La negociación para reducir la jornada laboral a 37,5 horas en 2025 ha cumplido siete meses sin que los sindicatos y la patronal se encuentren más cerca de cerrar un acuerdo. Los representantes de los trabajadores dicen estar cansados de que CEOE y Cepyme no expresen de forma clara cuáles son sus condiciones para cerrar un pacto y han advertido de que convocarán movilizaciones si no se producen avances en la reunión del próximo lunes, tras constatar que el Gobierno ha pisado el freno con el fin de limar asperezas con los de Antonio Garamendi (aunque esto implique incumplir el acuerdo de coalición en el que se acordó un límite de 38,5 horas para 2024).
Tanto la responsable confederal de Acción Sindical y Empleo de CCOO, Mari Cruz Vicente, como el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, señalaron que estas protestas buscaban presionar a los empresarios. Si bien, fuentes de la ejecutiva de uno de los sindicatos de clase trasladan a este medio que su intención también es alimentar el debate social para que las fuerzas políticas se vean 'obligadas' a apoyar la medida cuando llegue al Congreso de los Diputados. Estas voces señalan al grupo parlamentario de Junts que no dejó clara su posición sobre esta medida cuando Sumar la llevó al hemiciclo a través de una proposición no de ley (PNL) en el mes de febrero, apenas unas semanas después de abrir la mesa de diálogo social.
El diputado Josep María Cervera, instó a no dar por sentado que el voto favorable de los siete representantes del partido de Carles Puigdemont, pese a calificar el debate como "fundamental". Y llamó a tener en cuenta a los agentes sociales catalanes el mismo día que Foment del Treball abrió una sede de su centro de estudios en Madrid y se incluyó a Pimec en la Comisión Nacional de Convenios Colectivos, después de lo que también se le ha abierto la puerta al Consejo Económico y Social (CES). Según la Estadística de Convenios Colectivos en el mes de junio, la jornada media pactada en Cataluña en los convenios en vigor -con efectos económicos en 2024- era de 1766,68 horas anuales (una media que está ligeramente por encima de las 38,5 horas de media a la semana).
La idea de CCOO y UGT es que la medida planteada por Yolanda Díaz pase a ser una demanda social a la que los socios del Ejecutivo no se puedan oponer por el posible castigo electoral que tendrían a posteriori, sobre todo si se pasa a un escenario de repetición de los comicios catalanes. El grupo está en el foco de los representantes de los trabajadores no solo por ser la llave para aprobar las normas en el Parlamento, sino porque un número significativo de empresas de la región sí se verían afectadas si se establece el límite de jornada en 37,5 horas semanales y es el partido más próximo a los empresarios catalanes por su posición de centro-derecha.
La situación es muy diferente en lo que respecta al PNV, cuyos portavoces ya han expresado que la medida tendría un impacto reducido en el País Vasco y que no resulta disruptora en una región en la que se debate si implementar las 35 o incluso las 32 horas semanales. Es por ello que la izquierda de EH Bildu sí podría ser más crítica con la medida por parecer poco ambiciosa, como ya sucedió con la reforma laboral. No obstante, desde los sindicatos restan importancia a este posible posicionamiento y aluden a la repercusión que ha tenido en las urnas la negativa de ERC a la ley de 2021 que extendió los contratos indefinidos para adelantar que no volverán a tomar una posición tan rígida.
En el horizonte de los sindicatos también está el Partido Popular. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ya ha lanzado la pregunta a los populares en más de una intervención pública, después de que algunos sondeos hayan reflejado que la reducción de la jornada laboral máxima tendría un importante respaldo entre todos los perfiles de votante. Los representantes de los trabajadores no olvidan que la reforma laboral fue aprobada por un voto 'equivocado' de Alberto Casero de la bancada del PP por lo que tienen presente que un acuerdo con CEOE no garantiza que los partidos políticos más próximos a los empresarios apoyen la medida.
El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha citado a CCOO, UGT, CEOE y Cepyme el próximo lunes 29 en la que será la última reunión antes del verano. La última oferta del Ministerio en la que establecía un periodo transitorio en el que las horas de libre distribución (10% de la jornada anual) se calcularían sobre la jornada anterior y no la nueva llevó a abrir una nueva fase de las conversaciones. No obstante, las opciones de cerrar un acuerdo siguen siendo remotas, dado que CEOE se posiciona en contra de llevar a cabo esta reducción por ley en vez de en la negociación colectiva y no se ha llegado a abordar el control horario, que es la clave para los representantes sindicales.
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