La pandemia del coronavirus y su efecto en el empleo y en la economía ha dejado un mercado laboral muy distinto al que había antes de marzo de 2020, el mes en el que se decretó el primer estado de alarma por la Covid, que obligó a paralizar la producción, a cerrar negocios -algunos para siempre- y a tirar de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), que todavía afectan a más de 600.000 trabajadores, para salvar a millones de trabajadores del desempleo.
Las crisis económicas, que afectan fundamentalmente a los trabajadores privados, que son las primeras víctimas de los recortes de gastos de la empresas, reducen de forma importante su número, disparando las cifras de desempleo. Mientras, los efectivos públicos -muchos no se pueden despedir- permanecen prácticamente invariables para seguir cubriendo los servicios esenciales, aunque se tira de personal precario o eventual para sustituir las bajas.
Dos estadísticas muestran la evolución del empleo público. Por una parte, la Encuesta de Población Activa (EPA), que habla de asalariados públicos, entre los que incluye a los trabajan para empresas dependientes de las administraciones, y sitúa su número en 3,38 millones a finales del año pasado. Por otra, el Boletín Estadístico que elabora semestralmente el Ministerio de Miquel Iceta a partir de los datos que recibe de distintas administraciones. En este registro la cifra alcanza los 2,6 millones de efectivos a julio de 2020 - última fecha disponible-.
El número de asalariados públicos registrados en las tablas del Instituto Nacional de Estadística (INE) logra en 2020 su mayor cota de toda la serie histórica, que comienza en 2002, y ya hay un 31,5% más de efectivos que en esa fecha. Pese a todo, y dado que la crisis del coronavirus ha tenido menos impacto en el empleo privado que la de 2008, gracias a los ERTEs, la proporción de empleados, aunque elevada, no alcanza los porcentajes de la gran crisis económica, que llegaron al 21,4% en 2012, en el último tramo de la recesión.
Cataluña, a la cola de funcionarios
Cataluña ostenta desde hace décadas un récord difícil de igualar: el menor número de funcionarios por habitante de España y, posiblemente, de Europa. Su apuesta por un sistema de conciertos sector público-sector privado, gracias al cual los operadores privados prestan servicios de manera concertada y financiada por la Administración, ha permitido a la comunidad crear una estructura pública mínima. Como consecuencia, registra el menor número de funcionarios por ocupado, apenas un 15,8%, prácticamente la mitad de la tasa de Extremadura, con una economía 'funcionariada', en la que el empleo público supone el 31,8% del total de ocupados.
Nueve comunidades -Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia-, además de Ceuta y Melilla, donde los funcionarios suponen el 60% y el 49%, respectivamente, de los asalariados, supera la media nacional en cuanto empleados públicos. En una más, Navarra, la proporción rebasa el 20%. Mientras en el resto de comunidades, en las que se incluyen la Valenciana, Madrid y Cataluña, apenas llegan al 20%.
El otro registro en que se puede ver la evolución de los empleados públicos es el que depende de Iceta, que muestra en tres categorías el personal: de carrera, eventual y laboral, que se rige por el Estatuto de los Trabajadores. Según la estadística, los efectivos han permanecido prácticamente estables durante varios semestres, pero muchos de los que se han dado de baja por jubilación o fallecimiento han sido sustituidos por interinos y temporales. Según ha destacado el ministro, el principal objetivo de su departamento no es aumentar sin control el número de funcionarios y sí rejuvenecer la plantilla, recualificarla y, desde luego, reducir la temporalidad, que en algunas comunidades ronda el 30%.
Mirando al detalle, el semestre de enero a julio de 2020, en el que surgió la pandemia, registra un importante incremento de personal eventual o designado a 'dedo' y un descenso muy similar de los funcionarios de carrera, En total y en solo seis meses las administraciones cuentan con casi 24.000 empleados englobados en el epígrafe Otro personal, que incluye a interinos y eventuales, que suponen cerca del 22% de los empleados públicos.
Necesidad de reemplazos
Entre los problemas más graves a los que se enfrentarán las administraciones públicas en los próximos años están la fuga de talento; las dificultades para captarlo, debido a la competencia de otros organismos públicos y del sector privado; y, sobre todo, el envejecimiento de la plantilla, que supone, en el caso de la AGE, la jubilación durante la próxima década de más de la mitad de sus efectivos, que de media tienen 52 años.
El Ministerio pretende reorientar los perfiles de los funcionarios a las TIC -digitalización, robotización e inteligencia artificial- e incorporar perfiles técnicos, estratégicos y creativos. Para eso agilizará los procesos de oposiciones, haciéndolos mucho menos memorísticos y en los que primarán más los perfiles profesionales, evaluando a través de entrevistas conceptos como el liderazgo, resiliencia, el desempeño práctico o la expresión oral y escrita. Seis de cada diez de los empleados que se retirarán son auxiliares y administrativos, pero serán reemplazados en buena medida por otros diferentes..
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