En julio de 2020 el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aterrizó en España desde Bruselas con una 'piñata' bajo el brazo. En su interior no había golosinas ni cualquier otro dulce que encandilara a cualquier menor, sino 140.000 millones de euros para dejar impresionada a toda la amalgama mediática del país. Pronto esta noticia se comenzó a vender, no solo como una victoria del Ejecutivo, sino como una "oportunidad histórica" que los políticos adornaron, todavía más, con la siguiente muletilla: "transformará la economía". Pero, con el tiempo, se fue conociendo la letra pequeña: más de 67.000 millones estarían condicionados a reformas y los desembolsos tendrían lugar a lo largo de los siguientes seis años.
Para canalizar hacia el sector privado todas estas ayudas públicas, el Gobierno creó un instrumento: el PERTE (Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica). Este mecanismo empuja a las grandes empresas o pymes, por medio de consorcios, a tejer relaciones para impulsar un proyecto que sea lo suficientemente atractivo para que el Ejecutivo le otorgue una ayuda. Pero las condiciones que ha puesto Sánchez están limitadas a cuatro ejes: la transición ecológica, la transformación digital, la igualdad de género y la cohesión social y territorial. Lo que ha llevado a que, después de la aprobación de tres primeros, y teniendo en cuenta los ya anunciados, la incidencia que se estima que tendrá en el mercado laboral actual será de tan solo el 15%.
Los tres proyectos estratégicos de Sánchez con luz verde hasta el momento tienen relación con el desarrollo del vehículo eléctrico, la salud de vanguardia y las energías renovables, hidrógeno renovable y almacenamiento. Además, hay otros dos anunciados, pero que no tienen vía libre todavía, y que son 'El español: nueva economía de la lengua' (con el que se buscará utilizar un activo -como es el español- para crear riqueza) y otro que tratará de "potenciar" los centros de investigación o las organizaciones que trabajan para la economía social. Toda una serie de proyectos específicos que se alejan de aquellos sectores que más generan empleo en el país, como el turismo, la hostelería, las actividades artísticas, la construcción (el pladur ha sido la última gran innovación en los últimos 30 años) y las actividades inmobiliarias.
De hecho, los PERTE dirigidos al vehículo eléctrico y a las energías renovables pertenecen al sector de la Industria, que tiene un peso de población ocupada en nuestro país, según el último dato del INE, del 13,6%. Por otro lado, el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica destinado a la Salud representa tan solo el 1,8% de los ocupados en el sector Servicios y el 1,37% del total del mercado laboral. Por lo que estos proyectos aprobados van a ir hacia sectores que apenas representan la sexta parte del mercado laboral del país. Una realidad que pone en duda la "transformación de la economía" que tanto claman desde Moncloa, porque ignora a miles de pymes y millones de trabajadores que hay repartidos por los diferentes sectores de la economía.
Los PERTE aprobados van a ir hacia sectores que apenas representan la sexta parte de los ocupados del país
Según el Gobierno, los PERTE facilitarán cientos de miles de puestos de trabajo "directos e indirectos". Así, en el sector Eléctrico, el Ejecutivo calcula que "se podrían alcanzar los 142.000 empleos en función de diversas metodologías". En Salud, la estimación se queda en "7.454 nuevos puestos de trabajo" y, por último, en el área de Energías Renovables, las previsiones de Sánchez apuntan a la "creación de más de 280.000 puestos de trabajo". Las tres cantidades sumadas suponen 429.954 empleos, es decir, el 2% del número de ocupados del país.
Uno de los grandes problemas que tienen los PERTE es la selección: ¿cómo se eligen los mejores proyectos y de la forma más transparente? Aunque el proceso debe ser por medio de un concurso público, la realidad es muy diferente, como denuncia el economista Juan Ramón Rallo. Así, el propio presidente del Gobierno, en el mes de marzo de 2020 -al poco tiempo de que se presentaran los primeros proyectos en el área del eléctrico- anunció que "el primer PERTE que se iba a aprobar en España sería el del coche eléctrico a través de un consorcio con Volkswagen e Iberdrola. Por lo que Sánchez se estaba saltando su propio procedimiento".
Además, el Gobierno debe saber diferenciar entre los resúmenes ejecutivos y descriptivos de un proyecto y la realidad de la Administración. Esta, desde 2008, se ha convertido en una máquina especializada en limitar gasto por medio de diferentes mecanismos de control; y 'desengrasarla' no será una tarea fácil. De momento, todos estos proyectos -que cabe recordar que tampoco serán la panacea- penden de esta herramienta estatal y en juego están los miles de millones de euros y los cientos de miles de puestos de trabajo prometidos.
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