Bienes inmuebles, participaciones de empresas públicas, derechos de cobro y otros activos financieros son algunos de los activos españoles en el extranjero que el Estado se arriesga a perder en caso de embargo por no cumplir con los laudos relaciones con el recorte de las primas a las energías renovables.
Ashley Messick, 'senior managing director' en J.S. Held, ha identificado activos españoles por valor de 5.000 millones de dólares (4.600 millones de euros) en 12 regiones firmantes del Tratado de la Carta de la Energía (TCE) y del Convenio del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), que pertenece al Banco Mundial. Asegura que tan solo entre Estados Unidos y el Reino Unido, el Estado podría perder activos por importe de 2.000 millones de dólares (casi 1.850 millones de euros). Además, también podría verse amenazada la filial de Navantia -empresa pública española dedicada a la construcción naval civil y militar- en Australia.
Los acreedores, cuyo principal objetivo es llegar a un pacto con el Gobierno para zanjar la problemática, han echado el ojo a más de 400 activos españoles en total en el extranjero. Los embargos, que los dicta la justicia, se producen como forma de compensación ante los impagos de los laudos. En la misma línea, en febrero de 2023, la justicia británica autorizó la incautación de la indemnización reconocida a España por la catástrofe del barco Prestige, un activo financiero valorado en más de 925 millones de euros. Si dicho proceso se zanja finalmente a favor de España, el pago será intervenido y transferido a los inversores renovables.
Tres órdenes provisionales de pago
El Tribunal Supremo de Londres decretó en abril tres órdenes provisionales de pago que, en caso de no ser atendidas, otorgarán a los afectados la posibilidad de embargar la sede del Instituto Cervantes y la sede de la Agencia para la Competitividad de la Empresa de la Generalidad de Cataluña (Acció), dos propiedades ubicadas en Londres. En agosto, los tribunales del Reino Unido emitieron también una orden provisional que abre la puerta al embargo de una propiedad histórica empleada por el gobierno de España como sede de la Escuela Internacional Vicente Cañada y como centro de exámenes de la UNED. Se trata de una escuela internacional que ha estado ubicada en un antiguo convento dominico desde hace décadas.
Asimismo, en noviembre, el Tribunal Supremo de Londres avaló el congelamiento de cuatro cuentas bancarias controladas por distintos organismos públicos españoles, cuyo saldo ronda el millón de euros, mientras que el Tribunal Supremo de Australia ha reconocido plenamente las deudas contraídas por España con los denunciantes, abriendo la puerta al embargo de bienes por un monto de 120 millones de euros. Esto puede traducirse, como se ha dicho anteriormente, en la confiscación de bienes y activos como la filial de Navantia en el país oceánico.
España consigue anular tres laudos
En paralelo, hay alrededor de una decena de procedimientos en marcha ante la justicia estadounidense y próximamente se pueden abrir litigios similares en otras jurisdicciones. En el lado opuesto, el CIADI ha exonerado a España de abonar los 175 millones de euros que reclamaban la empresa suiza EBL y la española Tubo Sol PE2 SL. De hecho, el tribunal ha ordenado a las demandantes a pagar a España 214.808 dólares (199.000 euros) por la parte que se utilizó de los anticipos que el Estado realizó al CIADI, y cerca de 1,9 millones de euros en concepto de honorarios legales y gastos. La Abogacía del Estado ha logrado también anular en Suiza un tercer laudo que condenaba a España a indemnizar con 10,5 millones a Triodos Sicav II, vehículo de inversión perteneciente al Grupo Triodos Bank.
En abril de 2023, Blasket Renewable Investments solicitó la suspensión de pagos (default) de cuatro emisiones de bonos tras la negativa del Gobierno a pagar los laudos pendientes, específicamente en relación con el caso Infrared. De su lado, el fondo galo Antin desistió voluntariamente de iniciar nuevos arbitrajes contra España dentro del proceso de opa sobre la compañía de energías renovable Opdenergy, al considerar que la seguridad jurídica está garantizada. Sin embargo, hay que recordar que Antin traspasó los derechos del pleito a la Sociedad luxemburguesa Energy Investments.
España perdió el primer arbitraje en 2017
El Estado perdió el primero de los arbitrajes en 2017. El laudo dio la razón a la firma británica Eiser Infrastructure Limited y su filial luxemburguesa Energía Solar Luxembourg. Las denuncias se centran en los recortes a la energía solar y a la termosolar y reclaman al país uno más de 9.500 millones d euros en distintas instancias internacionales de arbitraje por los perjuicios que supuestamente les causaron los recortes en las primas a las energías renovables.
Durante la década de los años 90 se estableció un sistema de primas para incentivar a los productores de energías renovables en España. Posteriormente, el Real Decreto 661/2007 estableció una banda de incentivos ofrecidos a los inversores que desarrollasen instalaciones 'verdes'. El mecanismo fijaba límites máximos y mínimos para la cantidad de ayuda percibida por los productores. De esta forma, si la suma de las primas y el precio del mercado superaba el techo, los generadores recibían el límite máximo establecido. En cambio, si dicha suma era inferior al precio mínimo, se les blindaba el cobro del suelo predeterminado.
Mientras los costes de estas tecnologías empezaron a disminuir, las primas siguieron en pie sin modificaciones, motivando un 'boom' en la capacidad de generación renovable instalada en el país. Las primas habían sido diseñadas para asegurar una rentabilidad de entre el 5% y el 9%, aunque las reales se situaron entre el 10% y el 15%. De este modo, sobre todo a partir del año 2010, estos incentivos se fueron suprimiendo. Por ejemplo, se recortaron las retribuciones para fijar un máximo de horas de producción al año.
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