La negociación es -y será- solo con el sector bancario: sin intermediarios, ni terceros actores. Por lo que la presión ejercida por los socios del Ejecutivo, Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) y Bildu, no influirá en la negociación. Así lo confirman fuentes del Gobierno a este periódico, que rechazan las últimas medidas propuestas por sus socios sobre topar los cambios de hipotecas de tipo variable a fijo, igualar el modelo de refinanciación para vulnerables a la clase media, o limitar al 0,5% los tipos de interés variable.
Hasta ahora, lo único que se ha conocido del borrador en el que trabaja tanto la banca como el Ministerio de Economía que dirige Nadia Calviño es la modificación del real decreto del Código de Buenas Prácticas con el que se ofrece refinanciaciones a personas vulnerables (con unos ingresos anuales conjuntos de 24.318,84 euros) si su tipo de interés sube al menos un 30% por la subida del euríbor. Una medida que a sus socios -que son los que en última instancia tienen que dar el visto bueno al decreto en el Congreso- les pareció insuficiente.
Pero entre este mar de ideas que ofrecen unos y otros en la negociación, ha aparecido una oferta que ha conseguido seducir al mismo tiempo a Calviño, a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y a uno de los socios claves para que salga adelante la ley, ERC. Se trata de congelar las cuotas de las hipotecas durante un año y ofrecer una moratoria en el pago del capital que no se pagaría hasta 2024. Una medida que habría propuesto CaixaBank hace unas semanas. No obstante, cada entidad luego tiene sus propias reglas y el Gobierno tendrá que buscar ese común acuerdo utilizando además herramientas que permitan aliviar la subida de los tipos de interés. Una negociación que además ocurre en plena revisión de estos por parte del Banco Central Europeo (BCE) y donde algunos analistas apuntan a que podría anunciarse una nueva subida de los tipos de 75 puntos básicos.
Moncloa -con esta decisión- lanza un pequeño guiño a la banca tras la declarada 'guerra' que comenzó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el verano pasado calificándolos de "poderosos" y tras anunciar un tributo contra la banca y las eléctricas. Desde el Ejecutivo son conscientes de que las entidades financieras son una herramienta vital para salir adelante de la recesión que se avecina. La banca española es solvente hoy y -ni mucho menos- se encuentra apalancada como ocurrió en 2008, no obstante, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ya ha advertido en varias ocasiones que los ingresos con los que cuenta hoy la banca se verán reducidos los próximos años.
La oposición, mientras, no se posiciona o duda sobre la intervención de las hipotecas. Algunos expertos consultados por este periódico afirman que "las intervenciones del mercado son peligrosas porque empezar es muy fácil pero lo difícil es terminar. Nunca es buen momento para ello". Por otro lado, interventores de Hacienda apuntan a la "clase vulnerable". "Es muy difícil de determinar y controlar y provoca claramente españoles de dos clases, los que entran en esa categoría y los que no entran, que por lo general son la sufridora clase media".
En medio de este debate, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, expresó este martes la necesidad de aprobar la ley de vivienda antes de que termine 2023. Una ley totalmente separada del tope a las hipotecas, y que sigue empantanada en el Congreso por las fricciones entre los socios del Gobierno, que buscan extender el límite al alquiler a cualquier arrendatario (ya tenga una o nueve viviendas) y no solo a los grandes tenedores (diez o más) y, además, prorrogar la prohibición de los desahucios.
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