Saquen la calculadora. El proyecto de Presupuestos Generales del Estado del Gobierno para el próximo ejercicio prevé gastar 4.200 millones de euros más en pensiones, en buena medida por la decisión del Ejecutivo de revalorizar las prestaciones de los jubilados respecto al IPC previsto (0,9%); casi 2.000 millones de euros más en el Ingreso Mínimo Vital, la prestación estrella creada por el Gobierno este año para dar cobertura a las personas con menos recursos; 600 millones de euros más en el sistema de atención a la dependencia; 300 millones en sufragar la ampliación de 12 a 16 semanas del permiso de maternidad. El Gobierno ha dispuesto además 4.131 millones de euros extra para pagar prestaciones por desempleo, que según ha explicado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, igual pueden ir a sufragar la cobertura de rentas a los trabajadores en ERTE que a pagar su desempleo; va a triplicar el presupuesto del Ministerio de Igualdad; y asumirá una factura de entre 410 y 430 millones de euros por la subida del 5% del Iprem, el indicador de rentas al que se vinculan un buen puñado de prestaciones.
Parece mucho, pero sólo es una parte de la batería de medidas sociales que el Ejecutivo ha querido comprometer en su proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021 y que según la ministra Montero van a ser financiadas en su gran mayoría "a pulmón" por las cuentas públicas, es decir, sin la financiación asistida por los cerca de 27.000 millones de euros en fondos europeos que Moncloa confía en ejecutar el próximo año. Su arma son los poco más de 6.000 millones de euros en nuevos ingresos que el Gobierno confía en obtener de las nuevas medidas fiscales que entrarán en vigor en 2021 tanto a través de los ajustes incluidos en los Presupuestos (1.862 millones escasos) como de las que se incluyen en otras leyes aún en tramitación (4.223 millones) y, sobre todo, una inercia de crecimiento para el próximo año que de momento solo esperan los analistas del Gobierno y según sus generosas estimaciones va a hacer que el Gobierno recaude más el próximo año 2021 que en 2019, el último año normal antes de la Covid.
Como ya es costumbre en España, con independencia del partido al que le toque diseñar los Presupuestos, los proyectos presupuestarios comienzan a hacer aguas por su previsión de ingresos, siempre demasiado optimista. A María Jesús Montero ya le tiró de las orejas su ahora colega en el Consejo de Ministros, José Luis Escrivá, estando éste en la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, por la euforia excesiva de la previsión de ingresos que sostenía el proyecto de Presupuestos de 2019, que meses después el Parlamento se encargaría de rechazar. El precedente no ha servido para arredrar a la ministra de Hacienda que para 2021 ha pintado una previsión de ingresos tributarios de 121.770 millones de euros, que no sólo parte de la base de que los impuestos aportarán el próximo año un 30% más de lo que generaron éste 2020 sino que incluso se sitúa por encima de los 116.899 millones de euros que se ingresaron en el año 2019. Ambicioso.
Desde Hacienda se sostiene que esa previsión de ingresos se comparece con un escenario macro que prevé un crecimiento de la economía del 9,8% en 2021, con un incremento de dos dígitos en el consumo de los hogares y con unos multiplicadores fiscales - el indicador económico que relaciona el crecimiento con la capacidad de generación de nuevos ingresos fiscales - sin precedentes en la historia reciente de España. Las cuentas del Estado para 2021 cabalgan a lomos de un eventual 'milagro económico' que de momento no ve ninguno de los principales analistas nacionales e internacionales, cuyo consenso es que España crecerá un 7,3%, y que la Autoridad Fiscal ya ha avanzado que sólo ve posible en un escenario en el que no se materializara ninguno de los muchos riesgos que amenazan a la economía española y se cumplieran también las expectativas más favorables posibles.
La llegada incierta de los fondos europeos
Una de esas amenazas es que se produzca un bloqueo en Europa en torno al Fondo de Reconstrucción y Resiliencia. A día de hoy no parece muy probable que los países rechacen la propuesta de la Comisión para volver a impulsar la economía europea tras la crisis sanitaria, que tiene a España como uno de sus principales beneficiarios, con 140.000 millones de euros en puertas entre préstamos y transferencias a fondo perdido, pero en Bruselas ya se da por hecho que esos fondos no podrán comenzar a distribuirse hasta el próximo otoño como pronto.
