma de la financiación, también se han enfocado prácticamente solo desde ese prisma. La propia María Jesús Montero ha ligado la posibilidad de llevar a cabo un rediseño del modelo de reparto vigente a que haya un acuerdo con el PP antes de pactar con las autonomías en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Estas, mayoritariamente gobernadas por los populares, tampoco se salen del discurso promovido desde la calle Génova. Fuentes del Gobierno prevén un intercambio tenso cuando se produzca la próxima reunión del cónclave autonómico, prevista para finales de julio.
Además, el Gobierno de coalición se ha visto obligado a ligar el destino de la nueva financiación a los compromisos previos con Junts y ERC para lograr la investidura de Sánchez, como la quita de parte de la deuda contraída con el Estado vía mecanismos de liquidez –que el Ejecutivo ha propuesto ampliar al resto de territorios- o la Hacienda propia y el cupo catalán. Un 'tira y afloja' que añade complejidad al cumplimiento de uno de los hitos vinculados al quinto pago: la reforma fiscal que Bruselas apremia a llevar a cabo en contra del criterio del Ministerio de Economía, que la da por completada.
Pese a que la negociación en origen de estos proyectos fue económica, la conversación se ha visto empañada por el adelanto electoral en Cataluña, de modo que la conversación y los acuerdos han pasado a girar en torno a la amnistía. A lo anterior se añade la necesidad de que estas formaciones den, al final, su apoyo en sede parlamentaria a todas las medidas que saca adelante el Consejo de Ministros, lo que acaba derivando en el mismo problema de enfoque en el que los datos económicos quedan rezagados.
Las diferentes citas electorales también han tenido un efecto claro en la estrategia de la titular de Trabajo y hasta ahora líder de Sumar, Yolanda Díaz, que ha reducido el uso de su característica frase "le voy a dar un dato" al tiempo que los roces en el espacio político que encabeza han comprometido y condicionado los proyectos de su cartera. El ejemplo más claro ha sido la reforma del subsidio por desempleo, convalidada por el Congreso el pasado jueves tras una extensa negociación en la que los sindicatos tuvieron que canalizar la demanda de Podemos para que no se produjera un recorte en el desembolso de los fondos europeos. Aunque Díaz tampoco es ajena a las demandas de los nacionalistas, que pueden frenar la reducción de la jornada laboral que está sobre la mesa.
En la vicepresidencia tercera, de momento, el escenario tampoco es muy diferente puesto que Teresa Ribera sigue al frente de la cartera a pesar de haber encabezado la candidatura socialista a las elecciones europeas. A la espera de que los 27 lleguen a un consenso para el reparto de cargos en Bruselas, en los primeros meses de legislatura el peso de Transición Ecológica en la agenda legislativa ha sido reducido, una vez se ha relajado la tensión de precios de la energía que llevó a bajar el IVA aplicado en las facturas de la luz y el gas y sobre todo, a liderar la reforma del mercado eléctrico en la Unión Europea que le ha llevado a ser uno de los nombres que suenan para tener un asiento en el órgano de Ursula von der Leyen.
No menos significativa ha sido la llegada de Elma Saiz al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, quien ha dado relevo a José Luis Escrivá de marcado perfil técnico e imprime de carácter político cada una de sus intervenciones. Tras una primera legislatura marcada por la reforma del sistema público de pensiones, ahora las negociaciones con los agentes sociales sobre jubilación parcial y anticipada avanzan con discreción, mientras las 'patas' de inclusión y migraciones cobran protagonismo dentro de las líneas de actuación del departamento. Los datos de empleo también se usan para sostener que "la economía va como una moto".
Comentarios