El Gobierno se ha comprometido con la Comisión Europea a reducir la elevada tasa de temporalidad del mercado laboral español y, para ello, el Ministerio de Trabajo ha planteado a los agentes sociales la limitación de los contratos temporales al 15% de la plantilla de las empresas, en el marco de la reforma laboral que deberá estar aprobada antes de que finalice el año para cumplir con los plazos pactados con Bruselas. Un tope máximo que, sin embargo, no se corresponde con lo que firma el propio Ejecutivo en el ámbito de la contratación pública, en particular, el Ministerio de Hacienda, que está avalando que las empresas adjudicatarias de las licitaciones puedan tener hasta un 80% de trabajadores eventuales en la plantilla implicada.
En concreto, el departamento que dirige María Jesús Montero acaba de adjudicar un contrato a Indra para el desarrollo de aplicaciones para la Dirección General del Catastro que incluye como condición que "al menos el 20% del personal adscrito a la ejecución del servicio deberá tener contrato indefinido", lo que implica que un máximo del 80% de la plantilla involucrada puede tener una relación laboral de carácter temporal. Según figura en la memoria justificativa del contrato, este porcentaje deberá mantenerse en el caso de producirse nuevas contrataciones, bajas o sustituciones, y esta condición será igualmente exigida a todas las subcontratistas que participen en la ejecución de los servicios.
La documentación aportada por Hacienda en la Plataforma de Contratación del Estado sobre esta condición especial explica que "con estas medidas, se garantiza la calidad en el empleo y la mejora de las condiciones laborales del personal asignado a la ejecución del proyecto, estando vinculado al objeto del contrato, dado que la estabilidad laboral aumenta el compromiso y vinculación de los trabajadores con la empresa, en la salud de los trabajadores y en su talento, redundando todo ello en una mejor calidad en el servicio que se contrata, dado que estamos ante la contratación de unas prestaciones en las que el componente de la capacidad técnica, experiencia y conocimiento del entorno de los trabajadores asignados es fundamental".
El incumplimiento de esta condición por parte de la empresa adjudicataria dará lugar a una sanción por valor de 3.000 euros, según concluye la memoria. En cualquier caso, lo que llama la atención es que el porcentaje establecido por el Ministerio de Hacienda en el marco de la contratación pública dista mucho de lo que ha planteado el Gobierno para el sector privado a la patronal y los sindicatos en la mesa que negocia sobre la "modernización de las relaciones laborales". En concreto, por iniciativa del departamento de Trabajo, el borrador contempla que la contratación temporal no podrá superar el 15% de la plantilla de la empresa. Una limitación con la que se pretende, de la mano de otras medidas de calado, atajar la desorbitada tasa de temporalidad del mercado laboral patrio.
Ese es el planteamiento inicial para el sector empresarial privado, que solo podrá justificar la contratación temporal cuando concurran razones de carácter productivo u organizativo, si bien fuentes del diálogo social matizan a La Información que la mesa continúa debatiendo sobre ese porcentaje, que todavía no está ni mucho menos cerrado. De hecho, las fuentes consultadas revelan que en estos momentos se está discutiendo sobre la posibilidad de modular la proporción de temporalidad máxima en función del tamaño de la compañía, aplicando distintos límites para empresas pequeñas, medianas y grandes, una opción que sería más viable para el tejido productivo. En cualquier caso, aún queda mucho por debatir en este punto, como por ejemplo periodos de adaptación a la nueva normativa.
Lo que también señalan los interlocutores sociales es que ese porcentaje del 15% inicialmente planteado en la modificación del artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores plantea una incongruencia cuando se mira al sector público, donde la temporalidad supera con creces esa proporción. Concretamente, según la última Encuesta de Población Activa (EPA), la tasa de temporales sobre el total de contratos en las administraciones públicas se sitúa en el 30,6%, frente al 25,06% del sector privado. Es más, desde que estalló la pandemia los contratos temporales en el sector público se han disparado un 20%, mientras han caído un 8% en las empresas privadas. Cifras que demuestran que el lastre de la temporalidad, aunque a priori no pudiera parecerlo, está más instaurado en el ámbito público que en el privado.
Para atajar este problema, el Gobierno ha puesto en marcha una reforma del Estatuto Básico del Empleado Público que busca situar la tasa de temporalidad por debajo del 8% en el conjunto de las administraciones públicas españolas. Sin embargo, este enunciado tiene 'trampa', porque tal y como explica desde Zeres Abogados el laboralista y experto en empleo público Fabián Valero, "ese porcentaje se aplica sobre plazas estructurales vacantes ocupadas por interinos y no incluye los eventuales por obra, por programa, que tienen una causa de temporalidad específica (algo frecuente en sectores como la sanidad o la educación), por lo que en el fondo la tasa de temporalidad siempre será mucho mayor".
Con todo, con la reforma del Estatuto Básico del Empleado Público ya en funcionamiento, el Gobierno centra ahora sus esfuerzos en la negociación de las medidas orientadas a reducir la temporalidad en el sector privado. La vicepresidenta Yolanda Díaz está presionando a la patronal y a los sindicatos para tener pactada la reforma laboral cuanto antes: "Les anticipo que los trabajos van rápidos y ágiles. En el mes de noviembre han de estar culminados. Esta es la obligación que tenemos y lo que nos exigen desde Bruselas". Un ultimátum que, sumado al mensaje que lanzó Pedro Sánchez en la clausura del 40º Congreso Federal del PSOE ha encendido las alarmas en la patronal. Quedan por delante semanas de duras negociaciones.
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