Una vez más, el Gobierno de España ha optado por situarse en el mejor de los escenarios posibles. El proyecto de cuentas públicas del Gobierno para 2021 cuenta con la aplicación efectiva de 26.634 millones de euros de los fondos europeos. De hecho buena parte del presupuesto de gastos del Presupuesto se sostiene por la operativa de estos fondos, que respaldarán algunas de las líneas de actuación más críticas del mismo como los más de 7.000 millones para mejorar la infraestructura sanitaria, comprar vacunas contra la Covid, sufragar la mejora de los sistemas de rastreo de contagios y constituir una reserva estratégica de medicamentos para tratar a los contagiados por coronavirus, la apuesta por la formación y las políticas activas de empleo o lo que el Ejecutivo ha dado en llamar la promoción de una 'industria de los cuidados', a base de invertir en dependencia y políticas sociales.
De los 26.634 millones en fondos europeos que Montero ha incluido en el Presupuesto, a día de hoy sólo están garantizados los 2.436 millones del React-EU - el heredero del célebre Fondo Social Europeo que ha financiado durante lustros las políticas de cohesión de la UE-, los 24.198 millones de euros restantes están en el aire a la espera de que los gobiernos de los 28 se pongan de acuerdo en las condiciones para aplicarlos de forma efectiva. El Gobierno no obstante ya los tiene asignados por ministerios, políticas e incluso por comunidades autónomas. "Los PGE para 2021 posibilitarán un mecanismo transitorio de financiación para adelantar liquidez a las CCAA. El Estado se endeudará para facilitar tesorería a las CCAA y que éstas puedan poner en marcha sus proyectos de recuperación lo antes posible", señala el proyecto del Gobierno.
Moncloa ya dijo desde el minuto uno que está dispuesta a asumir la factura de adelantar la aplicación de esos fondos con tal de acelerar su aplicación. Sin embargo, a día de hoy, como reconoció este miércoles la ministra Montero, el Gobierno aún no tiene decidido cómo se aplicarán y su idea es dejar a los ministerios el criterio de cómo gastar esos fondos. Hace poco más de una semana, el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea ya manifestó sus dudas sobre la capacidad de países como Italia o España, con un histórico de ejecución de fondos europeos manifiestamente mejorable, para sacar el máximo partido a la financiación que les llegará de Europa.
Sin Plan B por si las cosas se tuercen
En medio de todas estas incertidumbres el Gobierno guarda silencio cuando se le pregunta sobre si existe un 'Plan B' para adaptar sus cuentas públicas en caso de que las cosas no resulten tal y como prevé el Gobierno. Conviene recordar también que el Ejecutivo ha optado por no incluir en su proyecto presupuestario los gastos extra que pudiera generar una eventual prórroga de algunas de las medidas protectoras hoy en vigor como los ERTE, la prestación extraordinaria de cese de actividad de los autónomos o el IVA del 0% para determinados productos sanitarios. "Si llega ese caso, el presupuesto es flexible y se pueden transferir recursos de unas partidas a otras", se defendió la ministra este jueves. Y en efecto se podría hacer...a coste de no cumplir con otras políticas, lógicamente.
El único indicio de que el Gobierno se prepara para un escenario de esa naturaleza es la dotación del Fondo para Contingencias e Imprevistos. La normativa de estabilidad presupuestaria, que creó este dispositivo para evitar que cualquier evento sobrevenido descuadrara todas las cuentas públicas, estipula que debe estar dotado con el 2% de la cuantía de gasto no financiero del Estado. Hacienda podría, no obstante, haber optado por no contar con los fondos europeos para ese cálculo. Sin embargo, ha preferido incluirlo y el año que viene dispondrá de un colchón de 3.889 millones de euros por si es necesario tirar de ese fondo para cubrir circunstancias no previstas en las cuentas públicas.
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